No llenan

“No, pos, tan cabrones”, me comenta un ciudadano, molesto, cuando se entera de que nuestros diputados locales son los que más recibirán de aguinaldo este año en el país, cerca de 300 mil pesos. Luego, no falta el metiche que pretende aclarar: “pero dicen que no es esa cantidad, que nomás son 200 mil, después de impuestos”. La respuesta de mi interlocutor no se hace esperar: “pos, más cabrones todavía”. La lógica del ciudadano en cuestión es impecable: en un país corrompido hasta el tuétano, si se dice de alguien que es el más corrupto, la mejor “defensa” que puede asumir ese alguien es la de negar que se ocupe ese primerísimo lugar, procediendo a corromper el “corruptómetro” para que, en esa jerarquía de “valores”, pase a ocupar un “honroso” segundo lugar. “¿México es el país más corrupto? No, somos bien cabrones porque ya dimos una lana para que nos ubiquen debajo de otros países igual de corruptos”. Así reza el chiste popular. Desgraciadamente, el chistecito nos sigue costando, a toda la sociedad, bastante caro. Además, el desparpajo con el que asumen su condición de “menos corruptos” se muestra más como burla adicional por la desgracia ajena, que auténtico golpe de pecho por tanto “sacrificio” en favor de “los que menos tienen”, así sea que se desvivan por tomarse fotos a granel con viejitos y niños desvalidos, en ésta época decembrina.

     El punto es que, de plano, como inquiere la “vox populi”, tal parece que nuestros representantes populares y, en general, la clase política apoltronada en puestos burocráticos de “alto pedigrí”, nomás no llenan con los elevados y groseros sueldos que perciben, sin contar con los bonos y compensaciones de la más diversa ocurrencia: que si por el día del padre, que si por el día de la madre, que si por día del niño, que si por navidad, que si por día del burócrata, que si por quítame estas pajas, etcétera. La tan cacareada “austeridad republicana” es mero jarabe de pico y si no creen, espérense a las ya cercanas campañas político-electorales, cuando seguramente escucharemos por doquier, de no pocos candidatos, que si llegan a ocupar un cargo público se reducirán los onerosos sueldos, que no habrá más despilfarro, que se “racionalizará” el gasto público, que ya basta de tanto saqueo, que si “a chuchita la bolsearon”, etcétera. Y, más todavía, para rubricar sus dichos, serán capaces de quitarse la corbata, ponerse en mangas de camisa y “chuparse” las bebidas espirituosas que ofrezca la gente común, como cuando Zedillo se tomó en público un vaso de cerveza y, de inmediato, se justificó diciendo que era “sidral”, sin reparar en que, de todos modos, la cara de “borrachote” ya no se la podía quitar.

     La pregunta obligada surge, entonces: ¿por qué nuestros representantes populares y gobernantes no llenan? ¿Será que padecen alguna enfermedad propia de la clase política, cuyos síntomas pueden ser ocultados cuando andan en busca del apoyo popular, pero luego brotan como signos inevitables que caracterizan lo que conocemos como “cleptocracia” o, como sugiere Silva Herzog Márquez,  “dexiocracia”?  Sea gobierno de rateros o de corruptos, el problema es el mismo: ¿por qué no llenan con tanto saqueo y tanta corrupción? ¿Es un problema de ellos, los gobernantes y representantes populares, o es un problema de nosotros, como sociedad, que dejamos que hagan lo que les venga en gana? Como dijera el ciudadano del inicio de este escrito, “esta cabrón el dilema”. Pero, bien visto, no se trata de una disyuntiva. Evidentemente, la responsabilidad primera es de la clase política que “se pasa de lanza” en el ejercicio del poder, no sólo llevándose lo que se pueda, sino decretando, para sí, el goce de la impunidad. Luego, viene la responsabilidad nuestra, de permitir que tanto zángano siga circulando, como si nada, en los espacios de poder público, brincando como chapulines de un cargo a otro, con el cinismo propio de quienes, de plano, no tienen ma… dera de honorables.

     En fin, si por lo pronto no es posible lograr que desde la clase política cambie ese estilo de “agandallar” la “cosa pública”, en lo que sí se puede avanzar es en asumir la responsabilidad nuestra como ciudadanía indignada con tanto “desmadre bien organizado”. ¿Cómo? Participando activamente en la integración de la representación política y la definición de nuestros gobernantes, no sólo por tratarse de un derecho que nos asiste, sino de un deber, sobre todo de carácter ético en las actuales circunstancias, para lograr que esos “cabrestos” que nomás quieren “mamar y dar el tope”, decía mi abuelo, se queden de una vez y para siempre en el corral del olvido. Si no llenan con tanta tranza, por lo menos que lo hagan mordiendo el polvo de su peculio; de otra manera, parafraseando a “Jolopo” (José López Portillo): “ya nos saquearon… y lo volverán a hacer”. Viene 2015, año electoral, y como siempre… la esperanza muere al último. ¡Salud!  

Fantasma

Parafraseando al Marx del “Manifiesto Comunista” se dice por doquier que un fantasma recorre México. Se trata del fantasma de 1994, del año que vivimos en peligro, cuando nuestro país padeció la más grave crisis política y social que tendría como colofón el famoso “error de diciembre”, cuando el peso mexicano se devaluó abruptamente y siguió la quiebra masiva de la economía nacional y la consecuente zozobra de todos los sectores productivos, cuando apenas un año antes el gobierno de Salinas de Gortari cacareaba nuestro ingreso en las grandes ligas con la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá. La ilusión de comerse el mercado mundial se desvaneció pronto, emergió el EZLN con sus reclamos concretos de revertir el olvido ancestral de pueblos y comunidades indígenas; el despertar del sueño modernizador del salinismo fue amargo y exasperado por la crisis política de un fin de régimen priísta que costó la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio primero, y la de José Francisco Ruiz Massieu después. La sociedad civil despertó de su letargo y, aunque las elecciones presidenciales de ese año fueron ganadas por el PRI, ya se anunciaba el colapso de un sistema de dominación caracterizado por el abuso en el ejercicio del poder de una clase política rapaz y dispuesta a incendiar el país con tal de salvarse a sí misma.

     Veinte años después, nuestras “autoridades” dicen que no hay de qué alarmarse, que ya se aprendió la lección y que el país está blindado contra cualquier turbulencia que pudiera desembocar en una crisis similar a la de 1994. Puede ser, empero, habría que responderles que, de todos modos, para la mayoría de la sociedad mexicana no han cambiado gran cosa “las pre-condiciones” que en aquel entonces fueron explosivo caldo de cultivo para que se actualizaran las “pre-cipitantes” del conflicto. Hoy seguimos padeciendo una vergonzante pobreza que se vuelve cada vez más extrema, a pesar de programas clientelares como el “Prospera” y otros que siguen cojeando de la misma pata de los que los precedieron: el uso -y abuso- electorero. Seguimos con un campo devastado por la carencia de apoyos que incentiven la producción y comercialización para competir con éxito frente a los productores grandotes de fuera y dentro del país. Los salarios de la mayoría de la clase trabajadora siguen perdiendo poder adquisitivo y nomás de muestra basta el botón del reciente incremento a los mínimos de alrededor de 4.2 por ciento, es decir, ni para unos chicles; eso sí, el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un burócrata más de cuello blanco, de esos que ganan millonarios sueldos con “el sudor” de su frente.

     Tampoco puede soslayarse la caída en el precio del petróleo, el incremento de una informalidad que aporta ya la cuarta parte del PIB nacional, el galopante desempleo y, por supuesto, la creciente crispación social que corre de la mano con la errática conducción política. Para completar el cuadro, hoy se tiene el ingrediente de una inseguridad pública que no cede por la confluencia de no pocos intereses políticos con la delincuencia organizada. Pero más importante aún, es no perder de vista que este tipo de crisis son consecuencia cíclica de la inestabilidad de un modelo económico impuesto desde fuera del país y que obedece a intereses económicos de más amplio grado. Es el modelo que se ha vuelto lugar común identificar como “neoliberal” y que no puede desentenderse de un tipo histórico de relaciones políticas internacionales que se concentran en lo que conocemos como “Estado del capital”, por lo que, aunque se diga que tenemos las más grandes reservas monetarias en mucho tiempo, ya se sabe que se trata de capitales que suelen volverse especulativos -y golondrinos- a la hora de un contagio agresivo por las crisis de otras economías más fuertes. Ahí nomás está latente el efecto “vodka”, luego de la debacle del rublo en Rusia. En fin, como que luego se olvida nuestro carácter subordinado y dependiente en el mundo.

