Los agachados

 Así podrían ser identificados, sin mayores sobresaltos, la mayoría de nuestros diputados locales, luego de negarse a citar al gobernador formal, Fernando Toranzo, para que comparezca ante esa “soberanía” a explicar tanto desmadre bien organizado que se ha desatado en los últimos meses en el ejercicio de su mandato. Ciertamente puede no haber disposición legal que obligue a llevar al gobernante, “a chaleco”, al Congreso potosino, sino que tendría que ser consecuencia de un “arreglo” entre los representantes de ambos poderes para que se pudiera dar un diálogo público con respecto a los distintos ejes temáticos del contenido del quinto informe sobre el estado que guarda la administración pública en la entidad potosina. Sin embargo, ante el momento político que se vive en el país, con el distanciamiento evidente entre gobernantes y gobernados, muy saludable sería que la “autoridad” se mostrara con la mejor disposición para escuchar, ya no digamos los reclamos de la sociedad potosina, sino a sus “representantes populares”. Pero sucede que la negativa no vino del gobernador, sino de los propios diputados que, una vez más, enseñaron el cobre, ahora con los más absurdos como ridículos pretextos.

     Para empezar, tenía que ser el diputado Crisógono Sánchez quien pusiera el dato jocoso: este legislador justificó esa negativa a citar al “gober”, dizque porque sería tanto como ofender su investidura si no se le dispensara un trato servil y obsequioso de parte de los “anfitriones”. Como ya se sabe que en “casa del jabonero el que no cae resbala”, pues ni para qué arriesgarse a que la fueran a regar, mejor “calladitos se ven más bonitos”. No faltó algún otro legislador de “oposición” que insistiera en que sería un ejercicio inocuo ese pretendido dialogo entre poderes, porque para disipar dudas están los secretarios del gabinete torancista y con eso basta para cumplir con la bendita legalidad. El remate vino de la bancada priísta, donde se atrevieron a ver “moros con tranchete”, acusando a quienes promueven ese tipo de ejercicios democráticos de algo así como “pretenciosos y protagónicos”, en clara alusión al promotor de esa propuesta, el diputado Eugenio Govea, quien mejor debería de ir pidiendo la comparecencia de Peña Nieto, según el decir de doña Rosa María Huerta, coordinadora parlamentaria del PRI, como para que se vea que dicho legislador anda alborotando la gallera nomás porque sí.   

     Con todos estos desfiguros que cometen nuestros legisladores, ocurre que buena parte de la “vox populi” procede a caracterizarlos como “agachones”, como dispuestos a doblar la cerviz frente al titular del poder ejecutivo. Una derivación cómica de ese tipo de comportamiento político-institucional, muy propio de cierta clase política, como la que bautizó y recreó el caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido como “Rius”, con la célebre revista “Los agachados”, sucesora de “Los supermachos”, donde se pueden encontrar los personajes detentadores del poder político típicos de una sociedad como la nuestra: sumisos hasta la ignominia con el de más arriba y abusivos a lo cañón con el de más abajo, en una perversa distorsión de la jerarquía del poder “a la mexicana”. Sucede, pues, que nuestros agachados legisladores allí están, más frescos que una lechuga y puestos a lustrar los zapatos del titular del poder ejecutivo, no sea que se vaya a molestar y termine por torcerles el brazo en sus aspiraciones políticas inmediatas, toda vez que, si bien es poco probable que influya en su propia sucesión, es posible que sí lo haga en otros cargos menores y, ya se sabe, en política no es lo mismo lo posible que lo probable.

     En la cultura popular mexicana, cuando se habla de “agachados”, también suele hacerse referencia a los comedores propios del pueblo, como esas taquerías donde pueden degustarse exquisitos tacos de buche, hígado, maciza, sesos y demás partes anatómicas del animal sacrificado para ese fin; lugares en los que la clase política de “alto pedigrí” suele acudir con cierta vergüenza o a hurtadillas como para que no se le confunda con la “chusma”. Generalmente, nuestros agachados diputados no se aparecen por esos lares, excepto cuando andan en campaña, como para que se vea que sí tienen roce con el populacho y comparten hasta sus gustos culinarios. Como puede verse, la referencia incluso alimentaria permite ubicar a nuestra clase política como caracterizada por sus moditos de conducirse con respecto de la sociedad mexicana a la que dicen servir y representar. Ni una cosa ni la otra, simplemente se trata de aparentar que están con la gente, aunque realmente abominen de ella y, si se puede, hasta ponerse en contra de ella. Eso sí, con el superior jerárquico, políticamente hablando, están prontos a dar las gracias. Ni modo, así son, agachados y agachones, con sus muy contadas excepciones (verso sin esfuerzo), claro está.    

