No llenan

“No, pos, tan cabrones”, me comenta un ciudadano, molesto, cuando se entera de que nuestros diputados locales son los que más recibirán de aguinaldo este año en el país, cerca de 300 mil pesos. Luego, no falta el metiche que pretende aclarar: “pero dicen que no es esa cantidad, que nomás son 200 mil, después de impuestos”. La respuesta de mi interlocutor no se hace esperar: “pos, más cabrones todavía”. La lógica del ciudadano en cuestión es impecable: en un país corrompido hasta el tuétano, si se dice de alguien que es el más corrupto, la mejor “defensa” que puede asumir ese alguien es la de negar que se ocupe ese primerísimo lugar, procediendo a corromper el “corruptómetro” para que, en esa jerarquía de “valores”, pase a ocupar un “honroso” segundo lugar. “¿México es el país más corrupto? No, somos bien cabrones porque ya dimos una lana para que nos ubiquen debajo de otros países igual de corruptos”. Así reza el chiste popular. Desgraciadamente, el chistecito nos sigue costando, a toda la sociedad, bastante caro. Además, el desparpajo con el que asumen su condición de “menos corruptos” se muestra más como burla adicional por la desgracia ajena, que auténtico golpe de pecho por tanto “sacrificio” en favor de “los que menos tienen”, así sea que se desvivan por tomarse fotos a granel con viejitos y niños desvalidos, en ésta época decembrina.

     El punto es que, de plano, como inquiere la “vox populi”, tal parece que nuestros representantes populares y, en general, la clase política apoltronada en puestos burocráticos de “alto pedigrí”, nomás no llenan con los elevados y groseros sueldos que perciben, sin contar con los bonos y compensaciones de la más diversa ocurrencia: que si por el día del padre, que si por el día de la madre, que si por día del niño, que si por navidad, que si por día del burócrata, que si por quítame estas pajas, etcétera. La tan cacareada “austeridad republicana” es mero jarabe de pico y si no creen, espérense a las ya cercanas campañas político-electorales, cuando seguramente escucharemos por doquier, de no pocos candidatos, que si llegan a ocupar un cargo público se reducirán los onerosos sueldos, que no habrá más despilfarro, que se “racionalizará” el gasto público, que ya basta de tanto saqueo, que si “a chuchita la bolsearon”, etcétera. Y, más todavía, para rubricar sus dichos, serán capaces de quitarse la corbata, ponerse en mangas de camisa y “chuparse” las bebidas espirituosas que ofrezca la gente común, como cuando Zedillo se tomó en público un vaso de cerveza y, de inmediato, se justificó diciendo que era “sidral”, sin reparar en que, de todos modos, la cara de “borrachote” ya no se la podía quitar.

     La pregunta obligada surge, entonces: ¿por qué nuestros representantes populares y gobernantes no llenan? ¿Será que padecen alguna enfermedad propia de la clase política, cuyos síntomas pueden ser ocultados cuando andan en busca del apoyo popular, pero luego brotan como signos inevitables que caracterizan lo que conocemos como “cleptocracia” o, como sugiere Silva Herzog Márquez,  “dexiocracia”?  Sea gobierno de rateros o de corruptos, el problema es el mismo: ¿por qué no llenan con tanto saqueo y tanta corrupción? ¿Es un problema de ellos, los gobernantes y representantes populares, o es un problema de nosotros, como sociedad, que dejamos que hagan lo que les venga en gana? Como dijera el ciudadano del inicio de este escrito, “esta cabrón el dilema”. Pero, bien visto, no se trata de una disyuntiva. Evidentemente, la responsabilidad primera es de la clase política que “se pasa de lanza” en el ejercicio del poder, no sólo llevándose lo que se pueda, sino decretando, para sí, el goce de la impunidad. Luego, viene la responsabilidad nuestra, de permitir que tanto zángano siga circulando, como si nada, en los espacios de poder público, brincando como chapulines de un cargo a otro, con el cinismo propio de quienes, de plano, no tienen ma… dera de honorables.

     En fin, si por lo pronto no es posible lograr que desde la clase política cambie ese estilo de “agandallar” la “cosa pública”, en lo que sí se puede avanzar es en asumir la responsabilidad nuestra como ciudadanía indignada con tanto “desmadre bien organizado”. ¿Cómo? Participando activamente en la integración de la representación política y la definición de nuestros gobernantes, no sólo por tratarse de un derecho que nos asiste, sino de un deber, sobre todo de carácter ético en las actuales circunstancias, para lograr que esos “cabrestos” que nomás quieren “mamar y dar el tope”, decía mi abuelo, se queden de una vez y para siempre en el corral del olvido. Si no llenan con tanta tranza, por lo menos que lo hagan mordiendo el polvo de su peculio; de otra manera, parafraseando a “Jolopo” (José López Portillo): “ya nos saquearon… y lo volverán a hacer”. Viene 2015, año electoral, y como siempre… la esperanza muere al último. ¡Salud!  