     Así las cosas, nos enfilamos a un año nuevo que se antoja complicado por la recurrente ineptitud y necedad de nuestras “autoridades” para atreverse a dar un golpe de timón en el tipo de relaciones sociales, económicas y políticas que seguimos padeciendo desde hace rato, arraigadas en el enriquecimiento de pocos a costa del empobrecimiento de muchos, así como en el disfrute de privilegios e impunidad de unos en detrimento de una igualdad de todos ante la ley, pasando por un tratamiento del conflicto social apoyado en el uso indiscriminado de la represión y la vuelta a la centralización convenenciera de un poder político que se antoja como regresión al viejo autoritarismo que creíamos superado. Ojalá y el fantasma de 1994 no sea más que sólo eso, la sombra ominosa de un pasado no muy lejano cuyas consecuencias estamos pagando todos por la estulticia y entreguismo de unos cuantos.       

Año de Hidalgo

El último año de cualquier administración gubernamental, en un país carcomido por la corrupción y la impunidad, usualmente se tiene como el más propicio para que los funcionarios, que van de salida, carguen hasta con el perico, saqueando las arcas públicas como si fuese obligada “manda” que cumplimentar, en una suerte de regla de oro, no escrita, de la picaresca política nacional: el famoso “año de Hidalgo”, ese que se corea felizmente, agregando el consabido “que chifle a su máuser el que deje algo”. Se dice que “la costumbre hace ley”, por lo que, como buenos que somos para adaptar convenientemente nuestros peculiares principios del derecho, esa bendita costumbre de llevarse hasta el último centavo del presupuesto se convierte en cruzada general de quienes ya sienten que se les acaba el disfrute de las mieles del poder. Por eso no es de sorprender que por estos días, mientras anda la gente cargando peregrinos y rompiendo piñatas en las tradicionales posadas, nuestra clase política gobernante se dé vuelo asignándose, para sí y para los cuates, la mayor cantidad de recursos públicos a ejercer -como sea- en 2015, bajo el (otro) principio esencial que reza: “al cabo que el de atrás paga”.

     Así las cosas, pues ahí tienen que tanto a nivel federal como local, nuestros gobernantes se disponen a despacharse con la cuchara grande. El caso potosino se ha vuelto escandaloso en estos días, luego de que el titular del poder ejecutivo “propuso” para 2015 un gasto de miles de millones de pesos que rebasa ampliamente lo presupuestado en 2014 y, como suele ocurrir, el congreso local se aprestó, ipso facto, a dar-las consabidas muestras de abyección a que ya nos han acostumbrado, aprobando la bolsa de recursos enviada por el gobernador, así como una distribución que ya empieza a generar justificados enojos y molestias por el “gandallismo” con que se procedió a repartir la lana, privilegiando la opacidad de ciertos proyectos y desestimando rubros tan importantes como el gasto que implica organizar el proceso electoral del próximo año. La cereza del pastel ha sido la revelación de que se destinarán más de tres mil millones de pesos a la armadora de autos BMW, mediante la firma de un convenio por demás leonino para el erario estatal y que implica un costo de cada plaza laboral de hasta ¡2 millones de pesos! Como luego se dice, saldrá “más caro el caldo que las albóndigas”.     

     Ciertamente, hay que recordar que fue el gobierno federal quien resolvió asignar la plaza potosina a la empresa automotriz alemana, en disputada puja con otras entidades federativas. Empero, lo que fue un feliz anuncio en su momento, hoy se convierte en, por lo menos, natural desconfianza respecto del costo social y económico que tendrá el impacto de una inversión tan grande que, evidentemente, promete alimentar el sobado esquema de recurrir al endeudamiento público que, luego, en círculo vicioso, permite “justificar” a la administración siguiente no hacer obra pública de alto impacto social porque “no hay mano, no hay”. Así ocurrió con Toranzo respecto de Marcelo y con Mario respecto de Victoria, en una especie de recurrente “flashback” de incompetencia serial de la clase política en general, cuya imagen de cansancio anticipado nos aprestamos a ver, tarde que temprano, una vez más. En este contexto, es comprensible que en su reciente visita a San Luis, el dirigente nacional priista, César Camacho, se apresurara a mencionar al gobernador Toranzo como “un orgullo” del PRI… ¡Y aún hay quienes creen que el candidato a gobernador de ese partido no se decidirá desde “el centro”!

     En fin, el famoso “año de Hidalgo” llegó y ni modo que nuestra clase política “se haga de la boca chiquita”. Bien pueden esperar los pretendidos buenos deseos de instalar una fiscalía anticorrupción que, incluso, podría ser replicada en las entidades federativas. Ya terminó el período ordinario de sesiones en el Senado y no salió avante esa “urgencia”. La necesidad de contar, como dice un conspicuo senador panista (Gil Zuarth), con una especie de “Eliot Ness” que combata en serio la delincuencia política organizada, que sea “intocable” por los intereses del poder, es tanto como pedirle a los detentadores del poder público que se den un balazo en el pie. Los propios aspirantes a ese cargo denuncian que ni siquiera se cuenta con el andamiaje jurídico indispensable para enfrentar el formidable reto de investigar y capturar a los “peces gordos” de la criminalidad política de “cuello blanco” (Revista “Proceso”, número 1989, pp. 31-32). Tal vez, con esos desplantes demagógicos con que se conducen algunos personeros del poder público en México, a lo más que pudiéramos aspirar, por lo menos ahora, es a contar con un “Elote Necio”, como gustaba mofarse “don Gato”, el personaje de la tira cómica animada que hasta se compadecía de una policía que nunca podía atraparlo en sus andanzas. 

La otra transición

A principios de la década de los noventa se vivió una serie de cambios de régimen político en diversas partes del mundo que buscaron pasar del autoritarismo a la democracia, así, sin mayores adjetivaciones puesto que, en todo caso, una democracia imperfecta siempre sería mejor que un ejercicio arbitrario del poder público. México no podía permanecer ajeno a esa dinámica de las transiciones y, como siempre, aunque tarde, en 1997 se pudo avanzar en ese camino cuando se logró la alternancia (con la izquierda partidaria) en el gobierno del Distrito Federal y se rompió con la peculiar “cláusula de gobernabilidad” que tenía el PRI en la Cámara de Diputados Federal mediante la mayoría absoluta que le permitía al presidente de la República un ejercicio del poder sin mayores contrapesos. Se culminaba un largo trayecto que se conoce como “liberalización política”, iniciado en 1977 con la famosa reforma de Jesús Reyes Heroles para dotar de pluralismo a la representación política, así como para tratar de legitimar a un régimen presidencialista severamente cuestionado por una sociedad emergente no sólo dentro de México, sino en el plano internacional. La cereza en el pastel de todo ese proceso sería la alternancia en el poder ejecutivo federal con el PAN.

     Por supuesto que la democracia que llegó en el 2000 era apenas el inicio de un cambio de régimen político que, se esperaba, sería consolidado con la implementación de nuevas prácticas y medidas gubernamentales que recobrarían la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Lamentablemente, el régimen foxista fue puro “jarabe de pico” y el famoso rollo de que “el presidente propone y el Congreso dispone” no pasó de ser una frase grandilocuente más de Vicente Fox. El resto de la historia política de ese sexenio es harto conocida: desparpajo y ocurrencias al por mayor, así como polarización social grave con el uso faccioso del poder presidencial en contra de los adversarios políticos. La democracia política se devaluó rápidamente y con Felipe Calderón fue peor ese uso faccioso de las instituciones del Estado, llegando al extremo de corromper a los dispensadores de la justicia, incluso electoral, para lograr que se impusiera al personero de los intereses económicos de fuera y dentro de nuestro país. La democracia política fue secuestrada por representantes de los más diversos “poderes fácticos” y, ahora, el resultado es desolador: Estado fallido e imperio de la legalidad en entredicho. La transición quedó trunca y el pluralismo abollado.

