Cuando nuestros gobernantes se llenan la boca
masticando el verbo de que “vivimos en un Estado de Derecho”, no queda más que
“la-mentarles la máuser” por tamaño desparpajo. Fieles a la recomendación del
viejo régimen, esa clase política que dizque nos representa, gobierna o imparte
justicia, se atreve a seguir viéndonos la cara de sus “penitentes”. Ya se sabe
que cuando quieren decir no es que sí, y cuando dicen que sí es que no, tan
sencillo y complejo como eso. Los botones más recientes de la amplia muestra
allí están, en todos los niveles de (in)competencia: en el plano federal con el
regreso de la “guerra sucia” y, a nivel local, con episodios que rayan hasta en
lo grotesco con la actuación de “jueces de consigna”. Por eso, cuando se oye
hablar de “Estado de Derecho” no poca gente reconoce tener ni pulcra idea de lo
que eso significa. Antes bien, como generalmente se entiende que la palabra
“derecho” indica lo que es recto, intachable, de una sola pieza, sin dobleces,
entonces la acepción común identifica lo contrario como algo “chueco”, de allí
que, más bien, se tienda a interiorizar lo que implica esa conjunción de
términos “Estado” y “derecho” como “Estado de chueco”, como el torcimiento de
la legalidad que, se supone, encarna el “Estado”, esa forma de estar organizada,
política y jurídicamente, una sociedad determinada.
En nuestro “Estado
de chueco”, por tanto, hoy tenemos la reedición del viejo régimen político que
el escritor Mario Vargas Llosa bautizara como “la dictadura perfecta”, en
alusión a esa capacidad que tiene el Estado mexicano para simular que se
conduce como garante de la legalidad en todos sus ámbitos de aplicación, al
tiempo que despliega los más diversos como deleznables medios para
desentenderse de ella. De allí la paradójica manifestación de operar con mano
suave en el conflicto estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, al extremo
de que hasta es aplaudido el actuar del secretario de gobernación, mientras se
evade la responsabilidad “de Estado” en el grave como trágico episodio de la
desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Ese poder
“que se pone por encima de la sociedad hasta volverse en contra de ella”, decía
Federico Engels en su clásico “El origen de la familia, la propiedad privada y
el Estado”, tal es la muestra persistente de la característica específica de
todo Estado moderno y, en particular, de nuestro peculiar “ogro filantrópico”
(Octavio Paz, dixit). En efecto, nuestro “estado de chueco” tiene siempre
preparado el garrote por si los demás componentes de su dominación social
resultan inocuos (léase recursos ideológicos, de información, propaganda, asistenciales,
etcétera).
En cuanto a
la procuración e impartición de justicia, en nuestro peculiar medio, qué se
puede decir que no se tenga por sabido y experimentado por cualquier ciudadano.
La percepción más generalizada es la de que siempre anda coja, con un tortuoso
andar que sirve a los intereses del mejor postor y de quienes detentan el
control del aparato estatal, de allí que hasta se haga mofa de su vulnerable
condición cuando el poderoso afirme que “entre más coja, mejor”, aludiendo a
las ventajas de ese prostituido deambular. En fin, lo que interesa destacar es
que, lamentablemente, los polvos de los viejos lodos del autoritarismo
característico del viejo régimen político siguen presentes. Parafraseando a “El
Buki”, es obligado preguntarnos: ¿adónde vamos a parar? Quisiéramos pensar que
el próximo proceso electoral de 2015 es una magnífica oportunidad para que el
pueblo someta a referéndum el ejercicio de gobiernos y representaciones
políticas incumplidos hasta con su propia palabra, relegándolos al basurero de
la historia, empero, por lo menos al día de hoy.
Siguiendo el método engelsiano de analizar
por separado los polos de una relación terminológica, para luego concentrarse
en las implicancias de su conjunción, habría que tener en cuenta que cuando se
habla de “estado y derecho”, se da por sentado que no se trata de oponer los
términos, sino de su feliz concatenación: ni uno subordinado al otro, mucho
menos el uno sin el otro; en todo caso: ambos dos, como dicen que dijo un tal
Gali-Matías, esto es, que “Estado sin derecho” es tanto como fuerza sin ley,
arbitrariedad del poderoso, en tanto que “derecho sin Estado” implica el caos,
el juego de todos contra todos sin control; por tanto, lo deseable: Estado y
derecho. El problema, ahora, es que ese “y” que los une ha borrado las
fronteras específicas de cada cual, al extremo de que la gente perciba que los
personeros de lo derecho y de lo chueco son los mismos. Revertir el “estado de
chueco” en que nos encontramos es el reto socio-político más formidable que los
ciudadanos tenemos en el futuro inmediato, es decir, en el próximo proceso
electoral, distinguiendo del alud propagandístico y publicitario a quienes
puedan echarse ese trompo a la uña.
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