Fantasma

Parafraseando al Marx del “Manifiesto Comunista” se dice por doquier que un fantasma recorre México. Se trata del fantasma de 1994, del año que vivimos en peligro, cuando nuestro país padeció la más grave crisis política y social que tendría como colofón el famoso “error de diciembre”, cuando el peso mexicano se devaluó abruptamente y siguió la quiebra masiva de la economía nacional y la consecuente zozobra de todos los sectores productivos, cuando apenas un año antes el gobierno de Salinas de Gortari cacareaba nuestro ingreso en las grandes ligas con la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá. La ilusión de comerse el mercado mundial se desvaneció pronto, emergió el EZLN con sus reclamos concretos de revertir el olvido ancestral de pueblos y comunidades indígenas; el despertar del sueño modernizador del salinismo fue amargo y exasperado por la crisis política de un fin de régimen priísta que costó la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio primero, y la de José Francisco Ruiz Massieu después. La sociedad civil despertó de su letargo y, aunque las elecciones presidenciales de ese año fueron ganadas por el PRI, ya se anunciaba el colapso de un sistema de dominación caracterizado por el abuso en el ejercicio del poder de una clase política rapaz y dispuesta a incendiar el país con tal de salvarse a sí misma.

     Veinte años después, nuestras “autoridades” dicen que no hay de qué alarmarse, que ya se aprendió la lección y que el país está blindado contra cualquier turbulencia que pudiera desembocar en una crisis similar a la de 1994. Puede ser, empero, habría que responderles que, de todos modos, para la mayoría de la sociedad mexicana no han cambiado gran cosa “las pre-condiciones” que en aquel entonces fueron explosivo caldo de cultivo para que se actualizaran las “pre-cipitantes” del conflicto. Hoy seguimos padeciendo una vergonzante pobreza que se vuelve cada vez más extrema, a pesar de programas clientelares como el “Prospera” y otros que siguen cojeando de la misma pata de los que los precedieron: el uso -y abuso- electorero. Seguimos con un campo devastado por la carencia de apoyos que incentiven la producción y comercialización para competir con éxito frente a los productores grandotes de fuera y dentro del país. Los salarios de la mayoría de la clase trabajadora siguen perdiendo poder adquisitivo y nomás de muestra basta el botón del reciente incremento a los mínimos de alrededor de 4.2 por ciento, es decir, ni para unos chicles; eso sí, el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un burócrata más de cuello blanco, de esos que ganan millonarios sueldos con “el sudor” de su frente.

     Tampoco puede soslayarse la caída en el precio del petróleo, el incremento de una informalidad que aporta ya la cuarta parte del PIB nacional, el galopante desempleo y, por supuesto, la creciente crispación social que corre de la mano con la errática conducción política. Para completar el cuadro, hoy se tiene el ingrediente de una inseguridad pública que no cede por la confluencia de no pocos intereses políticos con la delincuencia organizada. Pero más importante aún, es no perder de vista que este tipo de crisis son consecuencia cíclica de la inestabilidad de un modelo económico impuesto desde fuera del país y que obedece a intereses económicos de más amplio grado. Es el modelo que se ha vuelto lugar común identificar como “neoliberal” y que no puede desentenderse de un tipo histórico de relaciones políticas internacionales que se concentran en lo que conocemos como “Estado del capital”, por lo que, aunque se diga que tenemos las más grandes reservas monetarias en mucho tiempo, ya se sabe que se trata de capitales que suelen volverse especulativos -y golondrinos- a la hora de un contagio agresivo por las crisis de otras economías más fuertes. Ahí nomás está latente el efecto “vodka”, luego de la debacle del rublo en Rusia. En fin, como que luego se olvida nuestro carácter subordinado y dependiente en el mundo.

     Así las cosas, nos enfilamos a un año nuevo que se antoja complicado por la recurrente ineptitud y necedad de nuestras “autoridades” para atreverse a dar un golpe de timón en el tipo de relaciones sociales, económicas y políticas que seguimos padeciendo desde hace rato, arraigadas en el enriquecimiento de pocos a costa del empobrecimiento de muchos, así como en el disfrute de privilegios e impunidad de unos en detrimento de una igualdad de todos ante la ley, pasando por un tratamiento del conflicto social apoyado en el uso indiscriminado de la represión y la vuelta a la centralización convenenciera de un poder político que se antoja como regresión al viejo autoritarismo que creíamos superado. Ojalá y el fantasma de 1994 no sea más que sólo eso, la sombra ominosa de un pasado no muy lejano cuyas consecuencias estamos pagando todos por la estulticia y entreguismo de unos cuantos.       