     La otra transición, que hoy reclama el país, es la del paso de un “Estado de chueco” a un imperio de la legalidad en que el poder público sea el primero en acatar ese mandato. Se puede conceder que la primera transición logró dotar de actores políticos diversos el espacio público, aunque ahora parezcan cortados por la misma tijera. El pluralismo alcanzado se volvió de nuevo limitado, como en la época previa a los noventa, cuando el PRI hegemonizaba el poder pero dando los primeros coletazos de un dinosaurio lastimado por el empuje democratizador de una sociedad civil cada vez más organizada y demandante de un cambio de régimen que, como decíamos antes, empezaba por “sacar al PRI de Los Pinos”. En algún momento de la euforia, hasta se llego a plantear la posibilidad de transitar a un régimen parlamentario, pero sólo se han logrado pequeños avances que permiten cuestionar el ejercicio vertical y abusivo del poder presidencial. Al final del día, lo que queda es la certeza de que no se puede ir más allá de zarandear el árbol de una democracia pervertida, sin poder arrancar las manzanas podridas, salvo que se caigan solas de maduras, esto es, que no hay manera de que funcionarios venales renuncien a sus cargos porque la bendita legalidad que padecemos no se los permite.

     En suma, esa otra transición debiera tener, como una de sus prioridades, a la revocación de mandato como un instrumento efectivo de control político de parte de la sociedad, capaz de re-mover, de manera anticipada, a quien no cumpla con la alta responsabilidad de servir en el ejercicio de un (en)cargo público. En ese contexto, la renuncia de Peña Nieto, que se pedía presentara antes del 1 de diciembre, es una expresión del hartazgo social ante la incompetencia mostrada para encarar y resolver la crisis política nacional, pero al propio tiempo es la expresión más acabada de impotencia social para ir más allá de los gritos y sombrerazos que, para acabarla de amolar, ahora se festinan desde el poder como inmejorable pretexto para intimidar con el uso de la fuerza represiva estatal. Las transiciones requieren, sabido está, de liderazgos excepcionales que empujen a buen puerto lo que Norbert Lechner planteaba como “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden social deseado”, en alusión a la visión estratégica de quien se precie de ser un “estadista”. Por desgracia, no parece tratarse del “momento mexicano”.    

   

Miedo y poder

 El discurso del presidente Peña Nieto a su regreso de la China no tiene desperdicio. Invocar el uso de la fuerza del Estado mexicano, como recurso inminente para sofocar el malestar social, es un reconocimiento tácito de que otros medios de convencimiento, disuasión y control de los que regularmente dispone el aparato estatal han fallado. En este sentido, se trata de un “Estado fallido”, por supuesto. Esos recursos, como el del manejo convenenciero de la información, del despliegue de dinero para comprar conciencias, del abuso propagandístico para “dorar la píldora” al respetable, entre otras cuestiones que suponen evitar la “última ratio” que representa el empleo de la fuerza pública, evidencian el fracaso de un gobierno que ya no siente lo duro sino lo tupido porque “todo el pueblo tiene dolor de cabeza”, parafraseando al juez Arcadio de “La mala hora” de García Márquez.

     ¿Qué pretende Peña Nieto con ese discurso? Evidentemente, sembrar el miedo entre la población para que se abstenga de seguir exigiendo se resuelva el gravísimo problema de la inseguridad que, desde el propio Estado, se ha prohijado en connivencia con personeros de la delincuencia. De inmediato se advierte que se trata de un problema circular, porque si pides que cambie la práctica viciada de la aplicación de la ley, te expones a que se te aplique “la otra ley”, la que hacen ellos, parafraseando al Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando Fulgor Sedano previene al cacique de Comala que sus enemigos han cumplido con lo que marca la ley: “de ahora en adelante la ley será la que hagamos nosotros”. Ese es el problema del Estado moderno, que la ley no es producto del consenso social, sino acuerdo entre minorías que representan sus intereses de facción. En tal sentido, habría que cuestionar, por lo menos, eso de apelar al uso “legítimo” de la violencia física como tarea monopólica del Estado, en la célebre definición de MaxWeber.

      La experiencia de las guardias comunitarias, por ejemplo, es un desafío a ese rígido principio de la violencia institucional o de Estado. En todo caso, habría que empezar por distinguir entre lo “legitimo” y lo “legal”. Si nos atenemos a la teoría política clásica, lo legítimo tendría que ver con el ejercicio del derecho tal y como “debería ser”, en tanto que lo “legal” tendría que ver con la aplicación de la ley “tal y como está”, lo que abre la vía al uso discrecional y arbitrario del poder público, puesto que lo que interesa a quien detenta todo el poder del Estado es el restablecimiento del “orden social”, del mantenimiento de las condiciones actuales que generan el hartazgo y enojo de la sociedad y no de su transformación para bienestar de la población. Esas condiciones ya las tenemos bien conocidas como experimentadas: pobreza, persistente, desigualdad social, depredación económica, corrupción burocrática e impunidad gubernamental. Por tanto, la violencia de Estado que ofrece Peña puede ser “legal”, pero en la crisis actual no puede ser tenida como “legítima”.

     Una muestra más de tal contradicción en que incurre el discurso presidencial y que “deslegitima” cualquier intento por llegar al uso indiscriminado de la fuerza estatal (así sea que diga que lo tenga que lamentar), es que junto con esa advertencia intimidatoria ofrezca convocar a un nuevo pacto, dizque social, para sortear la crisis política que padece el gobierno federal. ¿Cómo se puede convocar al dialogo si se asoma la mano dura como sello de identidad? A menos, claro, que se trate de una versión elitista de acuerdo político entre “los mismos”, como ya sucedió con el tristemente célebre “Pacto por México”. La gente lo que pide es que se cumpla con la ley… como debería ser, sin vericuetos, chicanas o manipulaciones (como parece que así ha ocurrido con el informe del procurador Murillo a propósito de la tragedia de Iguala). Peña podría recuperar algo de legitimidad si resuelve quitar del cargo al procurador fallido, sobre todo cuando crecen las voces que reclaman su propia cabeza; seguramente cesará a Murillo porque se ha convertido en el eslabón más débil de la “crisis en el manejo de la crisis”.

     Volvemos al punto de partida: ¿por qué Peña tiene que recurrir a soltar la amenaza de aplicar la represión estatal? Porque sus demás recursos de dominación política se han agotado y solo resta desplegar el miedo como medida de contención social; esto si se considera que el Estado no tendría responsabilidad alguna en la crisis actual. En cambio, si se aceptara que “fue el Estado”, cabe la posibilidad de cambiar el rumbo de la acción política para promover un nuevo diseño institucional. Pero esto es, por ahora, tanto como pedirle peras al olmo. No hay que perder de vista que el Estado que tenemos en México es una forma histórica que responde a los intereses del gran capital, sobre todo trasnacional, y ya sabe que los personeros de estos poderes fácticos son los que deciden cuando y como dejar de apoyar a quien garantice sus inversiones. Ese es el dilema y preocupación del gobierno actual: que siga creciendo la inconformidad hasta llegar al punto en que esa tarea se haga con un alto costo social, o bien, que de plano, este Estado ya no dé para más.

El Estado cansado

Lo que faltaba. En medio de la tragedia nacional, los personeros del Estado mexicano se dan tiempo para desdeñar el dolor de sus gobernados. El presidente Peña Nieto prefiere agarrar monte y mejor se va a la… China, mientras que el procurador Murillo dice que, de plano, ya se cansó. ¿Quién y qué falta para completar el cuadro? Desde que Felipe Calderón (Fecal) declaró, a lo sonso, la “guerra” a la delincuencia organizada, pudo advertirse con meridiana claridad la fatiga que acuciaban las instituciones del Estado mexicano. La procuración e impartición de justicia en ese sexenio se caracterizaron por la selectividad, corrupción e impunidad, y ese despliegue de fuerza de que hacía gala el Estado fue, literalmente, más de pantalla que de organización estratégica para recuperar la confianza del ciudadano en su gobierno. El saldo de tan sangriento proceder es harto conocido como escandaloso: más de cien mil muertos y veinte mil desaparecidos. ¿Cómo no imaginar que se había llegado a una descomposición grave de las instituciones del Estado mexicano con tan terribles resultados que, “ex post”, al propio Fecal horrorizaron?

