Un atraco más

Lo dijo el Inspector Caltzontzin en la célebre película del mismo título: “si siguen así, pronto van a retirar al pueblo a la  vida privada”. En efecto, en México el proceso de privatización de lo que se conoce como “la cosa pública” sigue su curso sin mayores sobresaltos. Es el sello del modelo neoliberal de acumulación de capital, implantado desde principios de los años 80´s y que, tal parece, no acaba de agotarse para dar paso a una reorientación económica distinta. Por el contrario, día con día se sigue despojando a la nación de sus riquezas materiales, y ya metidos en gastos hasta espirituales.

     Paul Krugman, premio nobel de economía 2008, ha sido más que claro en una declaración vertida ante empresarios mexicanos, recientemente: “la gente se cansó de esperar el milagro mexicano”, aludiendo a una incapacidad crónica de  nuestra economía para crecer a tasas aceptables durante esos más de 30 años en que se liberalizó el mercado y se orientó la producción al exterior, ironizando sobre las causas que pudieron llevar a esa incapacidad gubernamental: “sólo Dios sabe”.

     No hay necesidad de ir tan lejos o tan arriba para aventurar el porqué de ese rezago estructural de nuestra economía nacional. Sabido es que ese modelo de acumulación de capital, orientado al exterior, fue impuesto por las políticas especulativas y depredadoras de los grandes corporativos trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en una época en la que el modelo expansionista y de re-estructuración internacional del capital estaba encontrando fuertes limitaciones, allá por mediados de los años setenta.

     Como nuestros gobiernos suelen ser “más papistas que el Papa”, la presión para que se fuera transitando a un régimen económico anclado en la privatización de los bienes y empresas del Estado mexicano se alcanzó sin mayores problemas a partir del régimen de Miguel de la Madrid y llegó a su punto culminante con el sexenio de Carlos Salinas, cuyo gobierno suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para abrir más el comercio de bienes y servicios con esas poderosas economías, pero de manera asimétrica y desventajosa para nosotros.

     Luego, con los sucesivos gobiernos de priístas y panistas, el proceso de privatización se ha venido acelerando, llegando al punto actual en el que las famosas reformas estructurales han tocado bienes que se consideraban el último reducto de nuestra soberanía, como en el caso del petróleo. Sin embargo, el actual gobierno federal “en el pecado ha llevado la penitencia” porque apostó a reactivar el crecimiento económico a partir de las grandes inversiones extranjeras que en materia de hidrocarburos se esperaba que se sucedieran en el corto plazo, sin considerar que los vaivenes en el precio internacional del petróleo tendrían un impacto negativo inesperado que ha propiciado recortes severos en el gasto público.

     De todos modos, la naturaleza del actual modelo económico prescribe que debe seguir adelante la privatización de lo que queda del patrimonio nacional y así, no es de extrañar que, por ejemplo, en un video que circula profusamente en internet, a una chica que se pone a la sombra de una palmera en una playa mexicana se le detenga de inmediato por la fuerza pública, porque dizque se trata de un bien privado. A ese paso, no quedará más que asolearse en la azotea de tu casa.

     Pues bien, ahora sigue la privatización del agua, la limitación de ese recurso vital a un consumo mínimo personal de 50 litros diarios, volumen que ni siquiera en el plano internacional se acepta porque atenta contra un derecho humano esencial, tal y como se ha planteado en una iniciativa del gobierno federal que, por lo pronto, se ha detenido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, gracias a la presión de amplios sectores de la sociedad que se oponen a ese nuevo atraco.

      Empero, esa iniciativa es previsible que siga su curso en las próximas semanas, toda vez que se trata de crear las condiciones para la extracción de hidrocarburos a través del método conocido como “fracking” o fracturación hidráulica y que requiere de grandes volúmenes de inyección de agua, así como para hacer grandes negocios con la prestación del servicio por parte de inmobiliarios y otro tipo de empresarios venales que han puesto el ojo en la explotación comercial del vital líquido para fines estrictamente de lucro personal. Por tanto, un atraco más a la sociedad mexicana se va dibujando en el horizonte y es previsible una nueva disputa por la nación en un futuro no muy lejano, porque si ya van hasta por el agua, pues… ¿ya que otra cosa resta esperar de quienes dicen cuidar los intereses de la población?

Si Colosio viviera…

Un aniversario más de la violenta muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta se cumplió este 23 de marzo. Como para documentar el pesimismo respecto de la necesaria regeneración de la vida pública nacional, y en especial de la clase política que se caracterizado por el abuso de prácticas que denigran a las personas, el PRI nacional, a través de su comisión de justicia partidaria, resolvió no expulsar de sus filas al distinguido ex-dirigente de ese partido en el Distrito Federal, el conocido como “rey de la basura”, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

     Las palabras que se han vuelto severo recordatorio de la condición social mexicana, expresadas por el malogrado político sonorense en aquel discurso del 6 de marzo de 1994, siguen vigentes, como taladrando los oídos de esa clase política que, empero, como sintetizó Carlos Salinas en su momento, no escucha ni ve los reclamos de la gente inconforme. “Veo un México con hambre y sed de justicia”, dijo Colosio en alusión al espejismo de la cacareada modernidad que ofrecía Salinas y que había reventado como burbuja el primero de enero de ese año con el levantamiento indígena en Chiapas.

