Injusticia electoral

 Se dice que “justicia que no es dictada de manera pronta y expedita” no es justicia y esto aplica para todo tipo de procuración e impartición de ese valioso arte de “dar a cada quien lo suyo”, según la clásica definición de Ulpiano. Bueno, pues ahora resulta que la mesa encargada de impartir justicia electoral en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como “Trife”, después de un largo año y ocho meses resolvió que las denuncias formuladas por partidos de oposición al PRI por el uso de monederos electrónicos para comprar votos, los denominados casos Monex y Soriana, no tuvieron sustento y, con ello, se sienta un ominoso precedente de impunidad que, por supuesto, abre la puerta para que se repita ese novedoso clientelismo electoral en próximos procesos electorales.

     No hay por qué sorprenderse de este fallo del Trife, toda vez que después de la elección del 2012, el magistrado presidente de dicha mesa, Alejandro Luna Ramos, deslizara la célebre frase: “lo que no se ganó en las urnas no se puede ganar en la mesa”, prejuzgando sobre la calidad de los promotores de dicha inconformidad y enrareciendo el ambiente político, incluso con el riesgo de contribuir a una polarización social tan grave como la que ocurrió antes con la elección de 2006, cuando esa misma mesa del Trife incurrió en otra desafortunada postura pública al declarar que las elecciones presidenciales de ese año “fueron sucias, pero son válidas”. Como puede verse, se trata de un fallo que, bien podría argumentarse, estaría apuntalado en antecedentes graves que orientaron la decisión última de los magistrados, auspiciando la crisis de credibilidad actual de las instituciones electorales.

     La sentencia del Trife contribuye, sin duda, a mantener la desconfianza en las instituciones del Estado que se consideran, por “mandato de ley”, como “autónomas”, pero que en los hechos parecieran naufragar ante el embate de actores políticos diversos y hasta de poderes fácticos. Se fortalece la sensación de que nos encontramos inmersos en una regresión al viejo autoritarismo que se creía superado, pero que ha encontrado nuevos cauces de expresión para el control del poder político. El problema, entonces, ya no es tanto la incapacidad de aceptar la derrota en las urnas, como sugieren en descargo de sus cuitas algunos personeros del poder, sino la “forma” en la que se “ganan” las elecciones. Esa fórmula puede que aplique en democracias avanzadas, pero no en el caso nuestro porque nuestra democracia sigue plagada de recovecos legaloides y de intereses facciosos que socavan gravemente la legitimidad de sus resultados.

     Así las cosas, lo que se avizora como un grave riesgo para la endeble democracia mexicana es la extensión del comportamiento cínico y delictivo en materia político-electoral, toda vez que prevalece un ambiente de impunidad por parte de los actores políticos y se propicia que pueda darse “tormento a la ley”, estirarla tanto como sea posible, cuidando que no se reviente el hilo por lo más delgado; algo así como infringir “poquito” la legalidad, al punto que no sea considerado como un acto “determinante” para alterar el curso de las cosas, como también se pronunció así el Trife en el 2006, cuando ante la intromisión grosera y confesa del entonces presidente Vicente Fox para ponerle todas las piedrotas posibles a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, esa mesa del tribunal resolvió que, en efecto, el presidente violentó la legalidad, pero que no se trató de una ilegalidad “determinante” para influir en el resultado final de los comicios… a pesar de que, oficialmente, la diferencia de votos con Felipe Calderón fue de apenas el 0.57 por ciento. La pregunta, pues, allí seguirá: ¿qué, cómo y hasta qué punto puede ser “determinante” el uso faccioso del poder para favorecer una causa política, en detrimento de las demás? 

Definición panista

Pues vaya que fue un “final cardíaco” el de la elección interna del PAN potosino para definir a su candidato a gobernador. Luego de que no se pudo tener un ganador en la primera vuelta por mayoría absoluta y se tuvo que recurrir a contar los votos de la segunda vuelta “coincidente”, esto es, de los sufragios emitidos “el mismo día, en el mismo lugar y con la misma gente”, de acuerdo con el ejemplo del método uruguayo de elecciones, mejor conocido como “ley de lemas” (ley de partidos). Al momento de redactar esta colaboración, aún no se sabía quién, de entre Alejandro Zapata y Sonia Mendoza, se alzaría con la codiciada candidatura. La disputa por los votos de Mario Leal se manifestó en un prolongado ejercicio de conteo en la sede del comité estatal que, a no pocos militantes de ese partido, despertó desde confusión hasta suspicacia de que se pudieran estar manipulando cifras a favor o en contra de alguien.

     Esta suspicacia había sido ya sembrada con las denuncias públicas, antes de la jornada comicial, por parte de Mario Leal, quien se refirió a la presunta compra de conciencias al más viejo estilo clientelar que tanto ha cuestionado este partido a lo largo de su historia. Advirtiendo que se podría judicializar el resultado del proceso, Leal dejó la sensación de que no sólo era una manifestación de impotencia ante su eventual derrota, sino la terrible sorpresa por descubrir que, tras varios años de alejamiento de la grilla panista local, su partido podría estar cojeando de las mismas prácticas que se cuestionaban al viejo PRI. Tal parece que el ingeniero Leal Campos olvidó que en la democracia mexicana “hasta el más chimuelo masca rieles” y, más tarde o más temprano se puede terminar por sucumbir a sus “encantos”, a toda esa serie de movidas, tranzas, jaloneos, amagues y demás prácticas propias de una clase política nacional “sui géneris”.