     Con el inicio del nuevo gobierno de Peña Nieto, también se sabe, se buscó bajar el impacto mediático de la crisis de (in)seguridad pública, como si con esa medida bastara para tranquilizar a la gente. La clase política se regodeó, para entonces, en festinar un pacto inter-partidista que permitiera sacar adelante las mentadas “reformas estructurales” que, ahora sí, dizque modernizarían a México. Pero, ¡lástima Margarito!, la barbarie se hizo presente de nuevo y el discurso maniobrero del actual gobierno se vino abajo. De allí al “ya me cansé”, del procurador de justicia, no hacía falta gran trecho. En efecto, la promesa de una institucionalidad pretendidamente republicana y democrática del Estado mexicano se agotó, rápidamente, en este sexenio. De allí, también, la urgencia por darle carpetazo a un asunto que se ha convertido en pesada losa para el actual gobierno federal. Se pueden seguir cacareando las reformas estructurales, pero el malestar social no podrá mitigarse en el corto plazo, ni siquiera con otro pacto palaciego que, ahora, se propone reeditar, porque el problema es la abismal distancia que hoy separa a la sociedad mexicana de “su” Estado (o viceversa).  

  

     Hasta para “mentir, incluso con la verdad”, los personeros del Estado se hallan harto cansados. Dicen que “Iguala no es el Estado”, pero lo acontecido allí es la expresión más gráfica de la descomposición de ese poder de dominación que se ha puesto por encima de la sociedad mexicana y que se ha vuelto en contra de ella, parafraseando un clásico de Federico Engels. Es, en todo caso, lo que ahora se conoce como “la punta del iceberg” que nos tiene hundidos. Hay que tener presente que el gobierno federal evitó hacerse responsable, los primeros diez días, de lo acontecido en Iguala, bajo el argumento legaloide de que le correspondía a los poderes locales hacerse cargo de la tragedia. El centralismo político, tan preciado por el gobierno de Peña Nieto, brilló por su ausencia hasta que no pudieron hacerse más tiempo patos y tuvieron que admitir, en los hechos, que “Iguala sí es el Estado”, como antes lo ha sido Michoacán, por ejemplo. Las precondiciones y los precipitantes de la tragedia tienen que ver, por supuesto, con toda una historia de abandono de la responsabilidad social del Estado mexicano, así como de su “moderna” orientación neoliberal en favor de los intereses del gran capital financiero internacional, depredador y especulativo, que hace de países subdesarrollados, como el nuestro, el más preciado botín económico.

     Tal vez, la mejor caracterización del actual régimen gobernante es la que refiere López Obrador en su más reciente libro, tildando de “neo-porfirismo” a ese conjunto de prácticas de que hace gala el gobierno federal para someter a una sociedad cada vez más cansada de los desatinos de sus gobernantes y representantes populares. Bajo esa premisa, se tiene que en los albores del siglo pasado era el “mátalos en caliente” para reprimir la protesta obrera y campesina; también se decía que el pueblo estaba “listo para ejercer la democracia” y en los hechos se le negaba (como ahora ocurre con las famosas consultas populares); igual, con el pretexto de modernizar el país se tendían vías férreas que, si bien fortalecían el contacto entre mercados regionales, también separaban comunidades (como documenta el clásico texto de Coatsworth). Ahora, con el pretexto de fortalecer la comunicación terrestre con la vía rápida México-Querétaro, se otorga una licitación a un grupo de constructoras en las que sobresale la que hizo la “casa blanca” en la que vivirá la pareja presidencial cuando termine el sexenio. Como decía otro clásico: el problema es que la historia se repite dos veces, una como tragedia, la otra como farsa. 

Juzgar a los injustos

¿Qué hacer cuando la justicia se mantiene ciega, sorda y coja? Mínimo colocar a sus personeros en el banquillo de los acusados, para que la sociedad califique su actuar, “juzgando a los injustos”, como sugiere el poeta Eduardo Mosches, luego de tanto desatino en las tareas de procuración e impartición de justicia en el país, ya no digamos en las esferas de menor jerarquía institucional sino en los altos mandos que, se supone, agruparían a los mejores cuadros para dispensar “lo suyo de cada quien” y pavimentar el camino que va “a la justicia por el derecho”.

     Desgraciadamente, lo acontecido en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por una parte, y la determinación de cancelar cualquier consulta popular en temas de “trascendencia nacional” por parte de la tremenda Suprema Corte de Justicia de la Nación, revelan la podredumbre a que se ha llegado en ese aspecto de la vida institucional mexicana. Sobre el caso de Iguala, la omisión de nuestras “autoridades” ha quedado ya bien documentada y eso se traduce en una responsabilidad grave por crímenes de lesa humanidad. Mientras que en el caso de la decisión de cancelar la consulta popular en materia energética, francamente se aprecia como una más de las “chingaderas” en las que se atreven a regodearse esas autoridades, como para que junto con el drama se acompañe la burla.

     Parafraseando al Mario Vargas Llosa de “Conversación en la Catedral”, no puede uno dejar de preguntarse: “¿en qué momento se jodió nuestro país?”. Estos dos botones de muestra que señalamos son el colofón de una larga cadena de agravios propinados a la sociedad nuestra por los personeros del Estado mexicano, ese poder público en descomposición, capaz de disponer de la vida de sus gobernados como si nada.

     Tan grave es el colapso institucional, que hasta la renovación de organismos presuntamente autónomos para la protección y defensa de los derechos humanos, como la CNDH, hoy se revuelcan en miserable disputa por el control del membrete, bajo la perspectiva de que sirve más para el enriquecimiento personal e inexplicable, como sucede con el actual ombudsman Raúl Plascencia, quien pretende reelegirse, en medio de acusaciones graves de corrupción y, por supuesto, de negligente inacción en los casos de Iguala y Tlatlaya.

     Por el lado de la tremenda Corte, es de lamentar que los también carísimos ministros de esa mesa dispensadora de “justicia” se hayan concretado a interpretar de manera letrista lo que establece la Constitución General de la República, sin reparar en el momento que vive la nación mexicana, harto encabronada por no ser tomada en cuenta para algo más que pagar los platos rotos de tanta “pendejada” gubernamental (perdonando lo raspado de la expresión, pero en verdad que da coraje).

     El horizonte promisorio que se dibujó con la reforma política que incluyó la figura de la consulta popular en el artículo 35, fracción VIII, de nuestra Constitución Federal, hoy se ha enterrado en la fosa de la corrupción que impulsa el actuar de nuestra clase política en general y de esas autoridades jurisdiccionales en particular. No se podría esperar otra cosa con los antecedentes de otras mesas de impartición de justicia que, como en el caso electoral, también se han atrevido a formular veredictos que han quedado como frases para el bronce de una historia peculiar, como cuando en 2006 los magistrados del Trife resolvieron que “las elecciones fueron sucias, pero son válidas”, generando un grave precedente para 2012, cuando esa misma mesa electoral se apresuró a manifestar que “no se puede ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas”, ¡hágame Usted el refabrón cavor!

     De allí a una conclusión actual para el caso de la consulta energética, como la que anuncia la tremenda Corte, pues no habría mucho qué esperar, tal vez algo así como: “lo que no se gano, una vez más, en la mesa… ¿para qué diablos buscar que se gane en las urnas de 2015?”. Este es, precisamente, el drama de una impartición de justicia no popular, burocrática y como dice la raza: “harto pasada de lanza”. Todo se reduce a una mesa en la que, quienes están detrás, del otro lado, son como esos tenderos que te dicen: “aquí no hay más mercancía y precio que los que me da la gana”.

     Con una lógica de esa ralea, mercantilista, los ministros de la tremenda Corte resuelven que no procede una consulta sobre la reforma energética porque se cae en la excepción de la propia letra del 35 constitucional, relativa a los “ingresos y gastos del Estado” que, suponen, podrían verse afectados con una eventual reversa en la privatización petrolera por mandato de las urnas, por lo que, como bien se ha planteado por allí, en esa línea se podría proponer, por el ejecutivo federal, una medida tan loca como ponerle rueditas al palacio nacional y venderlo para obtener una lana, sin poner a consideración de la sociedad porque… ¡se pondría en riesgo el ingreso que percibiría el Estado mexicano! En fin, si la propia “autoridad” cancela la vía legal para que la gente se haga escuchar, ¿qué resta esperar?