       

Revocación de mandato

El conflicto socio-político provocado por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la errática conducción del gobernador de esa entidad federativa, Ángel Aguirre, plantean la necesidad de considerar ya, seriamente, la instrumentación jurídica plena a de la “revocación de mandato”; esto es, de la posibilidad de la destitución de un mal servidor público de elección popular, mediante la consulta a la ciudadanía. En el caso que nos ocupa, resulta hasta de mal gusto, cual broma trágica, que el gobernador Aguirre haya solicitado al INE (Instituto Nacional de Elecciones) que le “organizara” una consulta revocatoria, a sabiendas que dicho organismo electoral se negaría, toda vez que no existe regulación específica para esa situación y nuestras autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Con tal negativa “institucional”, el gobernador Aguirre pudo hasta presentarse como un servidor público “responsable”, al poner sobre la mesa su “renuncia” si el pueblo se lo pidiera… por el camino de una legalidad tortuosa que, ya sabemos, no siempre es el camino que lleva a la justicia.

     Por el contrario, la clase política que detenta el control de las principales fuerzas partidistas salió a la defensa de uno de los suyos, “argumentando” que más importante que esa “renuncia” del gobernador es la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos, practicando una vez más el “arte de mentir, incluso con la verdad” (Pablo González Casanova, dixit), toda vez que, ciertamente, lo más urgente es encontrar con vida a los normalistas desaparecidos, pero eso no se opone a que un gobernador tan cuestionado se haga a un lado para, por lo menos, facilitar la suma y coordinación de esfuerzos en ese propósito. El PRI lo quiere en su cargo para que siga desgastando al partido en el poder de esa entidad federativa, léase el PRD; mientras que éste partido también lo arropa porque sería dejar la puerta abierta para perder por anticipado el poder en ese estado. El PAN, por su parte, también tratando de sacar raja del conflicto, pide la desaparición de poderes, abominando de la ingobernabilidad y la violencia que han escalado en Guerrero, olvidando que con Calderón se hizo lo propio en el país entero.  

     Ahora, las dirigencias partidistas se ponen también en el plan de lavarse la cara, ofreciendo revisar con cuidado las trayectorias y antecedentes de sus próximos candidatos a cargos de elección popular, dizque para evitar que se cuelen personajes que luego resultan “non gratos”, pero nada dicen de promover que se regule la revocación de sus mandatos. Se trata de que siga siendo una minoría política la que resuelva, de manera burocrática, sobre la responsabilidad del mal ejercicio del poder público y no de que la mayoría social ejerza de manera continua su poder para calificar -y castigar- anticipadamente, el mandato que ha depositado en un servidor de elección popular. Un ejemplo claro de cómo se las gasta nuestra clase política para desentenderse de estas cosas, es lo que recién ha ocurrido en la entidad potosina, cuando en el colmo de la burla y el cinismo, la mayoría de los diputados locales se atrevieron a proponer una iniciativa para otorgarse sus  pensiones por los invaluables servicios prestados a nuestra patria chica. Como ya es el sello de la casa, pronto recularon de su despropósito. Eso sí, ni pensar en andar legislando sobre cosas raras, como la tal revocación de mandato.

     Este desliz en que incurrieron nuestros legisladores locales es la típica forma en que se manifiesta esa “democracia totalitaria” de que hablaba Juan Jacobo Rousseau, cuando consideraba que “una ley es tal sólo para quien la haya hecho o la haya aprobado, para todos los demás será un mandamiento o una orden”, en tanto que “el pueblo cree que es libre, pero se encuentra encadenado por todas partes”, en alusión al engaño que resulta de considerar que el mandato que se otorga, “libremente”, a quien representa los intereses del ciudadano, termina en el acto mismo de sufragar, de emitir el voto cada cierto tiempo, por lo demás. Ya no digamos que, también, comúnmente se confunde ese mandato con “delegación” del poder ciudadano. Por tanto, ¿cómo esperar que nuestros representantes populares se pongan a legislar sobre la revocación de mandato? “Ni que no fueran tan penitentes”.

     Volviendo al caso del conflicto en Guerrero: el gobernador tendrá que irse, más temprano que tarde, porque la clase política no puede darse el lujo de estirar más la cuerda de la irritación social, sin correr el grave riesgo de que se reviente con consecuencias aún más graves para todo el país. Es el momento, pues, de exigir que, entre otras cosas, se cumpla con el derrotero democrático que dicen impulsar, incluyendo ya la revocación de mandato para sancionar el mal ejercicio del poder público, practicando el arte de “mandar, obedeciendo”.