Año de Hidalgo

El último año de cualquier administración gubernamental, en un país carcomido por la corrupción y la impunidad, usualmente se tiene como el más propicio para que los funcionarios, que van de salida, carguen hasta con el perico, saqueando las arcas públicas como si fuese obligada “manda” que cumplimentar, en una suerte de regla de oro, no escrita, de la picaresca política nacional: el famoso “año de Hidalgo”, ese que se corea felizmente, agregando el consabido “que chifle a su máuser el que deje algo”. Se dice que “la costumbre hace ley”, por lo que, como buenos que somos para adaptar convenientemente nuestros peculiares principios del derecho, esa bendita costumbre de llevarse hasta el último centavo del presupuesto se convierte en cruzada general de quienes ya sienten que se les acaba el disfrute de las mieles del poder. Por eso no es de sorprender que por estos días, mientras anda la gente cargando peregrinos y rompiendo piñatas en las tradicionales posadas, nuestra clase política gobernante se dé vuelo asignándose, para sí y para los cuates, la mayor cantidad de recursos públicos a ejercer -como sea- en 2015, bajo el (otro) principio esencial que reza: “al cabo que el de atrás paga”.

     Así las cosas, pues ahí tienen que tanto a nivel federal como local, nuestros gobernantes se disponen a despacharse con la cuchara grande. El caso potosino se ha vuelto escandaloso en estos días, luego de que el titular del poder ejecutivo “propuso” para 2015 un gasto de miles de millones de pesos que rebasa ampliamente lo presupuestado en 2014 y, como suele ocurrir, el congreso local se aprestó, ipso facto, a dar-las consabidas muestras de abyección a que ya nos han acostumbrado, aprobando la bolsa de recursos enviada por el gobernador, así como una distribución que ya empieza a generar justificados enojos y molestias por el “gandallismo” con que se procedió a repartir la lana, privilegiando la opacidad de ciertos proyectos y desestimando rubros tan importantes como el gasto que implica organizar el proceso electoral del próximo año. La cereza del pastel ha sido la revelación de que se destinarán más de tres mil millones de pesos a la armadora de autos BMW, mediante la firma de un convenio por demás leonino para el erario estatal y que implica un costo de cada plaza laboral de hasta ¡2 millones de pesos! Como luego se dice, saldrá “más caro el caldo que las albóndigas”.     

     Ciertamente, hay que recordar que fue el gobierno federal quien resolvió asignar la plaza potosina a la empresa automotriz alemana, en disputada puja con otras entidades federativas. Empero, lo que fue un feliz anuncio en su momento, hoy se convierte en, por lo menos, natural desconfianza respecto del costo social y económico que tendrá el impacto de una inversión tan grande que, evidentemente, promete alimentar el sobado esquema de recurrir al endeudamiento público que, luego, en círculo vicioso, permite “justificar” a la administración siguiente no hacer obra pública de alto impacto social porque “no hay mano, no hay”. Así ocurrió con Toranzo respecto de Marcelo y con Mario respecto de Victoria, en una especie de recurrente “flashback” de incompetencia serial de la clase política en general, cuya imagen de cansancio anticipado nos aprestamos a ver, tarde que temprano, una vez más. En este contexto, es comprensible que en su reciente visita a San Luis, el dirigente nacional priista, César Camacho, se apresurara a mencionar al gobernador Toranzo como “un orgullo” del PRI… ¡Y aún hay quienes creen que el candidato a gobernador de ese partido no se decidirá desde “el centro”!

     En fin, el famoso “año de Hidalgo” llegó y ni modo que nuestra clase política “se haga de la boca chiquita”. Bien pueden esperar los pretendidos buenos deseos de instalar una fiscalía anticorrupción que, incluso, podría ser replicada en las entidades federativas. Ya terminó el período ordinario de sesiones en el Senado y no salió avante esa “urgencia”. La necesidad de contar, como dice un conspicuo senador panista (Gil Zuarth), con una especie de “Eliot Ness” que combata en serio la delincuencia política organizada, que sea “intocable” por los intereses del poder, es tanto como pedirle a los detentadores del poder público que se den un balazo en el pie. Los propios aspirantes a ese cargo denuncian que ni siquiera se cuenta con el andamiaje jurídico indispensable para enfrentar el formidable reto de investigar y capturar a los “peces gordos” de la criminalidad política de “cuello blanco” (Revista “Proceso”, número 1989, pp. 31-32). Tal vez, con esos desplantes demagógicos con que se conducen algunos personeros del poder público en México, a lo más que pudiéramos aspirar, por lo menos ahora, es a contar con un “Elote Necio”, como gustaba mofarse “don Gato”, el personaje de la tira cómica animada que hasta se compadecía de una policía que nunca podía atraparlo en sus andanzas. 