Los agachados

 Así podrían ser identificados, sin mayores sobresaltos, la mayoría de nuestros diputados locales, luego de negarse a citar al gobernador formal, Fernando Toranzo, para que comparezca ante esa “soberanía” a explicar tanto desmadre bien organizado que se ha desatado en los últimos meses en el ejercicio de su mandato. Ciertamente puede no haber disposición legal que obligue a llevar al gobernante, “a chaleco”, al Congreso potosino, sino que tendría que ser consecuencia de un “arreglo” entre los representantes de ambos poderes para que se pudiera dar un diálogo público con respecto a los distintos ejes temáticos del contenido del quinto informe sobre el estado que guarda la administración pública en la entidad potosina. Sin embargo, ante el momento político que se vive en el país, con el distanciamiento evidente entre gobernantes y gobernados, muy saludable sería que la “autoridad” se mostrara con la mejor disposición para escuchar, ya no digamos los reclamos de la sociedad potosina, sino a sus “representantes populares”. Pero sucede que la negativa no vino del gobernador, sino de los propios diputados que, una vez más, enseñaron el cobre, ahora con los más absurdos como ridículos pretextos.

     Para empezar, tenía que ser el diputado Crisógono Sánchez quien pusiera el dato jocoso: este legislador justificó esa negativa a citar al “gober”, dizque porque sería tanto como ofender su investidura si no se le dispensara un trato servil y obsequioso de parte de los “anfitriones”. Como ya se sabe que en “casa del jabonero el que no cae resbala”, pues ni para qué arriesgarse a que la fueran a regar, mejor “calladitos se ven más bonitos”. No faltó algún otro legislador de “oposición” que insistiera en que sería un ejercicio inocuo ese pretendido dialogo entre poderes, porque para disipar dudas están los secretarios del gabinete torancista y con eso basta para cumplir con la bendita legalidad. El remate vino de la bancada priísta, donde se atrevieron a ver “moros con tranchete”, acusando a quienes promueven ese tipo de ejercicios democráticos de algo así como “pretenciosos y protagónicos”, en clara alusión al promotor de esa propuesta, el diputado Eugenio Govea, quien mejor debería de ir pidiendo la comparecencia de Peña Nieto, según el decir de doña Rosa María Huerta, coordinadora parlamentaria del PRI, como para que se vea que dicho legislador anda alborotando la gallera nomás porque sí.   

     Con todos estos desfiguros que cometen nuestros legisladores, ocurre que buena parte de la “vox populi” procede a caracterizarlos como “agachones”, como dispuestos a doblar la cerviz frente al titular del poder ejecutivo. Una derivación cómica de ese tipo de comportamiento político-institucional, muy propio de cierta clase política, como la que bautizó y recreó el caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido como “Rius”, con la célebre revista “Los agachados”, sucesora de “Los supermachos”, donde se pueden encontrar los personajes detentadores del poder político típicos de una sociedad como la nuestra: sumisos hasta la ignominia con el de más arriba y abusivos a lo cañón con el de más abajo, en una perversa distorsión de la jerarquía del poder “a la mexicana”. Sucede, pues, que nuestros agachados legisladores allí están, más frescos que una lechuga y puestos a lustrar los zapatos del titular del poder ejecutivo, no sea que se vaya a molestar y termine por torcerles el brazo en sus aspiraciones políticas inmediatas, toda vez que, si bien es poco probable que influya en su propia sucesión, es posible que sí lo haga en otros cargos menores y, ya se sabe, en política no es lo mismo lo posible que lo probable.

     En la cultura popular mexicana, cuando se habla de “agachados”, también suele hacerse referencia a los comedores propios del pueblo, como esas taquerías donde pueden degustarse exquisitos tacos de buche, hígado, maciza, sesos y demás partes anatómicas del animal sacrificado para ese fin; lugares en los que la clase política de “alto pedigrí” suele acudir con cierta vergüenza o a hurtadillas como para que no se le confunda con la “chusma”. Generalmente, nuestros agachados diputados no se aparecen por esos lares, excepto cuando andan en campaña, como para que se vea que sí tienen roce con el populacho y comparten hasta sus gustos culinarios. Como puede verse, la referencia incluso alimentaria permite ubicar a nuestra clase política como caracterizada por sus moditos de conducirse con respecto de la sociedad mexicana a la que dicen servir y representar. Ni una cosa ni la otra, simplemente se trata de aparentar que están con la gente, aunque realmente abominen de ella y, si se puede, hasta ponerse en contra de ella. Eso sí, con el superior jerárquico, políticamente hablando, están prontos a dar las gracias. Ni modo, así son, agachados y agachones, con sus muy contadas excepciones (verso sin esfuerzo), claro está.    

       

Revocación de mandato

El conflicto socio-político provocado por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la errática conducción del gobernador de esa entidad federativa, Ángel Aguirre, plantean la necesidad de considerar ya, seriamente, la instrumentación jurídica plena a de la “revocación de mandato”; esto es, de la posibilidad de la destitución de un mal servidor público de elección popular, mediante la consulta a la ciudadanía. En el caso que nos ocupa, resulta hasta de mal gusto, cual broma trágica, que el gobernador Aguirre haya solicitado al INE (Instituto Nacional de Elecciones) que le “organizara” una consulta revocatoria, a sabiendas que dicho organismo electoral se negaría, toda vez que no existe regulación específica para esa situación y nuestras autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Con tal negativa “institucional”, el gobernador Aguirre pudo hasta presentarse como un servidor público “responsable”, al poner sobre la mesa su “renuncia” si el pueblo se lo pidiera… por el camino de una legalidad tortuosa que, ya sabemos, no siempre es el camino que lleva a la justicia.

     Por el contrario, la clase política que detenta el control de las principales fuerzas partidistas salió a la defensa de uno de los suyos, “argumentando” que más importante que esa “renuncia” del gobernador es la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos, practicando una vez más el “arte de mentir, incluso con la verdad” (Pablo González Casanova, dixit), toda vez que, ciertamente, lo más urgente es encontrar con vida a los normalistas desaparecidos, pero eso no se opone a que un gobernador tan cuestionado se haga a un lado para, por lo menos, facilitar la suma y coordinación de esfuerzos en ese propósito. El PRI lo quiere en su cargo para que siga desgastando al partido en el poder de esa entidad federativa, léase el PRD; mientras que éste partido también lo arropa porque sería dejar la puerta abierta para perder por anticipado el poder en ese estado. El PAN, por su parte, también tratando de sacar raja del conflicto, pide la desaparición de poderes, abominando de la ingobernabilidad y la violencia que han escalado en Guerrero, olvidando que con Calderón se hizo lo propio en el país entero.  

     Ahora, las dirigencias partidistas se ponen también en el plan de lavarse la cara, ofreciendo revisar con cuidado las trayectorias y antecedentes de sus próximos candidatos a cargos de elección popular, dizque para evitar que se cuelen personajes que luego resultan “non gratos”, pero nada dicen de promover que se regule la revocación de sus mandatos. Se trata de que siga siendo una minoría política la que resuelva, de manera burocrática, sobre la responsabilidad del mal ejercicio del poder público y no de que la mayoría social ejerza de manera continua su poder para calificar -y castigar- anticipadamente, el mandato que ha depositado en un servidor de elección popular. Un ejemplo claro de cómo se las gasta nuestra clase política para desentenderse de estas cosas, es lo que recién ha ocurrido en la entidad potosina, cuando en el colmo de la burla y el cinismo, la mayoría de los diputados locales se atrevieron a proponer una iniciativa para otorgarse sus  pensiones por los invaluables servicios prestados a nuestra patria chica. Como ya es el sello de la casa, pronto recularon de su despropósito. Eso sí, ni pensar en andar legislando sobre cosas raras, como la tal revocación de mandato.