     Evidentemente, la visión de Colosio estaba más allá de las broncas internas que en el PRI se vivían por el (des)control de la sucesión presidencial. Su reclamo al propio sistema político tenía que ver con lo que se conoce como “justicia social”, como reivindicación de la dignidad de las personas, empezando por revertir su condición de parias, de excluidos por siempre de cualquier posibilidad de progreso material y espiritual. El dedo en la llaga de un sistema político agotado tendría consecuencias graves para la estabilidad del país. El crimen político sentó sus reales y la economía se fue a pique a fines de 1994 (“error de diciembre”, decían).

     Ahora, la dirigencia nacional priista, a propósito del caso Gutiérrez de la Torre, se afana en explicar que es un ejemplo de que “no se actúa por consigna” a la hora de aplicar las normas internas de justicia partidaria. Claro que no se actúa por consigna, faltaba más. A Salinas decían que lo expulsarían por andarle jugando contras a Ernesto Zedillo y por toda la secuela de escándalos en que sumió al PRI, entre ellos la sospecha de que desde su círculo de intereses económico-políticos habría salido la orden para sacrificar a Colosio (recuérdese el vocerío que incriminaba a Salinas cuando se apersonó para una guardia de honor en el recinto… del PRI).

     Gutiérrez de la Torre seguirá siendo rey en su feudo porque el imperio que forjó, al amparo del poder político, resulta indispensable para fortalecer las “fuerzas vivas” (así sea que a veces de pasen de ídem) del PRI en el Distrito Federal y, por eso, hasta la madre de este personaje ha sido puesta en los primeros lugares de las listas de diputados plurinominales del partidazo. Tal parece que el escándalo de la presunta red de prostitución auspiciada por este personaje es cosa menor, bajo el supuesto legaloide de que no hay “imputaciones directas”, sino tan solo “voces anónimas”, o séase, como ahora se dice, el tal Gutiérrez “no está imputado”… al contrario, seguramente feliz.

     Cecilia Soto, ex-candidata presidencial del PT en 1994, dijo recientemente que “si Colosio viviera, reprobaría la conducta de Cuauhtémoc Gutiérrez”, siendo seguida en esa apreciación por otras respetables damas priistas como María de los Ángeles Moreno. Se dice que “el hubiera no existe”, pero es dable imaginar que este país pudo tener otro derrotero si no se hubiese ultimado a Colosio. En todo caso, queda como un legado que debiera ser tenido como ejemplo de conducta su referencia a la “cultura del esfuerzo”, que ahora muchos políticos reivindican como presunta mística que guía la trayectoria de sus vidas, pero pocos honran en el ejercicio del poder, así como la indignación por seguir en un México con hambre y sed de justicia.

Racismo y política

En los albores del siglo XX, el periodista gringo John Kenneth Turner viajó a México para realizar un reportaje sobre las terribles condiciones de explotación que padecían los indígenas reclutados para trabajar en los campos henequeneros de Yucatán y tabacaleros de Valle Nacional, Oaxaca. En su libro, “México Bárbaro”, describe crudamente la situación de esclavitud y barbarie que padecía la población indígena a manos de los grandes latifundistas y hacendados, protegidos, a su vez, por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Turner pudo comprobar que la esclavitud existía en nuestro país, no sólo como condición de explotación laboral, sino también como práctica racista y discriminatoria.

     Casi al finalizar el siglo XX, cuando se decía que estábamos en el “primer mundo”, un levantamiento armado de campesinos indígenas neo-zapatistas en Chiapas puso nuevamente en evidencia el persistente olvido de ese sector de la población por parte del poder público, desencadenando una amplia movilización social pacífica para reivindicar sus derechos ancestrales a la autonomía de sus territorios y de sus tradicionales modos y medios de vida, libres de la explotación indiscriminada de los señores del capital. Aunque se avanzó en ese reconocimiento, quedó claro que la esclavitud, embozada, persiste en economías regionales que descansan en la expoliación de la mano de obra indígena y campesina.

      Para no llamarnos a sorpresa, en los inicios del siglo XXI, la clase política que nos gobierna o representa aún se da el gusto de practicar el más indignante trato discriminatorio hacia la población indígena y campesina del país. Así, resulta que un diputado federal panista potosino (Alejandro Flores), acusa a un presidente municipal priista (Vicente Segura, de Tamasopo) de pretender “comprar indios para el PRI” (precisando que así se refirió el susodicho alcalde), en alusión al uso de clientela político-electoral que se le podría dar a esa eventual compra de votos en favor de un partido. Lo que llama la atención no es la indignación que podría mostrar el panista con el sentido discriminatorio de la declaración atribuida al priista, sino el presunto acto de delincuencia electoral.

