Después de las elecciones

Después del 7 de junio, sólo resta esperar el desahogo de las impugnaciones legales interpuestas por candidatos y partidos inconformes con los resultados de la jornada comicial o la asignación de las cuotas de representación política que correspondan, así como la toma de protesta de los ganadores finales del proceso electoral. Vendrá, luego, una enésima propuesta de reforma electoral, tanto en el plano federal como local, para tratar de corregir los vicios y vacíos que se hayan detectado en estas elecciones intermedias, actualizando la pregunta de fondo que nunca termina de ser contestada porque siempre es soslayada, dejada de lado para priorizar las formas: ¿elecciones, para qué?

     De entre los diversos aspectos que se han empezado a plantear, por diversas voces críticas, como de obligada revisión, están los que tienen que ver con las modalidades en que se manifiesta la inconformidad social con respecto del agotamiento de un sistema de partidos que, se asume, ya no representan cabalmente los intereses de la ciudadanía. En este contexto, destacan los temas de las candidaturas independientes y las variantes del voto de protesta, señaladamente el denominado “voto nulo”. En el primer caso, aún y cuando hay casos notables de éxito electoral, se sigue reclamando flexibilidad en los requisitos para registro y equidad en campañas.

     En cuanto al “voto nulo”, se tiene que en el caso de la entidad potosina alcanza un número de 64,874 sufragios, equivalente al 6.10 por ciento de la votación emitida, es decir, superior al porcentaje alcanzado por varios de los partidos considerados como “morralla”, en lo que se aprecia como un claro indicador de malestar social hacia el sistema político y de partidos en su conjunto que, por supuesto, no debería ser menospreciado como hasta hoy ocurre, al considerar ese tipo de sufragio como mera estadística, sin incidencia directa en la modificación del cuadro de privilegios y prerrogativas de que gozan los partidos.

     Pero la pertinencia de la pregunta de fondo prevalece, con independencia de que se mejore la forma en la que se procesa la emisión del sufragio: ¿elecciones, para qué? Generalmente, se entiende que las elecciones son el método indispensable para que se integre la representación política y de gobierno en un sociedad determinada, método que se tiene como democrático en la medida en que satisface a la mayoría de la población si se cumplen características esenciales como las libertades del ciudadano para informarse y acudir sin presiones a depositar su voto, así como de los candidatos para sostener sus propuestas y convencer de manera razonable.

     Sin embargo, sigue quedando pendiente el problema de las elecciones como fin en sí mismas, esto es, como fundamento de las acciones que habrán de realizar quienes sean electos, puesto que no se puede descartar -y cada vez en mayor grado- que haya representantes populares y/o gobernantes que no sepan ni con qué se come el cargo que ostentarán. Ese fundamento no puede ser otro que la búsqueda de lo que se conoce, al extremo de volverse algo trivial, como “bien común”, no como expresión abstracta sino manifestación concreta de bienestar material y espiritual de toda la población, o por lo menos  de procurar, con sentido utilitarista, la mayor felicidad para el mayor número.

     De lo anterior se llega al punto que se quiere destacar: la necesidad de que se tenga cada vez más claro, sobre todo por quienes resultan electos como representantes populares y/o gobernantes, que las elecciones sirven para legitimar un mandato que se les otorga para cumplir con esa responsabilidad antes mencionada y no como una simple delegación de poder absoluto para corromper y corromperse en el ejercicio de un cargo público. Ojalá y así lo entiendan porque, de otro modo, más temprano que tarde llegaremos a un nuevo proceso comicial y la democracia -electoral- será tenida como la misma “chimistreta” que, cada cierto tiempo, solamente sirve para legalizar el abuso de unos cuantos y no los intereses legítimos de los demás.

Saldos electorales

Los resultados que arroja el proceso electoral intermedio de este 2015 son alentadores para una ciudadanía que, ciertamente, no era arisca pero se volvió harto desconfiada de las instituciones políticas, señaladamente la concentrada en las élites partidarias por considerar que no la representan, por lo menos no como debieran. De entrada, es encomiable que la gente saliera a votar, a pesar del clima de violencia que se vive en varias entidades federativas y de temor auspiciado por algunos actores políticos que se vieron perdidos de antemano en otras. Históricamente, la participación en este tipo de elección ha estado en promedios cercanos al 50 por ciento de la lista nominal de electores y, considerando esas condiciones de inestabilidad, miedo y desencanto previas al proceso, pues es aceptable (más no debe tomarse como “la normalidad” a que habría que acostumbrarse) que no haya disminuido a niveles más bajos que, también, ya antes (2009) se han registrado. En suma, se aprecia que la ciudadanía se involucra, cada vez más, para ejercer su derecho a votar el día de la jornada comicial de manera razonada, con independencia, incluso, del curso que puedan seguir las campañas.

     

Por otra parte, queda claro que se consolida un pluralismo más competitivo, descansando entre tres o cuatros grandes fuerzas partidistas que, a su vez, dependen en buena medida del arrastre que concitan las personalidades de los candidatos que postulan, presentándose en no pocos casos el fenómeno del carisma que se impone a una rígida como endeble institucionalidad partidaria. También se aprecia que la intensidad de las campañas negras puede ser contraproducente en un ambiente de hartazgo ciudadano que, por el contrario, reclama soluciones específicas y concretas para el gran cúmulo de problemas que se viven cotidianamente. Los intereses colectivos han terminado por imponerse, como lógica utilitarista del voto, a los incentivos selectivos que se concentran en unos cuantos beneficiarios del poder público; esto es, que la gente rechaza que “los mismos de siempre” sean los eventuales “ganones” de un proceso en el que figuran como padrinos o apoyadores tras bambalinas de los candidatos. La gente exige que quien la gobierne o represente se comprometa con ella y solo con ella.

     Es de resaltar, por supuesto, el hecho de que una gubernatura sea ganada por un candidato postulado por la vía independiente, así sea que sus antecedentes tengan que ver con una trayectoria de participación política partidista, como es el caso de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, en el estado de Nuevo León. En adelante, las dirigencias partidistas tendrán que sopesar el riesgo cierto de una grave división o dispersión de sus bases de apoyo si no se postula el mejor perfil que demandan los ciudadanos-electores, y no sólo un grupo de interés o de presión intra-partidista. Por supuesto que tendrá que revisarse el medio legal para flexibilizar este tipo de opción para los ciudadanos que no tienen ese antecedente político-partidista y, en general, las legislaciones locales para facilitar el ejercicio de esta figura.

     En cuanto a la composición camaral que surge en el plano nacional con la correlación de fuerzas partidistas que resulta de esta elección, se tiene un escenario en el que la mayoría de escaños son para el PRI, pero se trata de una mayoría relativa que solo podrá ser absoluta con sus aliados del Partido Verde y el Panal, situación que se antoja como de mayor encarecimiento de esos partidos satélites para vender caro su amor al PRI y, además, sobre todo del Verde, de seguir incurriendo en excesos y violaciones a la legalidad electoral, de allí que se insista en la necesidad de una enésima reforma electoral que corrija esos -y otros- entuertos. En el plano local, como sería el caso potosino, se presenta una situación similar, pero más complicada porque ni sumados los votos de esos aliados en el legislativo podría contarse con la mayoría absoluta, situación que obligará a un proceso de acuerdo y negociación política más equilibrado, esperando que sea para beneficio de una democracia que ha sido avasallada por el peso de una clase política rapaz como desmemoriada (por aquello de que pronto se les olvidan los compromisos que alguna vez hicieron con el pueblo).