Revocación de mandato

El conflicto socio-político provocado por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la errática conducción del gobernador de esa entidad federativa, Ángel Aguirre, plantean la necesidad de considerar ya, seriamente, la instrumentación jurídica plena a de la “revocación de mandato”; esto es, de la posibilidad de la destitución de un mal servidor público de elección popular, mediante la consulta a la ciudadanía. En el caso que nos ocupa, resulta hasta de mal gusto, cual broma trágica, que el gobernador Aguirre haya solicitado al INE (Instituto Nacional de Elecciones) que le “organizara” una consulta revocatoria, a sabiendas que dicho organismo electoral se negaría, toda vez que no existe regulación específica para esa situación y nuestras autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Con tal negativa “institucional”, el gobernador Aguirre pudo hasta presentarse como un servidor público “responsable”, al poner sobre la mesa su “renuncia” si el pueblo se lo pidiera… por el camino de una legalidad tortuosa que, ya sabemos, no siempre es el camino que lleva a la justicia.

     Por el contrario, la clase política que detenta el control de las principales fuerzas partidistas salió a la defensa de uno de los suyos, “argumentando” que más importante que esa “renuncia” del gobernador es la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos, practicando una vez más el “arte de mentir, incluso con la verdad” (Pablo González Casanova, dixit), toda vez que, ciertamente, lo más urgente es encontrar con vida a los normalistas desaparecidos, pero eso no se opone a que un gobernador tan cuestionado se haga a un lado para, por lo menos, facilitar la suma y coordinación de esfuerzos en ese propósito. El PRI lo quiere en su cargo para que siga desgastando al partido en el poder de esa entidad federativa, léase el PRD; mientras que éste partido también lo arropa porque sería dejar la puerta abierta para perder por anticipado el poder en ese estado. El PAN, por su parte, también tratando de sacar raja del conflicto, pide la desaparición de poderes, abominando de la ingobernabilidad y la violencia que han escalado en Guerrero, olvidando que con Calderón se hizo lo propio en el país entero.  

     Ahora, las dirigencias partidistas se ponen también en el plan de lavarse la cara, ofreciendo revisar con cuidado las trayectorias y antecedentes de sus próximos candidatos a cargos de elección popular, dizque para evitar que se cuelen personajes que luego resultan “non gratos”, pero nada dicen de promover que se regule la revocación de sus mandatos. Se trata de que siga siendo una minoría política la que resuelva, de manera burocrática, sobre la responsabilidad del mal ejercicio del poder público y no de que la mayoría social ejerza de manera continua su poder para calificar -y castigar- anticipadamente, el mandato que ha depositado en un servidor de elección popular. Un ejemplo claro de cómo se las gasta nuestra clase política para desentenderse de estas cosas, es lo que recién ha ocurrido en la entidad potosina, cuando en el colmo de la burla y el cinismo, la mayoría de los diputados locales se atrevieron a proponer una iniciativa para otorgarse sus  pensiones por los invaluables servicios prestados a nuestra patria chica. Como ya es el sello de la casa, pronto recularon de su despropósito. Eso sí, ni pensar en andar legislando sobre cosas raras, como la tal revocación de mandato.

     Este desliz en que incurrieron nuestros legisladores locales es la típica forma en que se manifiesta esa “democracia totalitaria” de que hablaba Juan Jacobo Rousseau, cuando consideraba que “una ley es tal sólo para quien la haya hecho o la haya aprobado, para todos los demás será un mandamiento o una orden”, en tanto que “el pueblo cree que es libre, pero se encuentra encadenado por todas partes”, en alusión al engaño que resulta de considerar que el mandato que se otorga, “libremente”, a quien representa los intereses del ciudadano, termina en el acto mismo de sufragar, de emitir el voto cada cierto tiempo, por lo demás. Ya no digamos que, también, comúnmente se confunde ese mandato con “delegación” del poder ciudadano. Por tanto, ¿cómo esperar que nuestros representantes populares se pongan a legislar sobre la revocación de mandato? “Ni que no fueran tan penitentes”.

     Volviendo al caso del conflicto en Guerrero: el gobernador tendrá que irse, más temprano que tarde, porque la clase política no puede darse el lujo de estirar más la cuerda de la irritación social, sin correr el grave riesgo de que se reviente con consecuencias aún más graves para todo el país. Es el momento, pues, de exigir que, entre otras cosas, se cumpla con el derrotero democrático que dicen impulsar, incluyendo ya la revocación de mandato para sancionar el mal ejercicio del poder público, practicando el arte de “mandar, obedeciendo”.