La otra transición

A principios de la década de los noventa se vivió una serie de cambios de régimen político en diversas partes del mundo que buscaron pasar del autoritarismo a la democracia, así, sin mayores adjetivaciones puesto que, en todo caso, una democracia imperfecta siempre sería mejor que un ejercicio arbitrario del poder público. México no podía permanecer ajeno a esa dinámica de las transiciones y, como siempre, aunque tarde, en 1997 se pudo avanzar en ese camino cuando se logró la alternancia (con la izquierda partidaria) en el gobierno del Distrito Federal y se rompió con la peculiar “cláusula de gobernabilidad” que tenía el PRI en la Cámara de Diputados Federal mediante la mayoría absoluta que le permitía al presidente de la República un ejercicio del poder sin mayores contrapesos. Se culminaba un largo trayecto que se conoce como “liberalización política”, iniciado en 1977 con la famosa reforma de Jesús Reyes Heroles para dotar de pluralismo a la representación política, así como para tratar de legitimar a un régimen presidencialista severamente cuestionado por una sociedad emergente no sólo dentro de México, sino en el plano internacional. La cereza en el pastel de todo ese proceso sería la alternancia en el poder ejecutivo federal con el PAN.

     Por supuesto que la democracia que llegó en el 2000 era apenas el inicio de un cambio de régimen político que, se esperaba, sería consolidado con la implementación de nuevas prácticas y medidas gubernamentales que recobrarían la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Lamentablemente, el régimen foxista fue puro “jarabe de pico” y el famoso rollo de que “el presidente propone y el Congreso dispone” no pasó de ser una frase grandilocuente más de Vicente Fox. El resto de la historia política de ese sexenio es harto conocida: desparpajo y ocurrencias al por mayor, así como polarización social grave con el uso faccioso del poder presidencial en contra de los adversarios políticos. La democracia política se devaluó rápidamente y con Felipe Calderón fue peor ese uso faccioso de las instituciones del Estado, llegando al extremo de corromper a los dispensadores de la justicia, incluso electoral, para lograr que se impusiera al personero de los intereses económicos de fuera y dentro de nuestro país. La democracia política fue secuestrada por representantes de los más diversos “poderes fácticos” y, ahora, el resultado es desolador: Estado fallido e imperio de la legalidad en entredicho. La transición quedó trunca y el pluralismo abollado.

     La otra transición, que hoy reclama el país, es la del paso de un “Estado de chueco” a un imperio de la legalidad en que el poder público sea el primero en acatar ese mandato. Se puede conceder que la primera transición logró dotar de actores políticos diversos el espacio público, aunque ahora parezcan cortados por la misma tijera. El pluralismo alcanzado se volvió de nuevo limitado, como en la época previa a los noventa, cuando el PRI hegemonizaba el poder pero dando los primeros coletazos de un dinosaurio lastimado por el empuje democratizador de una sociedad civil cada vez más organizada y demandante de un cambio de régimen que, como decíamos antes, empezaba por “sacar al PRI de Los Pinos”. En algún momento de la euforia, hasta se llego a plantear la posibilidad de transitar a un régimen parlamentario, pero sólo se han logrado pequeños avances que permiten cuestionar el ejercicio vertical y abusivo del poder presidencial. Al final del día, lo que queda es la certeza de que no se puede ir más allá de zarandear el árbol de una democracia pervertida, sin poder arrancar las manzanas podridas, salvo que se caigan solas de maduras, esto es, que no hay manera de que funcionarios venales renuncien a sus cargos porque la bendita legalidad que padecemos no se los permite.

     En suma, esa otra transición debiera tener, como una de sus prioridades, a la revocación de mandato como un instrumento efectivo de control político de parte de la sociedad, capaz de re-mover, de manera anticipada, a quien no cumpla con la alta responsabilidad de servir en el ejercicio de un (en)cargo público. En ese contexto, la renuncia de Peña Nieto, que se pedía presentara antes del 1 de diciembre, es una expresión del hartazgo social ante la incompetencia mostrada para encarar y resolver la crisis política nacional, pero al propio tiempo es la expresión más acabada de impotencia social para ir más allá de los gritos y sombrerazos que, para acabarla de amolar, ahora se festinan desde el poder como inmejorable pretexto para intimidar con el uso de la fuerza represiva estatal. Las transiciones requieren, sabido está, de liderazgos excepcionales que empujen a buen puerto lo que Norbert Lechner planteaba como “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden social deseado”, en alusión a la visión estratégica de quien se precie de ser un “estadista”. Por desgracia, no parece tratarse del “momento mexicano”.