     Este desliz en que incurrieron nuestros legisladores locales es la típica forma en que se manifiesta esa “democracia totalitaria” de que hablaba Juan Jacobo Rousseau, cuando consideraba que “una ley es tal sólo para quien la haya hecho o la haya aprobado, para todos los demás será un mandamiento o una orden”, en tanto que “el pueblo cree que es libre, pero se encuentra encadenado por todas partes”, en alusión al engaño que resulta de considerar que el mandato que se otorga, “libremente”, a quien representa los intereses del ciudadano, termina en el acto mismo de sufragar, de emitir el voto cada cierto tiempo, por lo demás. Ya no digamos que, también, comúnmente se confunde ese mandato con “delegación” del poder ciudadano. Por tanto, ¿cómo esperar que nuestros representantes populares se pongan a legislar sobre la revocación de mandato? “Ni que no fueran tan penitentes”.

     Volviendo al caso del conflicto en Guerrero: el gobernador tendrá que irse, más temprano que tarde, porque la clase política no puede darse el lujo de estirar más la cuerda de la irritación social, sin correr el grave riesgo de que se reviente con consecuencias aún más graves para todo el país. Es el momento, pues, de exigir que, entre otras cosas, se cumpla con el derrotero democrático que dicen impulsar, incluyendo ya la revocación de mandato para sancionar el mal ejercicio del poder público, practicando el arte de “mandar, obedeciendo”.

Vacío de poder

Así ha sido caracterizado el gobierno de Fernando Toranzo por su propio hermano Martín, luego del incidente que denunció, pública y legalmente, relacionado con la presunta extorsión que le hiciera el vocero del gobierno estatal, Roberto Naif, para que no se desatara un “escándalo mediático” por la supuesta “mochada” que, a su vez, obtendría el ahora funcionario federal con licencia por su mediación en la asignación de un contrato a una empresa denominada “Technodren”.

     El escándalo se hizo de todos modos y, más allá del incidente de los dimes y diretes propios de este tipo de “chismarajos” -que, por cierto, dizque podrían ser investigados por la autoridad encargada de “procurar justicia”-, lo que queda de esos lodos es la demoledora calificación del gobierno que le toca encabezar a don Fernando, habida cuenta que, además, se sugiere que se trata de un “triunvirato” el modo en que se distribuye el ejercicio del poder público local, siendo precisamente la parte que le toca al médico Fernando la que no se ejerce como debiera, la del “gobierno formal”.

     Sin embargo, tal parece que esto último no hace gran mella en el ánimo del gobernador formal, porque ese estilo parece ya muy propio de la entidad potosina y se dice que lo mismo ocurre en la presidencia municipal capitalina, donde se rumora que hay tres alcaldes: el que gobierna la zona poniente de la ciudad, otro que gobierna el centro histórico y uno más al que se le hace bolas el engrudo con las obras de la avenida Muñoz. ¿Será?

     Casualmente, en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto se alarmó y reconoció que en México hay regiones con “vacíos de autoridad” que propician la complicidad de gobernantes y delincuentes, en referencia evidente al caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Por supuesto que no se trata de extrapolar ese discurso de manera arbitraria para aplicarlo al caso potosino, porque además hay que guardar -hasta donde se pueda- las proporciones; sin embargo, no deja de llamar la atención que desde el gobierno federal se acepte que en buena parte del país hay autoridades locales, léase gobernadores y presidentes municipales, que pudieran verse rebasados por otro tipo de poderes fácticos.

     Por tanto, lo que se advierte es que el gobierno federal apretará las tuercas donde haya necesidad, a ver si, por lo pronto, con la llamada de atención basta para que pongan sus barbas a remojar quienes pudieran tratar de ponerse el saco. Más rápidos que un rayo, quienes pareciera que sí tomaron a pie juntillas ese rollo presidencial fueron los panistas de casa y le pusieron el saco al doctor Fernando Toranzo, por lo que ya hasta lo imaginan tras las rejas, una vez que haya concluido su mandato (Pulso, 13 de octubre de 2014).

      Así las cosas, el mentado “vacío de poder” o de “autoridad”, que en estricto sentido no es lo mismo, se refiere, por lo que se ha expuesto en todo este escándalo, a la ausencia de mando por parte del gobernador formal de la entidad potosina, el doctor Fernando Toranzo, dejando que metan manos y pies diversos personajes que han terminado por abollarle el cargo. Por supuesto que se trata de un vacío de autoridad o de mando político en el sentido en el que lo planteaban algunos de los clásicos de la teoría política, como la incapacidad para convertir a los disidentes, inconformes o renegados de su gobierno en participantes, sobre todo si se trata de sus colaboradores cercanos, ya no digamos de los ciudadanos en general, cuyo consentimiento es la fuente primera y última de tal “autoridad”.  

     Pero ya sabemos que para no pocos de los personeros del poder público, la fuente de autoridad ya no deriva del ciudadano que le ha delegado o encomendado ese poder, sino de sí mismo (lo que el filósofo Enrique Dussel denomina como “la corrupción originaria de lo político”), llegando entonces al extremo del ejercicio autoritario del poder, ese que implica dejar de lado el consentimiento de los demás para asumir que sólo -y a solas, o con los incondicionales- mediante la manipulación de otros recursos de dominación, como el de la coerción o la información, es posible legitimarse en el ejercicio de un cargo público. En ese riesgo andamos, como sociedad, cuando se materializa un vacío de autoridad o de poder como el que se ha denunciado que se padece en la entidad potosina.

     Finalmente, si todo esto ocurre apenas cuando se anda alborotando la gallera por la sucesión gubernamental del propio doctor Fernando Toranzo, la pregunta que salta inevitable es: ¿qué más seguirá? No es una pregunta ociosa, en virtud de que, hasta el momento, la autoridad gubernamental cuestionada ha guardado comprensible como prudente silencio; empero, más temprano que tarde tendrá que hacer los deslindes y aclaraciones institucionales del caso, so pena de que pueda cundir el mal ejemplo.  

Estado de Chueco

Cuando nuestros gobernantes se llenan la boca masticando el verbo de que “vivimos en un Estado de Derecho”, no queda más que “la-mentarles la máuser” por tamaño desparpajo. Fieles a la recomendación del viejo régimen, esa clase política que dizque nos representa, gobierna o imparte justicia, se atreve a seguir viéndonos la cara de sus “penitentes”. Ya se sabe que cuando quieren decir no es que sí, y cuando dicen que sí es que no, tan sencillo y complejo como eso. Los botones más recientes de la amplia muestra allí están, en todos los niveles de (in)competencia: en el plano federal con el regreso de la “guerra sucia” y, a nivel local, con episodios que rayan hasta en lo grotesco con la actuación de “jueces de consigna”. Por eso, cuando se oye hablar de “Estado de Derecho” no poca gente reconoce tener ni pulcra idea de lo que eso significa. Antes bien, como generalmente se entiende que la palabra “derecho” indica lo que es recto, intachable, de una sola pieza, sin dobleces, entonces la acepción común identifica lo contrario como algo “chueco”, de allí que, más bien, se tienda a interiorizar lo que implica esa conjunción de términos “Estado” y “derecho” como “Estado de chueco”, como el torcimiento de la legalidad que, se supone, encarna el “Estado”, esa forma de estar organizada, política y jurídicamente, una sociedad determinada.

     En nuestro “Estado de chueco”, por tanto, hoy tenemos la reedición del viejo régimen político que el escritor Mario Vargas Llosa bautizara como “la dictadura perfecta”, en alusión a esa capacidad que tiene el Estado mexicano para simular que se conduce como garante de la legalidad en todos sus ámbitos de aplicación, al tiempo que despliega los más diversos como deleznables medios para desentenderse de ella. De allí la paradójica manifestación de operar con mano suave en el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, al extremo de que hasta es aplaudido el actuar del secretario de gobernación, mientras se evade la responsabilidad “de Estado” en el grave como trágico episodio de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Ese poder “que se pone por encima de la sociedad hasta volverse en contra de ella”, decía Federico Engels en su clásico “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, tal es la muestra persistente de la característica específica de todo Estado moderno y, en particular, de nuestro peculiar “ogro filantrópico” (Octavio Paz, dixit). En efecto, nuestro “estado de chueco” tiene siempre preparado el garrote por si los demás componentes de su dominación social resultan inocuos (léase recursos ideológicos, de información, propaganda, asistenciales, etcétera).