Vacío de poder

Así ha sido caracterizado el gobierno de Fernando Toranzo por su propio hermano Martín, luego del incidente que denunció, pública y legalmente, relacionado con la presunta extorsión que le hiciera el vocero del gobierno estatal, Roberto Naif, para que no se desatara un “escándalo mediático” por la supuesta “mochada” que, a su vez, obtendría el ahora funcionario federal con licencia por su mediación en la asignación de un contrato a una empresa denominada “Technodren”.

     El escándalo se hizo de todos modos y, más allá del incidente de los dimes y diretes propios de este tipo de “chismarajos” -que, por cierto, dizque podrían ser investigados por la autoridad encargada de “procurar justicia”-, lo que queda de esos lodos es la demoledora calificación del gobierno que le toca encabezar a don Fernando, habida cuenta que, además, se sugiere que se trata de un “triunvirato” el modo en que se distribuye el ejercicio del poder público local, siendo precisamente la parte que le toca al médico Fernando la que no se ejerce como debiera, la del “gobierno formal”.

     Sin embargo, tal parece que esto último no hace gran mella en el ánimo del gobernador formal, porque ese estilo parece ya muy propio de la entidad potosina y se dice que lo mismo ocurre en la presidencia municipal capitalina, donde se rumora que hay tres alcaldes: el que gobierna la zona poniente de la ciudad, otro que gobierna el centro histórico y uno más al que se le hace bolas el engrudo con las obras de la avenida Muñoz. ¿Será?

     Casualmente, en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto se alarmó y reconoció que en México hay regiones con “vacíos de autoridad” que propician la complicidad de gobernantes y delincuentes, en referencia evidente al caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Por supuesto que no se trata de extrapolar ese discurso de manera arbitraria para aplicarlo al caso potosino, porque además hay que guardar -hasta donde se pueda- las proporciones; sin embargo, no deja de llamar la atención que desde el gobierno federal se acepte que en buena parte del país hay autoridades locales, léase gobernadores y presidentes municipales, que pudieran verse rebasados por otro tipo de poderes fácticos.

     Por tanto, lo que se advierte es que el gobierno federal apretará las tuercas donde haya necesidad, a ver si, por lo pronto, con la llamada de atención basta para que pongan sus barbas a remojar quienes pudieran tratar de ponerse el saco. Más rápidos que un rayo, quienes pareciera que sí tomaron a pie juntillas ese rollo presidencial fueron los panistas de casa y le pusieron el saco al doctor Fernando Toranzo, por lo que ya hasta lo imaginan tras las rejas, una vez que haya concluido su mandato (Pulso, 13 de octubre de 2014).

      Así las cosas, el mentado “vacío de poder” o de “autoridad”, que en estricto sentido no es lo mismo, se refiere, por lo que se ha expuesto en todo este escándalo, a la ausencia de mando por parte del gobernador formal de la entidad potosina, el doctor Fernando Toranzo, dejando que metan manos y pies diversos personajes que han terminado por abollarle el cargo. Por supuesto que se trata de un vacío de autoridad o de mando político en el sentido en el que lo planteaban algunos de los clásicos de la teoría política, como la incapacidad para convertir a los disidentes, inconformes o renegados de su gobierno en participantes, sobre todo si se trata de sus colaboradores cercanos, ya no digamos de los ciudadanos en general, cuyo consentimiento es la fuente primera y última de tal “autoridad”.  

     Pero ya sabemos que para no pocos de los personeros del poder público, la fuente de autoridad ya no deriva del ciudadano que le ha delegado o encomendado ese poder, sino de sí mismo (lo que el filósofo Enrique Dussel denomina como “la corrupción originaria de lo político”), llegando entonces al extremo del ejercicio autoritario del poder, ese que implica dejar de lado el consentimiento de los demás para asumir que sólo -y a solas, o con los incondicionales- mediante la manipulación de otros recursos de dominación, como el de la coerción o la información, es posible legitimarse en el ejercicio de un cargo público. En ese riesgo andamos, como sociedad, cuando se materializa un vacío de autoridad o de poder como el que se ha denunciado que se padece en la entidad potosina.

     Finalmente, si todo esto ocurre apenas cuando se anda alborotando la gallera por la sucesión gubernamental del propio doctor Fernando Toranzo, la pregunta que salta inevitable es: ¿qué más seguirá? No es una pregunta ociosa, en virtud de que, hasta el momento, la autoridad gubernamental cuestionada ha guardado comprensible como prudente silencio; empero, más temprano que tarde tendrá que hacer los deslindes y aclaraciones institucionales del caso, so pena de que pueda cundir el mal ejemplo.  

