Ven la tempestad…

La clase política gobernante en México es peculiar por su persistente vocación mezquina y depredadora. Ni ante la inminencia de la desgracia social sus personeros son capaces de sumar esfuerzos. A todo se pretende sacarle raja política. El paso del huracán “Patricia” se esperaba de consecuencias más graves y resulta que, afortunadamente, los daños fueron menores por haberse degradado su impacto. Cosas de la bendita naturaleza. Sin embargo, ya el gobierno federal hace alarde publicitario de haber actuado con acierto y responsabilidad para evitar tragedias… precisamente allí donde se llevará a cabo la elección extraordinaria de gobernador, en el estado de Colima, luego de haber sido anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) el proceso comicial del pasado 7 de junio, por diversas irregularidades que involucran directamente al gobernador saliente Mario Anguiano.

     Resulta que cuando el presidente Peña Nieto acudió a recorrer la zona afectada por el paso de “Patricia” en el estado de Colima y se percató de la presencia del senador Jorge Luis Preciado en la comunidad de “Playa Paraíso”, ni tardo ni perezoso se dirigió a quien, por lo demás, es el candidato panista a gobernador, para espetarle: “¿andas en campaña o estás ayudando?” (“La Jornada”, 25 de octubre de 2015). Por supuesto que Preciado no es una perita en dulce y si por algo se le recuerda es por sus excesos en la propia sede del Senado, donde no hace mucho celebró el cumpleaños de su esposa y al ritmo del mariachi pidió que le cantaran -a él- “el rey de chocolate”, por aquello de su característica “nariz de cacahuate”. Más en serio, hay que recordar que Preciado es harto conocido como “el (otro) rey del moche”, por aquello de ofrecer sus “buenos oficios” para “bajar” apoyo federal a cambio de una lana (el otro panista que le disputa ese “honor” es Alberto Villarreal).

     Con tales antecedentes, es entendible que el presidente Peña Nieto advirtiera a Preciado que no pretendiera hacer “ronchita” con la desgracia de la gente, pero no deja de llamar la atención que el propio presidente se suba al ring, con un adversario de menor peso político, si no es para incurrir en lo mismo que cuestiona. A pesar de la negativa de Preciado al señalamiento del presidente, éste fue enfático en acotar que las tareas de reconstrucción por el paso del huracán estarán a cargo del gobierno federal porque… “en la parte política ni me meto” (ajá).  Por lo demás, tal parece que el llamado de Peña a Preciado topó con gruesa pared, ya que según la crónica periodística señalada, el senador panista se dejaba ver y querer por doquier, festejando jubiloso los gritos de la gente que se referían a su persona como “Preciado, mi próximo gobernador, chingao!”.

     En el reciente aniversario del devastador terremoto que sacudió la ciudad de México en 1985, quedó clara la lección: un gobierno que se paraliza ante la tragedia está condenado a verse rebasado de inmediato por la sociedad civil y, por supuesto, con un alto costo político por incumplir con su responsabilidad social. Tal vez, por eso, ahora la clase política que nos “gobierna” se mueve más rápido para, por lo menos, aparentar que algo se hace y, obviamente, evitar que los adversarios “le coman el mandado”. Es lamentable, pero se trata de una realidad presente. Baste recordar tantas imágenes de presidentes, gobernadores y alcaldes con el agua, literalmente, hasta el cuello, en mangas de camisa uniendo sus manos a las del pueblo o con las botas cubiertas de lodo para que la foto de su involucramiento en la desgracia tenga impacto mediático, así sea que, luego, procedan de inmediato a lavarse el cuerpo porque temen correr el riesgo de “infectarse” o “mancharse” por andarse mezclando con tanto miserable. “Son manchados”, dice la raza. Por eso, como bien reza el dicho, hay políticos que, de plano, “ven la tempestad… y no se hincan”.

La tremenda Corte

                                              

Para nadie es un secreto que, paradójicamente, el poder del Estado mexicano más secreto, más oscuro, es el Poder Judicial. En los últimos años, algo se ha avanzado en acotar las facultades “meta-legales” del titular del poder ejecutivo federal, aunque sigue prevaleciendo un “presidencialismo a la mexicana” que se arroga cierta “manga ancha” para gozar de prerrogativas que otros altos funcionarios no tienen, para seguir siendo el “jefe de jefes”, como cuando el actual primer mandatario (Peña Nieto), para resolver un conflicto de interés (La Casa Blanca) que lo involucra, decide nombrar a uno de sus empleados (Virgilio Andrade) para que lo investigue, con el consabido y vergonzante resultado.

     Con el poder legislativo ocurre que, igual, algo se ha logrado avanzar, dotando de mayor pluralidad la representación popular en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, aunque el costo de tal “liberalización” sea muy alto, toda vez que se ha venido presentando una “vocación” cada vez más depredadora del erario de no pocos legisladores, al extremo de hacer del presupuesto allí aprobado, cada año, una auténtica piñata para que agandallen políticos, empresarios y demás extensiones de los poderes fácticos. Sin embargo, mal que bien, algo se conoce de los entretelones de acuerdos y negociaciones, precisamente por la diversidad de actores políticos que, no pocas veces, por la consecución de los mismos intereses sectarios, terminen evidenciando los pormenores de trácalas y jirones. Decimos “liberalización” porque, la “democratización” de este poder del Estado, en términos de su independencia del poder ejecutivo, aún no es plena.