     En cuanto a la procuración e impartición de justicia, en nuestro peculiar medio, qué se puede decir que no se tenga por sabido y experimentado por cualquier ciudadano. La percepción más generalizada es la de que siempre anda coja, con un tortuoso andar que sirve a los intereses del mejor postor y de quienes detentan el control del aparato estatal, de allí que hasta se haga mofa de su vulnerable condición cuando el poderoso afirme que “entre más coja, mejor”, aludiendo a las ventajas de ese prostituido deambular. En fin, lo que interesa destacar es que, lamentablemente, los polvos de los viejos lodos del autoritarismo característico del viejo régimen político siguen presentes. Parafraseando a “El Buki”, es obligado preguntarnos: ¿adónde vamos a parar? Quisiéramos pensar que el próximo proceso electoral de 2015 es una magnífica oportunidad para que el pueblo someta a referéndum el ejercicio de gobiernos y representaciones políticas incumplidos hasta con su propia palabra, relegándolos al basurero de la historia, empero, por lo menos al día de hoy.

       Siguiendo el método engelsiano de analizar por separado los polos de una relación terminológica, para luego concentrarse en las implicancias de su conjunción, habría que tener en cuenta que cuando se habla de “estado y derecho”, se da por sentado que no se trata de oponer los términos, sino de su feliz concatenación: ni uno subordinado al otro, mucho menos el uno sin el otro; en todo caso: ambos dos, como dicen que dijo un tal Gali-Matías, esto es, que “Estado sin derecho” es tanto como fuerza sin ley, arbitrariedad del poderoso, en tanto que “derecho sin Estado” implica el caos, el juego de todos contra todos sin control; por tanto, lo deseable: Estado y derecho. El problema, ahora, es que ese “y” que los une ha borrado las fronteras específicas de cada cual, al extremo de que la gente perciba que los personeros de lo derecho y de lo chueco son los mismos. Revertir el “estado de chueco” en que nos encontramos es el reto socio-político más formidable que los ciudadanos tenemos en el futuro inmediato, es decir, en el próximo proceso electoral, distinguiendo del alud propagandístico y publicitario a quienes puedan echarse ese trompo a la uña. 

Retos de Mario

Tal parece que el segundo informe de Mario García, alcalde capitalino, no contaba con la inopinada alusión del gobernador Fernando Toranzo a un acto que pretendía aparecer como “ciudadano” y terminó catalogado como partidista por el médico. Ante tanta muestra de agradecimiento desgranada por Mario hacia el galeno por los apoyos recibidos para realizar diversas obras, así como de insistir en que su gobierno municipal es “ciudadano y plural”, el alcalde tuvo que apechugar con la referencia del doctor a su evento como si se tratase de un acto político priísta, agradeciendo la presencia de connotados personajes de su partido, tal vez como para reafirmar, a quien quiera escucharle, que sigue siendo el “jefe político” de la entidad potosina. El mensaje de Mario se puede leer como lo que fue: un catálogo de cifras y datos que pretenden apuntalar la imagen de un gobierno que ha invertido buena cantidad de recursos materiales y humanos para “transformar” la ciudad capital, haciéndola “más competitiva”, cuestión que se puede conceder, sin suponer, que así es, aún y cuando de vez en diario se ande uno cayendo por diversos baches de la ciudad; pero, ¿cómo entender el mensaje político del doctor Toranzo?

     Sin duda, el informe de Mario sería tenido, “ex-ante”, como un evento más de los que abundan por éstos días, con propósitos político-electoreros, empero, se puede afirmar que fue un informe mesurado, concentrado en mostrar logros alcanzados y muy cuidado en las formas tradicionales de la retórica priísta, elogiando hasta el cansancio al gobernador Toranzo como para que tomara nota de que se ha “disciplinado” en el re-juego de la sucesión gubernamental en marcha y que si algún día hubo algunos malos entendidos por andarse sincerando, pues eso habría quedado en el pasado. Lo que importa es el futuro, -político, claro está-, parecía la divisa de García en su informe. Pero el doctor, ya se sabe, siempre sorprende a propios y extraños con sus arranques de emotividad y ésta no podía ser la excepción. Tal parece que el mensaje de Mario lo conmovió tanto que vio la ocasión de hacer profesión de fe partidista. Sin embargo, el punto es, ahora, dilucidar si la referencia del médico tendría la intencionalidad de favorecer al alcalde en sus aspiraciones a sucederlo en la gubernatura, lanzando de una buena vez el grito de batalla priísta en su favor, o bien, desacreditarlo en su empeño por mostrarse como un gobernante probado en apoyar a la gente, sin distinción de cualquier (des)orientación ideológica.

     Lo más seguro es que quien sabe, pero de que algo se traía entre manos el doctor Toranzo con ese innecesario involucramiento de su partido, ni duda cabe. Tal vez, se dice por allí, también se trató de un mensaje puntilloso de agradecimiento del doctor a Mario por aguantar vara con el controvertido tema del desfalco de la administración labastidista, sobre todo cuando el grupo de la ex-alcaldesa parece re-posicionarse para regresar, literalmente, por sus fueros. Así las cosas, el reto más importante que tendría Mario sería esclarecer si la postura del médico es de serio apoyo a su causa política o se trata de que vaya entendiendo que su circunstancia no es la misma de cuando aspiraba a ser candidato a la alcaldía. No hace falta recurrir a encuestas serias y a las denominadas “patito” para darse cuenta de que la administración capitalina del alcalde García enfrenta fuertes “negativos” por el propio asunto de Victoria Labastida, así como de otros temas controvertidos como el de las obras en Avenida Muñoz y la aplicación de la foto-infracción, por ejemplo. En contraste, se trata de uno de los personajes priístas que tienen peso político (cada vez más “grande y fuerte”, dice) como para disputar la nominación de su partido a la gubernatura, por lo que en las siguientes semanas Mario tendrá que asumir y enfrentar esos retos.

     Mario tendrá que hacer un deslinde claro de su postura final frente al caso Labastida, luego de que se ha denunciado por regidores de oposición que la contralora de su administración ha escamoteado información sobre la integración de expedientes relacionados con ese asunto. Tendrá también que atisbar las coordenadas de su particular circunstancia política con relación a la postura que asuma el denominado “primer priísta” de la entidad potosina, léase el gobernador Toranzo, con respecto a sus aspiraciones y las de los otros “suspirantes”, así sea para cubrir las formas, porque sabido está que todo se decidirá en “Los Pinos” entre el presidente Peña Nieto y su equipo político cercano, y finalmente, tendrá que convencer al respetable de que su proyecto político para el 2015 es, efectivamente, plural y ciudadano y no mera pantalla para el “agandalle” de intereses sectarios. Así las cosas, Mario tiene la palabra porque, como gusta citar a Ortega y Gasset, al final del día es “el hombre y su circunstancia”.      

Ser formal…

La nueva embestida propagandística del gobierno federal puede (a)parecer como para jalarse los cabellos del copete, pero tampoco es desdeñable, por lo menos para re-plantear un problema tan complejo como el del sector llamado “informal” de la economía mexicana: invita a los trabajadores comúnmente identificados como “ambulantes”, a que “regularicen” su situación mediante su incorporación “voluntaria” al sistema formal-legal mexicano, con la promesa de que van a gozar de las bondades de la seguridad social, de acceso a vivienda digna, de créditos para impulsar negocios productivos y para el consumo, etcétera, casi el paraíso, pues, como para que nadie en su sano juicio se haga de la boca chiquita.

     Se oye bonito, sin duda, y ni quien proteste cuando se le habla así al oído. Sin embargo, acostumbrados a la demagógica miel que cada gobierno se empeña ofrecer en su mandato, la clase trabajadora difícilmente puede hacerse ilusiones de que su mundo cambie de la noche a la mañana, sobre todo si se pretende tener a esa masa de trabajadores como “clase”, no sólo porque éste se tiene como un término “desgastado”, sino porque implicaría reconocer que sigue siendo válido utilizarlo para comprender mejor la naturaleza de la explotación que se impone con un sistema de acumulación de capital que, por cierto, tampoco se le quiere seguir llamando como “capitalista” porque eso implicaría aceptar, por lo menos como utopía, la posibilidad de contar con un modo de producción alterno, sino “neoliberal”.