Estado de Chueco

Cuando nuestros gobernantes se llenan la boca masticando el verbo de que “vivimos en un Estado de Derecho”, no queda más que “la-mentarles la máuser” por tamaño desparpajo. Fieles a la recomendación del viejo régimen, esa clase política que dizque nos representa, gobierna o imparte justicia, se atreve a seguir viéndonos la cara de sus “penitentes”. Ya se sabe que cuando quieren decir no es que sí, y cuando dicen que sí es que no, tan sencillo y complejo como eso. Los botones más recientes de la amplia muestra allí están, en todos los niveles de (in)competencia: en el plano federal con el regreso de la “guerra sucia” y, a nivel local, con episodios que rayan hasta en lo grotesco con la actuación de “jueces de consigna”. Por eso, cuando se oye hablar de “Estado de Derecho” no poca gente reconoce tener ni pulcra idea de lo que eso significa. Antes bien, como generalmente se entiende que la palabra “derecho” indica lo que es recto, intachable, de una sola pieza, sin dobleces, entonces la acepción común identifica lo contrario como algo “chueco”, de allí que, más bien, se tienda a interiorizar lo que implica esa conjunción de términos “Estado” y “derecho” como “Estado de chueco”, como el torcimiento de la legalidad que, se supone, encarna el “Estado”, esa forma de estar organizada, política y jurídicamente, una sociedad determinada.

     En nuestro “Estado de chueco”, por tanto, hoy tenemos la reedición del viejo régimen político que el escritor Mario Vargas Llosa bautizara como “la dictadura perfecta”, en alusión a esa capacidad que tiene el Estado mexicano para simular que se conduce como garante de la legalidad en todos sus ámbitos de aplicación, al tiempo que despliega los más diversos como deleznables medios para desentenderse de ella. De allí la paradójica manifestación de operar con mano suave en el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, al extremo de que hasta es aplaudido el actuar del secretario de gobernación, mientras se evade la responsabilidad “de Estado” en el grave como trágico episodio de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Ese poder “que se pone por encima de la sociedad hasta volverse en contra de ella”, decía Federico Engels en su clásico “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, tal es la muestra persistente de la característica específica de todo Estado moderno y, en particular, de nuestro peculiar “ogro filantrópico” (Octavio Paz, dixit). En efecto, nuestro “estado de chueco” tiene siempre preparado el garrote por si los demás componentes de su dominación social resultan inocuos (léase recursos ideológicos, de información, propaganda, asistenciales, etcétera).

     En cuanto a la procuración e impartición de justicia, en nuestro peculiar medio, qué se puede decir que no se tenga por sabido y experimentado por cualquier ciudadano. La percepción más generalizada es la de que siempre anda coja, con un tortuoso andar que sirve a los intereses del mejor postor y de quienes detentan el control del aparato estatal, de allí que hasta se haga mofa de su vulnerable condición cuando el poderoso afirme que “entre más coja, mejor”, aludiendo a las ventajas de ese prostituido deambular. En fin, lo que interesa destacar es que, lamentablemente, los polvos de los viejos lodos del autoritarismo característico del viejo régimen político siguen presentes. Parafraseando a “El Buki”, es obligado preguntarnos: ¿adónde vamos a parar? Quisiéramos pensar que el próximo proceso electoral de 2015 es una magnífica oportunidad para que el pueblo someta a referéndum el ejercicio de gobiernos y representaciones políticas incumplidos hasta con su propia palabra, relegándolos al basurero de la historia, empero, por lo menos al día de hoy.

       Siguiendo el método engelsiano de analizar por separado los polos de una relación terminológica, para luego concentrarse en las implicancias de su conjunción, habría que tener en cuenta que cuando se habla de “estado y derecho”, se da por sentado que no se trata de oponer los términos, sino de su feliz concatenación: ni uno subordinado al otro, mucho menos el uno sin el otro; en todo caso: ambos dos, como dicen que dijo un tal Gali-Matías, esto es, que “Estado sin derecho” es tanto como fuerza sin ley, arbitrariedad del poderoso, en tanto que “derecho sin Estado” implica el caos, el juego de todos contra todos sin control; por tanto, lo deseable: Estado y derecho. El problema, ahora, es que ese “y” que los une ha borrado las fronteras específicas de cada cual, al extremo de que la gente perciba que los personeros de lo derecho y de lo chueco son los mismos. Revertir el “estado de chueco” en que nos encontramos es el reto socio-político más formidable que los ciudadanos tenemos en el futuro inmediato, es decir, en el próximo proceso electoral, distinguiendo del alud propagandístico y publicitario a quienes puedan echarse ese trompo a la uña.