     Pero en el poder judicial en general y, sobre todo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha prevalecido la opacidad y discrecionalidad mayor. En los próximos días tendrá que resolverse la integración de dos de sus ministros y ya es punto de conflicto público definir si eso se resuelve con apego a la legalidad o conforme al interés político, habida cuenta del grave antecedente que dejó el controvertido nombramiento de quien fuera el titular de la PGR (Procuraduría General de la República), Eduardo Medina Mora, en los tiempos aciagos del “gobierno” de Felipe Calderón (Fecal). Nombramiento que el Senado de la República hizo, sin mayor alharaca, de la propuesta enviada por el presidente Peña Nieto.

     Como bien ha observado el jurista Bernardo Bátiz (La Jornada, 19 de octubre de 2015), el problema de dotar de legitimidad plena la integración de la SCJN, empieza por dilucidar la contradicción que en el mismo texto constitucional prevalece en los artículos 95 y 96, cuando se contemplan en el primero los requisitos para ser “electos” los ministros y en el segundo el procedimiento para su “nombramiento”, cuestión que, aquí, pareciera que “no es lo mismo pero es igual” porque el presidente propone una terna (la nombra), que luego es votada en el Senado, en un procedimiento que incluso, en el extremo, pareciera una suerte de “golpe de Estado técnico”, en virtud de que todo ese entramado está diseñado (legal y políticamente) para que el ungido sea el preferido del jefe del poder ejecutivo.  

     Por todo ello, las voces que piden que se democratice la tremenda Corte insisten que se cambie ese método controvertido, cuyo precedente más grave viene desde 1994, cuando por los caprichos del entonces presidente Ernesto Zedillo se cambió a todos los ministros de la Corte porque temía que le fueran incondicionales a su ya acérrimo enemigo Carlos Salinas. La propuesta más avanzada es la que plantea que los ministros sean electos por la ciudadanía, pero se trata de un planteamiento que pondría en riesgo los intereses de no pocos representantes de los poderes fácticos de toda laya, por lo que, ni modo, por lo pronto se tiene que exigir, socialmente, que quienes lleguen a esos cargos no lo sean por componendas de personeros de otro poder del Estado y menos de los denominados poderes fácticos.

¡Ah raza!

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es el recién estrenado gobernador de Nuevo León. Llega a ese (en)cargo público con las más grandes expectativas sociales que despertó su condición de “candidato independiente”, así como su estilo frontal y directo para llamar a las cosas por su nombre. Ha iniciado con “bombo y platillo” su mandato, alardeando que no será como sus antecesores: entre indolentes y ladrones, sino que gobernará, dice, “para la raza”, es decir, para el pueblo noble que sigue esperando se le tome realmente en cuenta y se le haga justicia en sus legítimos reclamos.

     Por lo pronto, ya mandó cerrar la casa de gobierno por considerar que se trata de un lujo que no puede darse su gobierno, así como echar a la basura la silla que ocupaba el ex-gobernador Rodrigo Medina en palacio de gobierno, emulando a Emiliano Zapata cuando rehusó sentarse en la silla presidencial que le ofrecía Villa por considerar que ese tipo de muebles están “malditos” porque vuelven locos a los gobernantes. Hasta aquí, está bien que inicie con enjundia “El Bronco”, la raza se lo agradece porque propicia el desahogo de la “muina” colectiva por tanto desgobierno padecido allí en el último sexenio.

     Sin embargo, es inevitable que también se presenten dudas razonables acerca de los alcances que pudiera tener la política “bronca” de Jaime Rodríguez, toda vez que, como sociedad, ya hemos pasado por un desencanto generalizado cuando, guardadas las proporciones, se tuvo con Vicente Fox, en la presidencia de la República, la expectativa de un gobierno distinto al de las “víboras prietas”, “tepocatas” y demás alimañas que, decía, caracterizaban el viejo régimen priísta contra el que lanzó su exitosa cruzada para sacarlo de “Los Pinos”.

     El fracaso del gobierno foxista es harto conocido y, junto con eso, el fracaso del bono democrático que significó la alternancia en el poder presidencial, en buena medida por mantener en pie las viejas prácticas del antiguo régimen priísta que tanto se cuestionaban, sobre todo en materia de negocios para unos cuantos políticos y potentados que aprovecharon que “el de las botas” andaba siempre medio “entoloachado” por la señora Marta Sahagún, con quien compartía el mando. Recuérdese que Fox mismo ubicó a su gobierno como “de, por y para empresarios”.