La otra transición

A principios de la década de los noventa se vivió una serie de cambios de régimen político en diversas partes del mundo que buscaron pasar del autoritarismo a la democracia, así, sin mayores adjetivaciones puesto que, en todo caso, una democracia imperfecta siempre sería mejor que un ejercicio arbitrario del poder público. México no podía permanecer ajeno a esa dinámica de las transiciones y, como siempre, aunque tarde, en 1997 se pudo avanzar en ese camino cuando se logró la alternancia (con la izquierda partidaria) en el gobierno del Distrito Federal y se rompió con la peculiar “cláusula de gobernabilidad” que tenía el PRI en la Cámara de Diputados Federal mediante la mayoría absoluta que le permitía al presidente de la República un ejercicio del poder sin mayores contrapesos. Se culminaba un largo trayecto que se conoce como “liberalización política”, iniciado en 1977 con la famosa reforma de Jesús Reyes Heroles para dotar de pluralismo a la representación política, así como para tratar de legitimar a un régimen presidencialista severamente cuestionado por una sociedad emergente no sólo dentro de México, sino en el plano internacional. La cereza en el pastel de todo ese proceso sería la alternancia en el poder ejecutivo federal con el PAN.

     Por supuesto que la democracia que llegó en el 2000 era apenas el inicio de un cambio de régimen político que, se esperaba, sería consolidado con la implementación de nuevas prácticas y medidas gubernamentales que recobrarían la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Lamentablemente, el régimen foxista fue puro “jarabe de pico” y el famoso rollo de que “el presidente propone y el Congreso dispone” no pasó de ser una frase grandilocuente más de Vicente Fox. El resto de la historia política de ese sexenio es harto conocida: desparpajo y ocurrencias al por mayor, así como polarización social grave con el uso faccioso del poder presidencial en contra de los adversarios políticos. La democracia política se devaluó rápidamente y con Felipe Calderón fue peor ese uso faccioso de las instituciones del Estado, llegando al extremo de corromper a los dispensadores de la justicia, incluso electoral, para lograr que se impusiera al personero de los intereses económicos de fuera y dentro de nuestro país. La democracia política fue secuestrada por representantes de los más diversos “poderes fácticos” y, ahora, el resultado es desolador: Estado fallido e imperio de la legalidad en entredicho. La transición quedó trunca y el pluralismo abollado.

     La otra transición, que hoy reclama el país, es la del paso de un “Estado de chueco” a un imperio de la legalidad en que el poder público sea el primero en acatar ese mandato. Se puede conceder que la primera transición logró dotar de actores políticos diversos el espacio público, aunque ahora parezcan cortados por la misma tijera. El pluralismo alcanzado se volvió de nuevo limitado, como en la época previa a los noventa, cuando el PRI hegemonizaba el poder pero dando los primeros coletazos de un dinosaurio lastimado por el empuje democratizador de una sociedad civil cada vez más organizada y demandante de un cambio de régimen que, como decíamos antes, empezaba por “sacar al PRI de Los Pinos”. En algún momento de la euforia, hasta se llego a plantear la posibilidad de transitar a un régimen parlamentario, pero sólo se han logrado pequeños avances que permiten cuestionar el ejercicio vertical y abusivo del poder presidencial. Al final del día, lo que queda es la certeza de que no se puede ir más allá de zarandear el árbol de una democracia pervertida, sin poder arrancar las manzanas podridas, salvo que se caigan solas de maduras, esto es, que no hay manera de que funcionarios venales renuncien a sus cargos porque la bendita legalidad que padecemos no se los permite.

     En suma, esa otra transición debiera tener, como una de sus prioridades, a la revocación de mandato como un instrumento efectivo de control político de parte de la sociedad, capaz de re-mover, de manera anticipada, a quien no cumpla con la alta responsabilidad de servir en el ejercicio de un (en)cargo público. En ese contexto, la renuncia de Peña Nieto, que se pedía presentara antes del 1 de diciembre, es una expresión del hartazgo social ante la incompetencia mostrada para encarar y resolver la crisis política nacional, pero al propio tiempo es la expresión más acabada de impotencia social para ir más allá de los gritos y sombrerazos que, para acabarla de amolar, ahora se festinan desde el poder como inmejorable pretexto para intimidar con el uso de la fuerza represiva estatal. Las transiciones requieren, sabido está, de liderazgos excepcionales que empujen a buen puerto lo que Norbert Lechner planteaba como “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden social deseado”, en alusión a la visión estratégica de quien se precie de ser un “estadista”. Por desgracia, no parece tratarse del “momento mexicano”.