martes, 7 de octubre de 2014

Estado de Chueco

Cuando nuestros gobernantes se llenan la boca masticando el verbo de que “vivimos en un Estado de Derecho”, no queda más que “la-mentarles la máuser” por tamaño desparpajo. Fieles a la recomendación del viejo régimen, esa clase política que dizque nos representa, gobierna o imparte justicia, se atreve a seguir viéndonos la cara de sus “penitentes”. Ya se sabe que cuando quieren decir no es que sí, y cuando dicen que sí es que no, tan sencillo y complejo como eso. Los botones más recientes de la amplia muestra allí están, en todos los niveles de (in)competencia: en el plano federal con el regreso de la “guerra sucia” y, a nivel local, con episodios que rayan hasta en lo grotesco con la actuación de “jueces de consigna”. Por eso, cuando se oye hablar de “Estado de Derecho” no poca gente reconoce tener ni pulcra idea de lo que eso significa. Antes bien, como generalmente se entiende que la palabra “derecho” indica lo que es recto, intachable, de una sola pieza, sin dobleces, entonces la acepción común identifica lo contrario como algo “chueco”, de allí que, más bien, se tienda a interiorizar lo que implica esa conjunción de términos “Estado” y “derecho” como “Estado de chueco”, como el torcimiento de la legalidad que, se supone, encarna el “Estado”, esa forma de estar organizada, política y jurídicamente, una sociedad determinada.

     En nuestro “Estado de chueco”, por tanto, hoy tenemos la reedición del viejo régimen político que el escritor Mario Vargas Llosa bautizara como “la dictadura perfecta”, en alusión a esa capacidad que tiene el Estado mexicano para simular que se conduce como garante de la legalidad en todos sus ámbitos de aplicación, al tiempo que despliega los más diversos como deleznables medios para desentenderse de ella. De allí la paradójica manifestación de operar con mano suave en el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, al extremo de que hasta es aplaudido el actuar del secretario de gobernación, mientras se evade la responsabilidad “de Estado” en el grave como trágico episodio de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Ese poder “que se pone por encima de la sociedad hasta volverse en contra de ella”, decía Federico Engels en su clásico “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, tal es la muestra persistente de la característica específica de todo Estado moderno y, en particular, de nuestro peculiar “ogro filantrópico” (Octavio Paz, dixit). En efecto, nuestro “estado de chueco” tiene siempre preparado el garrote por si los demás componentes de su dominación social resultan inocuos (léase recursos ideológicos, de información, propaganda, asistenciales, etcétera).

     En cuanto a la procuración e impartición de justicia, en nuestro peculiar medio, qué se puede decir que no se tenga por sabido y experimentado por cualquier ciudadano. La percepción más generalizada es la de que siempre anda coja, con un tortuoso andar que sirve a los intereses del mejor postor y de quienes detentan el control del aparato estatal, de allí que hasta se haga mofa de su vulnerable condición cuando el poderoso afirme que “entre más coja, mejor”, aludiendo a las ventajas de ese prostituido deambular. En fin, lo que interesa destacar es que, lamentablemente, los polvos de los viejos lodos del autoritarismo característico del viejo régimen político siguen presentes. Parafraseando a “El Buki”, es obligado preguntarnos: ¿adónde vamos a parar? Quisiéramos pensar que el próximo proceso electoral de 2015 es una magnífica oportunidad para que el pueblo someta a referéndum el ejercicio de gobiernos y representaciones políticas incumplidos hasta con su propia palabra, relegándolos al basurero de la historia, empero, por lo menos al día de hoy.

       Siguiendo el método engelsiano de analizar por separado los polos de una relación terminológica, para luego concentrarse en las implicancias de su conjunción, habría que tener en cuenta que cuando se habla de “estado y derecho”, se da por sentado que no se trata de oponer los términos, sino de su feliz concatenación: ni uno subordinado al otro, mucho menos el uno sin el otro; en todo caso: ambos dos, como dicen que dijo un tal Gali-Matías, esto es, que “Estado sin derecho” es tanto como fuerza sin ley, arbitrariedad del poderoso, en tanto que “derecho sin Estado” implica el caos, el juego de todos contra todos sin control; por tanto, lo deseable: Estado y derecho. El problema, ahora, es que ese “y” que los une ha borrado las fronteras específicas de cada cual, al extremo de que la gente perciba que los personeros de lo derecho y de lo chueco son los mismos. Revertir el “estado de chueco” en que nos encontramos es el reto socio-político más formidable que los ciudadanos tenemos en el futuro inmediato, es decir, en el próximo proceso electoral, distinguiendo del alud propagandístico y publicitario a quienes puedan echarse ese trompo a la uña. 




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