Así ha sido caracterizado el gobierno de Fernando
Toranzo por su propio hermano Martín, luego del incidente que denunció, pública
y legalmente, relacionado con la presunta extorsión que le hiciera el vocero
del gobierno estatal, Roberto Naif, para que no se desatara un “escándalo
mediático” por la supuesta “mochada” que, a su vez, obtendría el ahora funcionario
federal con licencia por su mediación en la asignación de un contrato a una
empresa denominada “Technodren”.
El
escándalo se hizo de todos modos y, más allá del incidente de los dimes y
diretes propios de este tipo de “chismarajos” -que, por cierto, dizque podrían
ser investigados por la autoridad encargada de “procurar justicia”-, lo que
queda de esos lodos es la demoledora calificación del gobierno que le toca
encabezar a don Fernando, habida cuenta que, además, se sugiere que se trata de
un “triunvirato” el modo en que se distribuye el ejercicio del poder público
local, siendo precisamente la parte que le toca al médico Fernando la que no se
ejerce como debiera, la del “gobierno formal”.
Sin
embargo, tal parece que esto último no hace gran mella en el ánimo del
gobernador formal, porque ese estilo parece ya muy propio de la entidad
potosina y se dice que lo mismo ocurre en la presidencia municipal capitalina,
donde se rumora que hay tres alcaldes: el que gobierna la zona poniente de la
ciudad, otro que gobierna el centro histórico y uno más al que se le hace bolas
el engrudo con las obras de la avenida Muñoz. ¿Será?
Casualmente, en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto se alarmó y reconoció que
en México hay regiones con “vacíos de autoridad” que propician la complicidad
de gobernantes y delincuentes, en referencia evidente al caso de los
normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Por supuesto que no se trata de
extrapolar ese discurso de manera arbitraria para aplicarlo al caso potosino,
porque además hay que guardar -hasta donde se pueda- las proporciones; sin
embargo, no deja de llamar la atención que desde el gobierno federal se acepte
que en buena parte del país hay autoridades locales, léase gobernadores y
presidentes municipales, que pudieran verse rebasados por otro tipo de poderes
fácticos.
Por tanto,
lo que se advierte es que el gobierno federal apretará las tuercas donde haya
necesidad, a ver si, por lo pronto, con la llamada de atención basta para que
pongan sus barbas a remojar quienes pudieran tratar de ponerse el saco. Más
rápidos que un rayo, quienes pareciera que sí tomaron a pie juntillas ese rollo
presidencial fueron los panistas de casa y le pusieron el saco al doctor
Fernando Toranzo, por lo que ya hasta lo imaginan tras las rejas, una vez que
haya concluido su mandato (Pulso, 13 de octubre de 2014).
Así las cosas, el mentado “vacío de poder” o
de “autoridad”, que en estricto sentido no es lo mismo, se refiere, por lo que
se ha expuesto en todo este escándalo, a la ausencia de mando por parte del
gobernador formal de la entidad potosina, el doctor Fernando Toranzo, dejando
que metan manos y pies diversos personajes que han terminado por abollarle el
cargo. Por supuesto que se trata de un vacío de autoridad o de mando político
en el sentido en el que lo planteaban algunos de los clásicos de la teoría política,
como la incapacidad para convertir a los disidentes, inconformes o renegados de
su gobierno en participantes, sobre todo si se trata de sus colaboradores
cercanos, ya no digamos de los ciudadanos en general, cuyo consentimiento es la
fuente primera y última de tal “autoridad”.
Pero ya
sabemos que para no pocos de los personeros del poder público, la fuente de
autoridad ya no deriva del ciudadano que le ha delegado o encomendado ese
poder, sino de sí mismo (lo que el filósofo Enrique Dussel denomina como “la
corrupción originaria de lo político”), llegando entonces al extremo del
ejercicio autoritario del poder, ese que implica dejar de lado el
consentimiento de los demás para asumir que sólo -y a solas, o con los
incondicionales- mediante la manipulación de otros recursos de dominación, como
el de la coerción o la información, es posible legitimarse en el ejercicio de
un cargo público. En ese riesgo andamos, como sociedad, cuando se materializa
un vacío de autoridad o de poder como el que se ha denunciado que se padece en
la entidad potosina.
Finalmente,
si todo esto ocurre apenas cuando se anda alborotando la gallera por la
sucesión gubernamental del propio doctor Fernando Toranzo, la pregunta que
salta inevitable es: ¿qué más seguirá? No es una pregunta ociosa, en virtud de
que, hasta el momento, la autoridad gubernamental cuestionada ha guardado
comprensible como prudente silencio; empero, más temprano que tarde tendrá que
hacer los deslindes y aclaraciones institucionales del caso, so pena de que
pueda cundir el mal ejemplo.
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