     Según el diputado panista, ante el riesgo de que el alcalde priista actúe con marrullerías electoreras, “se procederá a la defensa jurídica y política” de los intereses de su partido, denunciando ante organismos electorales y la “Fepade” (Fiscalía especializada para atención de delitos electorales) el uso de recursos públicos para favorecer al PRI. Vaya con el diputado: descubre que la discriminación étnica existe, pero le ofende más que pudieran hacerle “chanchullo” a su partido con prácticas indebidas. Si ese riesgo de violentar la legalidad electoral se presenta, se debe denunciar ante las instancias correspondientes -y ante la opinión pública, por supuesto-; pero más grave resulta el trato discriminatorio que, reconoce tácitamente, se hace de un sector de la población por su condición étnica y, por añadidura, pobre, como objetos que pueden comprarse -y desecharse- para fines electoreros.

     No hace mucho se acusaba a ciertas juventudes panistas de reivindicar el nazi-fascismo y se tuvo que aclarar que se trataba de un comportamiento excepcional de algunos militantes “más papistas que el Papa”, adoctrinados en tendencias ultraconservadoras que ya hasta un panista tradicionalista como Germán Martínez pide que sean desterradas de ese partido, como en el caso del famoso como emblemático “Yunque”. Seguramente, el diputado Flores tratará de aclarar que su denuncia fue mal interpretada, que solamente quiso advertir de prácticas electoreras indebidas, pero tendrá que aceptar que cayó, tal vez de manera inconsciente, en el enredo de un discurso que se ha vuelto propio de cierta clase política, esa que se siente como hecha a mano, distinta y superior del resto de la gente que representa o gobierna, que discrimina al prójimo hasta porque le da la gana. En fin, el racismo y la política en México, por desgracia, aún caminan de la mano.

Soberanía herida

Pues ahí tienen que, una vez más, como ya se ha vuelto costumbre, los representantes de nuestro (des)gobierno mexicano corren presurosos a ponerse a las órdenes del gobierno estadounidense, ahora promoviendo, abiertamente, que personal gringo, adscrito a las oficinas de aduanas y migración establecidas en territorio mexicano, puedan portar armas, dizque para cumplir eficazmente con sus tareas. Para tal efecto, el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de enviar al Senado mexicano una iniciativa de reformas a la “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, tal vez partiendo del hecho cierto que, de todos modos, siempre ha ocurrido así por acá con los agentes de las más diversas agencias de seguridad estadounidenses, como la emblemática CIA y, por tanto, no habría de qué espantarse. El problema, empero, no radica solamente en ese hecho, sino en la forma en la que, reiteradamente, se vulnera el espíritu de presunta independencia (soberanía) que debería caracterizar la política exterior mexicana.

     Desgraciadamente, desde hace muchos años que nuestra política exterior ha dejado de lado los principios rectores que le valieron respeto internacional y hasta el reconocimiento de cierto liderazgo regional en América Latina, principios consagrados en el artículo 89, fracción X de la Constitución General de la República, pero cada vez más burlado por nuestra propia clase política gobernante. En dicho artículo y fracción se establece que “el titular del poder ejecutivo federal observará, en la conducción de la política exterior, los principios normativos de: autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. Todo un catálogo, pues, de facultades y obligaciones para el Presidente en turno.

     Con Vicente Fox se llegó al vergonzante extremo de suplicarle al representante de otro gobierno que se sometiera a los caprichos del gobierno estadounidense, el famoso “comes y te vas”, cuando Chente le pidió al presidente de Cuba, Fidel Castro, que se retirase de una Cumbre Iberoamericana celebrada en México para no molestar a George Bush, provocando que, luego, Fidel exhibiera a Fox como vulgar limpia-botas de los gringos, en un episodio que aún se recuerda como ejemplo de indignidad grave mostrada por el gobierno mexicano. Con Calderón, ya se sabe que el combate al crimen organizado fue el pretexto ideal para que se acentuara el intervencionismo del gobierno gringo en la re-orientación de la política de seguridad mexicana, más con miras a fortalecer el trasiego de armas que a prevenir el trasiego de drogas, como quedó evidenciado con el famoso operativo “rápido y furioso”.

     En suma, lo que plantea ahora el gobierno de Peña Nieto confirma lo que ya es de todos conocido como experimentado: la declinación de nuestra soberanía frente a los intereses del gran capital trasnacional, cuestión que se ha querido justificar como de “inevitable” inserción de nuestra economía en la “globalidad”, so pena de quedar aislados de una modernidad que, visto está, no respeta fronteras… ni carteras. El famoso modelo neoliberal, que proclama como “natural” que las economías subdesarrolladas, como la nuestra, tengan que abrirse a los embates depredadores del capital externo para poder integrarse a un mercado mundial en el que jugamos, en el mejor de los casos, como socios menores de las grandes potencias imperialistas que, como la estadounidense, hieren sin el menor empacho nuestra débil soberanía, esa capacidad que, no hace mucho, se tenía como el poder de disponer, libremente, de la riqueza producida. Permitir que agentes estadounidenses anden armados en México, “como Juan por su casa”, es la descripción más gráfica de una condición de minusvalía política que padecemos hace ya rato.