Miedo y poder

 El discurso del presidente Peña Nieto a su regreso de la China no tiene desperdicio. Invocar el uso de la fuerza del Estado mexicano, como recurso inminente para sofocar el malestar social, es un reconocimiento tácito de que otros medios de convencimiento, disuasión y control de los que regularmente dispone el aparato estatal han fallado. En este sentido, se trata de un “Estado fallido”, por supuesto. Esos recursos, como el del manejo convenenciero de la información, del despliegue de dinero para comprar conciencias, del abuso propagandístico para “dorar la píldora” al respetable, entre otras cuestiones que suponen evitar la “última ratio” que representa el empleo de la fuerza pública, evidencian el fracaso de un gobierno que ya no siente lo duro sino lo tupido porque “todo el pueblo tiene dolor de cabeza”, parafraseando al juez Arcadio de “La mala hora” de García Márquez.

     ¿Qué pretende Peña Nieto con ese discurso? Evidentemente, sembrar el miedo entre la población para que se abstenga de seguir exigiendo se resuelva el gravísimo problema de la inseguridad que, desde el propio Estado, se ha prohijado en connivencia con personeros de la delincuencia. De inmediato se advierte que se trata de un problema circular, porque si pides que cambie la práctica viciada de la aplicación de la ley, te expones a que se te aplique “la otra ley”, la que hacen ellos, parafraseando al Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando Fulgor Sedano previene al cacique de Comala que sus enemigos han cumplido con lo que marca la ley: “de ahora en adelante la ley será la que hagamos nosotros”. Ese es el problema del Estado moderno, que la ley no es producto del consenso social, sino acuerdo entre minorías que representan sus intereses de facción. En tal sentido, habría que cuestionar, por lo menos, eso de apelar al uso “legítimo” de la violencia física como tarea monopólica del Estado, en la célebre definición de MaxWeber.

      La experiencia de las guardias comunitarias, por ejemplo, es un desafío a ese rígido principio de la violencia institucional o de Estado. En todo caso, habría que empezar por distinguir entre lo “legitimo” y lo “legal”. Si nos atenemos a la teoría política clásica, lo legítimo tendría que ver con el ejercicio del derecho tal y como “debería ser”, en tanto que lo “legal” tendría que ver con la aplicación de la ley “tal y como está”, lo que abre la vía al uso discrecional y arbitrario del poder público, puesto que lo que interesa a quien detenta todo el poder del Estado es el restablecimiento del “orden social”, del mantenimiento de las condiciones actuales que generan el hartazgo y enojo de la sociedad y no de su transformación para bienestar de la población. Esas condiciones ya las tenemos bien conocidas como experimentadas: pobreza, persistente, desigualdad social, depredación económica, corrupción burocrática e impunidad gubernamental. Por tanto, la violencia de Estado que ofrece Peña puede ser “legal”, pero en la crisis actual no puede ser tenida como “legítima”.

     Una muestra más de tal contradicción en que incurre el discurso presidencial y que “deslegitima” cualquier intento por llegar al uso indiscriminado de la fuerza estatal (así sea que diga que lo tenga que lamentar), es que junto con esa advertencia intimidatoria ofrezca convocar a un nuevo pacto, dizque social, para sortear la crisis política que padece el gobierno federal. ¿Cómo se puede convocar al dialogo si se asoma la mano dura como sello de identidad? A menos, claro, que se trate de una versión elitista de acuerdo político entre “los mismos”, como ya sucedió con el tristemente célebre “Pacto por México”. La gente lo que pide es que se cumpla con la ley… como debería ser, sin vericuetos, chicanas o manipulaciones (como parece que así ha ocurrido con el informe del procurador Murillo a propósito de la tragedia de Iguala). Peña podría recuperar algo de legitimidad si resuelve quitar del cargo al procurador fallido, sobre todo cuando crecen las voces que reclaman su propia cabeza; seguramente cesará a Murillo porque se ha convertido en el eslabón más débil de la “crisis en el manejo de la crisis”.

     Volvemos al punto de partida: ¿por qué Peña tiene que recurrir a soltar la amenaza de aplicar la represión estatal? Porque sus demás recursos de dominación política se han agotado y solo resta desplegar el miedo como medida de contención social; esto si se considera que el Estado no tendría responsabilidad alguna en la crisis actual. En cambio, si se aceptara que “fue el Estado”, cabe la posibilidad de cambiar el rumbo de la acción política para promover un nuevo diseño institucional. Pero esto es, por ahora, tanto como pedirle peras al olmo. No hay que perder de vista que el Estado que tenemos en México es una forma histórica que responde a los intereses del gran capital, sobre todo trasnacional, y ya sabe que los personeros de estos poderes fácticos son los que deciden cuando y como dejar de apoyar a quien garantice sus inversiones. Ese es el dilema y preocupación del gobierno actual: que siga creciendo la inconformidad hasta llegar al punto en que esa tarea se haga con un alto costo social, o bien, que de plano, este Estado ya no dé para más.