     Con esos antecedentes, obviamente que la raza desconfía pero le concede el beneficio de la duda a “El Bronco”, personaje que tendrá que lidiar con ese dualismo que Antonio Gramsci identificaba como “el optimismo de la voluntad” y “el pesimismo de la razón”. Tendrá también que ser más específico en la definición de lo que implica “la raza” como sujeto social al que dirige su discurso porque, hasta el momento, como observa Abraham Nuncio, “la raza” con la que se ha reunido para tomar decisiones y acuerdos es la de los representantes de las grandes organizaciones empresariales norteñas y no “la raza” obrera, campesina, magisterial, universitaria o de cualquier otro sector social, con fines programáticos y no de simple baño de pueblo (“La Jornada”, 13 de octubre de 2015).

     En fin, como quiera que sea, “El Bronco” ya está instalado como gobernador de Nuevo León, una de las entidades federativas más importantes de México por el tamaño de su economía y por la influencia política de sus grupos empresariales en el conjunto del país; de allí que, incluso, se empiece a especular con la posibilidad de que pudiera ser un fuerte aspirante a la candidatura presidencial en 2018, tal vez de manera independiente o mediante el cobijo de algún partido. El asunto es que, “la raza” en general, esa que don Eulalio González, mejor conocido como “El Piporro”, celebrara en sus inigualables películas como la gente noble y de bien, sea la que tenga la última palabra con respecto a las expectativas generadas por la política “sui géneris” de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”.

Infamia de salario mínimo

En verdad que ni la burla perdonan. Nos referimos al anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), integrada por representantes del sector obrero, empresarial y del gobierno federal, de que a partir del mes de octubre del presente año habrá un salario mínimo general único en todo México y se incrementará en un peso con ochenta y dos centavos, para quedar en setenta pesos con diez centavos diarios. Evidentemente, se trata de una burla porque la CNSM asume que será un “gran beneficio” para la economía de los trabajadores. Para empezar, habría que precisar que la representación obrera en esa instancia es la que responde a los intereses de los típicos líderes sindicales “charros” y, por tanto, no se puede esperar más que sumisión a los intereses que imponga la dupla empresarios-gobierno, en la lógica inherente del sistema de acumulación de capital prevaleciente.

     Luego, habría que recordar que desde hace tiempo se había buscado achicar las diferencias salariales entre las distintas zonas económicas del país, mediante el paso de unas entidades federativas de una zona a otra, como si con esa medida se lograra revertir la caída en el consumo de quienes tenían la desgracia de vivir en zona de menor dinamismo económico. Con la homologación que ahora se decreta, se pretende vender la idea de acotar esa desigualdad, cuando en realidad sucede que se estandariza porque de todos modos el impacto final del “incremento” salarial es francamente nulo para todos los trabajadores por igual. Pero el problema más grave y que sigue siendo la piedra de toque de cualquier anuncio de incremento al mínimo salarial, es el que tiene que ver con su papel de contención en la reproducción social de la fuerza de trabajo… de la vida y no del capital.

     ¿O acaso es razonable considerar que con un peso y ochenta centavos diarios de incremento salarial se puede aspirar a vivir decentemente? ¿Qué se puede adquirir con esa ínfima e infame cantidad de dinero que no sea algo más que un chicle para masticar la rabia que despierta tanto cinismo de las “autoridades” que se llenan la boca, diciendo que así fortalece el poder adquisitivo de la clase trabajadora? Aparte de que se incumple con el espíritu y letra de la Constitución Federal que considera que ese salario debe satisfacer las necesidades esenciales de un trabajador y su familia, tales como vivienda, educación, vestido y alimentación, la realidad es que es imposible lograrlo con ese mínimo ingreso. Aunque se reforme legalmente el concepto y/o se hagan cambios meramente cosmético-técnicos como ese de homologar las zonas económicas, el asunto es de política-económica o economía política.

     Esto significa que la naturaleza de dominación del capital sobre el trabajo, en las modernas sociedades capitalistas, es de tal despotismo y ambición que se apropia del producto del trabajo al grado de volver los procesos de trabajo cada vez más excluyentes y los flujos de capital más especulativos. Una cita clásica de Carlos Marx en su obra “El Capital”, ilustra inmejorablemente este proceso: “Pero todos los métodos para la producción del plus-valor son a la vez métodos de la acumulación, y toda expansión de ésta se convierte, a su vez, en medio para el desarrollo de aquellos métodos. De esto se sigue que a medida que se acumula el capital empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración (…) La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo acumulación de miseria en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital”.

     En efecto, sea cual fuere la remuneración salarial, el problema esencial es el de la apropiación que del producto del trabajo hace el capital, hasta llegar a considerar la fuerza laboral como simple cosa que se puede comprar o vender, pues tal es la ficción de la relación capital-trabajo que prevalece en un modelo de acumulación “salvaje” como el que tenemos y que los considera equivalentes mediante un precio que se paga como salario, pero generando un polo de riqueza para pocos y otro polo de miseria para muchos. Sea cual fuere la remuneración, el problema es el de una injusta distribución de la riqueza que requiere reorientar el modelo económico que hoy conocemos como capitalista depredador o “neoliberal”, el problema es, más bien, cuando podría ocurrir esto.