Pero el punto que interesa destacar aquí es que esta oferta gobiernista no es tan nueva, sino que se trata de una gata más que revolcada: recuérdese que con el inefable Vicente Fox se ofrecía “vocho, tele y changarro” para una “clase media” que veía cada vez más acotados sus horizontes de movilidad y, finalmente, resultó un fiasco. A lo más que llegó Chente fue a regalar botas piratas de su propia marca que, luego, sirvieron para la chacota popular, como cuando se coreaba aquel chascarrillo (misógino, por lo demás) que contaba la historia de un sujeto que llegó al domicilio conyugal y encontró unas botas picudas debajo de la cama matrimonial, que no eran las suyas, por supuesto, preguntando a la esposa qué hacían esas chanclas allí, a lo que la dama respondió presurosa, “viejo, qué mala memoria tienes, son las que nos regaló Fox, acuérdate que somos foxistas”. El ofrecimiento del paraíso foxista quedó en mero choro del guanajuatense, ya que el desempeño de la economía siguió siendo mediocre y ni en sueños podía pensarse en alcanzar tasas de crecimiento de hasta 7 u 8 por ciento anual del PIB que, decía, se lograría con su gobierno. En suma, la informalidad continuó expandiéndose porque se trata de un problema “estructural” (ya que está de moda el término), y no de simple voluntarismo del gobernante.

     Por supuesto que la regulación del sector informal de la economía es indispensable, empero, no hay que perder de vista que por ello debe entenderse algo más que “ambulantaje” o comercio callejero, así como tener claro que la legalidad formal es, precisamente, una forma de ocultar la realidad concreta de las relaciones sociales productivas, toda vez que la concurrencia de bienes y servicios en un mercado depende de un valor de cambio asignado por la correlación de fuerzas existente entre agentes económicos determinados.

     Una postura extrema, que se ha vuelto clásica en la literatura sobre este tema, es la de Hernando de Soto en su obra “El otro sendero”, donde analiza la enorme carga burocrática que implica el paso al sector formal y que, generalmente, en países subdesarrollados como el nuestro, termina por desalentar el intento de los informales por convertirse a esa “legalidad”, cuestionando que también dentro de la “formalidad” se dan comportamientos ilegales de parte de ciertos agentes productivos y/o económicos, planteando que debiera hasta evitarse cualquier regulación estatal que, por lo demás, se vuelve inocua en ciertos contextos como el de la incesante pobreza, marginación y desempleo que alimentan los ejércitos de reserva del capital, esa sobrepoblación relativa que siempre buscará como subsistir a falta de ocupación “formal”.  

     Decíamos en principio que, aunque jalada de los cabellos, podría ofrecer otro sendero interesante la propuesta gobiernista si primero se combatiera, en serio y de fondo, la corrupción rampante que ahoga cualquier esfuerzo personal o colectivo por buscar horizontes de subsistencia legalmente válidos, de tal suerte que toda esa cauda de ofrecimientos institucionales para que la gente informal se regularice, en verdad tenga éxito. De lo contrario, se corre el riesgo cierto de que sea una medida populista más para administrar la pobreza y contener el malestar social. Los “changarros” del señor Fox no sirvieron para maldita la cosa y, ahora, el paraíso peñista se muestra bastante ilusorio si no se acompaña de algo más que buenas intenciones no electoreras. Ya veremos, dijo un ciego. 

¿Quo vadis, Octavio?

¿Adónde vas, Octavio? Esa es la pregunta que flota en el ambiente político potosino, luego de que al senador Pedroza le hicieron “manita de puerco” en el PAN y decidió renunciar como aspirante de su partido al gobierno de la entidad potosina. ¿Quién o quienes le torcieron el brazo a Octavio? Según su dicho, tanto el presidente del CEN panista, Gustavo Madero, como el dirigente local, Héctor Mendizábal. La causa: el empecinamiento de sus dirigentes en sostener un método de selección de candidato a gobernador que considera como inequitativo, consistente en realizar encuestas primero y, luego, elección abierta a la militancia -pero no a la ciudadanía en general- entre los mejor posicionados de las mentadas mediciones.

     La molestia de Octavio tiene asidero lógico: después de la quemada de Alejandro Zapata por el reventón de Puerto Vallarta, Pedroza se perfilaba como el aspirante con mayor popularidad reconocida y, por tanto, el que obtendría mejor calificación en la encuesta; sin embargo, sabido es que tiene sus malquerientes en cierto sector duro del PAN y se antojaba como muy previsible que buscarían desbancarlo a la “malagueña” en una elección interna, habida cuenta de que en el PAN se han reproducido las prácticas clientelares que antes cuestionaban del régimen priísta.

     Así las cosas, Octavio leyó bien su paradójica condición de carta fuerte en lo externo, pero harto endeble dentro de su partido, por lo que optó por no hacer el caldo gordo a Madero y Mendizábal que, ahora, se quedan con una mano de opciones que, difícilmente, reconocen conspicuos panistas, podrían ser tenidas como contrapeso real a quien sea que pongan en el PRI, de allí que a César Camacho Quiroz no le corra prisa por que salga ya el candidato priísta, pues le basta con llegar a tiempo a la debacle previa de los adversarios.

     El escenario se va dibujando, entonces, con mayor claridad: un PAN concentrado en recuperar la alcaldía de la capital y, si se puede, rescatar de lo perdido lo que aparezca en el resto de la entidad potosina. Sin embargo, tampoco se puede descartar que ese sector duro del PAN haga de tripas corazón y rectifique en favor de las aspiraciones de Octavio, por lo menos para mandar el mensaje de que no pueden darse el lujo de tropezar dos veces con la misma piedra, recordando que ya antes esa postura necia de las dirigencias les costó la gubernatura, cuando empujaron a Eugenio Govea y sus seguidores para que se fueran del partido. Ahora, aunque Octavio aclare que no se va del PAN, deja a sus dirigentes con medio estoque adentro.

     Sea PAN “aguado”, como señala Jesús Silva Herzog-Márquez (Pulso, 15 de septiembre de 2014), o PAN “duro”, como planteamos aquí, lo cierto es que se trata de un PAN cuyas broncas internas no se digieren tan fácilmente por sus propios militantes y menos por parte del ciudadano de a pie. En efecto, se trata de una crisis de identidad y de liderazgo, como precisa Herzog-Márquez, pero añadiríamos que, también sufre de una crisis que tiene relación con la persistente visión de los grandes problemas nacionales como encadenados a la suerte de una cierta democracia electoral que, por el simple hecho de contar luego con mejores instrumentos para cada ejercicio comicial, daría por descontado alcanzar la felicidad popular.

     De allí que, en lo general, el PAN se ha venido vaciando de militantes, al extremo de que es el partido con menos afiliados en el país, incluso por debajo de algunos que se consideran como “mini-partidos”. Por tanto, aunque en el caso potosino cuenta con un voto duro que le garantiza ser competitivo en bastiones como la capital, sortear la crisis de identidad y de orientación de liderazgos hacia algo distinto a la mera consecución del poder para detentarlo y mantenerse en él como una camarilla, implica para el PAN el reto de mantener una unidad política que hoy, sin duda, se ve resquebrajada por las determinaciones de Zapata y Octavio al declinar a sus aspiraciones a la candidatura a gobernador.

     Para acallar los rumores de que su malestar podría ser tenido como chantaje o medida de presión a los jerarcas de su partido, para que reconsideren el recurso del método propuesto… para favorecer a una camarilla, Octavio ha ratificado que su postura es definitiva y que, además, no se va del PAN. Planteamiento encomiable que, empero, de todos modos implicaría el riesgo de la desmovilización de cuadros y militantes cercanos a Pedroza y, eso, se traduciría en dejar al PAN con un boquete electoral que reduciría ampliamente sus posibilidades de competir con éxito por la gubernatura y, si se apuran, hasta por la alcaldía capitalina.

     Ojalá y que los panistas arreglen sus diferencias porque se requiere de partidos de oposición que, en verdad, estén a la altura de las expectativas de una ciudadanía que ya no sabe para dónde voltear para considerar otras opciones de participación política, además, un PAN “aguado” o “duro” le quita sabor al caldo de las contiendas electorales.