     Sea quien fuere, entonces, candidato del PAN al gobierno potosino, tendrá que convencer a su militancia, primero, de que ganó en buena lid a sus adversarios. Luego, tendrá que convocar a la unidad partidista para enfrentar a un PRI que alardea de lo propio, aunque ande rondando el fantasma de la ruptura con alguno que otro de los diez que aceptaron, en principio, apoyar a Juan Manuel Carreras. También será relevante que ese candidato defina las coordenadas de su relación efectiva con los factores de poder dentro del panismo local y nacional, por ejemplo Marcelo de los Santos y Gustavo Madero, respectivamente, sin menoscabo de quienes representen intereses económico-empresariales de diverso rango e influencia. En suma, cerrar filas para competir en serio con un PRI que cuenta con un buen perfil de candidato y con la estructura electoral indispensable para tratar de retener el cargo. Todo esto, además, mientras se definen los candidatos de otros paridos que, igualmente, pueden ser competitivos si presentan credenciales aceptables. Dar la batalla político- electoral, pues, para beneficio de una ciudadanía que pueda tener alternativas más creíbles y confiables para la emisión de su voto por cualquiera de todos los partidos.

     Si gana Sonia Mendoza, será interesante pulsar el ánimo social que pueda concitar la posibilidad de tener una “mujer gobernadora”, formalmente, por supuesto, luego de que la maledicencia pública señala que ya se ha pasado, informalmente, por esa experiencia. Si gana Alejandro Zapata, será interesante ver hasta qué punto ha experimentado de las derrotas anteriores y se coloca como aspirante fuerte de un panismo tradicional que pretende superar, ya, el sobado peldaño de la “brega de eternidad”. En fin, será cuestión de horas más, horas menos, que se despeje la duda en el PAN; sea Sonia o sea Alejandro, se espera que contienda con dignidad por la silla estatal.  

Las señales de Calolo

Fernando Pérez Espinosa, mejor conocido como “Calolo”, se refiere a la definición de la candidatura a gobernador de San Luis Potosí por parte del PRI, como “una decisión de ellos”, como espetando que “allá ellos”, frase coloquial generalmente aceptada para indicar que no se comparte lo que otros hagan o dejen de hacer. Si esa frase se profiere en el contexto de un ambiente político favorable a la especulación y la rumorología, además de aderezarla con un refresquito bebido públicamente en compañía del dirigente de otro partido, como el licenciado Oscar Vera de Conciencia Popular, que no se anda por las ramas en busca de opciones que representen sus siglas en la contienda referida, pues ya puede uno imaginarse que, en efecto, se levante polvareda entre la clase política, por lo menos.

     No puede negarse que la alharaca que ha desatado el Calolo tiene que ver con el capital político que ha acumulado en su trayectoria como dirigente estatal del PRI en su momento y, luego, como aspirante de ese partido al gobierno de la entidad potosina. Lejos quedó ya la aspiración por disputar la alcaldía capitalina, toda vez que, después del paso de Victoria y Mario, aparece como una zona de riesgo para los priistas. En tal contexto, el Calolo no tenía más búsqueda que la silla estatal pero, “¡lástima Margarito!”, no contaba con que al gobernador Toranzo difícilmente se le olvidaría el agravio, menor pero al fin agravio, de permitir que uno de sus camaradas lo destapara tempranamente como uno de los aspirantes a ese cargo. En ese entonces, la reacción del médico fue desproporcionada pero marcó el veto del Calolo.

     Como en política priista “la forma es fondo”, según la críptica frase lanzada por Jesús Reyes Heroles, vino después el juego de la presunta unidad de los once aspirantes al cargo del doctor, pero ya es del dominio público que la ausencia del Calolo en el acto en que se presentó a Juan Manuel Carreras, como candidato del CEN del PRI, se tuvo más como fantasmal amenaza de ruptura que de confirmación plena del acuerdo partidista. El aderezo que sacó de onda y puso más leña a la hoguera de la especulación corrió a cargo del propio presidente nacional priista, César Camacho, cuando sin decir “agua va”, restregó a la militancia: “¿a poco están tristes?”. Al paso de los días, la molestia que se supone tiene Calolo, de acuerdo con la lectura entre líneas de las reglas no escritas de la ortodoxa disciplina priista, es más que manifiesta.

     Después del refresquito con el licenciado Vera, Calolo apareció sonriente con el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, y ni modo que se tratara de seguir con el periplo para sólo tomar cafecito con dirigentes de partidos que, hasta el momento, no han definido a sus candidatos a la gubernatura potosina. El rumor de que Calolo podría ir como candidato del PRD a la gubernatura también ha crecido en  la medida en que a Eugenio Govea se le ha complicado que lo acepten las bases perredistas locales, llegando a lo sumo a que lo ubiquen, hasta el momento, como “perfilado”… a medias. Sin embargo, es previsible que el CEN del PRD asuma la determinación de sostener a Govea y, entretanto, contribuir a que Calolo amague con irse del PRI (aunque diga lo contrario) si es que no le ofertan otra candidatura que no puede ser más que una diputación plurinominal federal.

     En fin, los tiempos de la definición para el PRD se agotan y tendrá que resolverse ya si se va con melón o con sandía; el asunto es dilucidar si con alguien que viene del PRI o con alguien que tiene su origen en el PAN es posible encauzar una propuesta de izquierda que sea interesante y atractiva para un electorado que hoy se encuentra desencantado por tantos desaciertos de la clase política en general. No es la primera vez que el PRD compite con candidatos externos, pero sí en situación de crisis agravada por la salida de figuras con un peso político indudable, así como por la “vendetta” desplegada en el plano local. En suma: ¿está echada la suerte de Calolo? Quién sabe, sólo él podrá decir, en breve, si cruzó el pantano para no voltear atrás.