Juzgar a los injustos

¿Qué hacer cuando la justicia se mantiene ciega, sorda y coja? Mínimo colocar a sus personeros en el banquillo de los acusados, para que la sociedad califique su actuar, “juzgando a los injustos”, como sugiere el poeta Eduardo Mosches, luego de tanto desatino en las tareas de procuración e impartición de justicia en el país, ya no digamos en las esferas de menor jerarquía institucional sino en los altos mandos que, se supone, agruparían a los mejores cuadros para dispensar “lo suyo de cada quien” y pavimentar el camino que va “a la justicia por el derecho”.

     Desgraciadamente, lo acontecido en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por una parte, y la determinación de cancelar cualquier consulta popular en temas de “trascendencia nacional” por parte de la tremenda Suprema Corte de Justicia de la Nación, revelan la podredumbre a que se ha llegado en ese aspecto de la vida institucional mexicana. Sobre el caso de Iguala, la omisión de nuestras “autoridades” ha quedado ya bien documentada y eso se traduce en una responsabilidad grave por crímenes de lesa humanidad. Mientras que en el caso de la decisión de cancelar la consulta popular en materia energética, francamente se aprecia como una más de las “chingaderas” en las que se atreven a regodearse esas autoridades, como para que junto con el drama se acompañe la burla.

     Parafraseando al Mario Vargas Llosa de “Conversación en la Catedral”, no puede uno dejar de preguntarse: “¿en qué momento se jodió nuestro país?”. Estos dos botones de muestra que señalamos son el colofón de una larga cadena de agravios propinados a la sociedad nuestra por los personeros del Estado mexicano, ese poder público en descomposición, capaz de disponer de la vida de sus gobernados como si nada.

     Tan grave es el colapso institucional, que hasta la renovación de organismos presuntamente autónomos para la protección y defensa de los derechos humanos, como la CNDH, hoy se revuelcan en miserable disputa por el control del membrete, bajo la perspectiva de que sirve más para el enriquecimiento personal e inexplicable, como sucede con el actual ombudsman Raúl Plascencia, quien pretende reelegirse, en medio de acusaciones graves de corrupción y, por supuesto, de negligente inacción en los casos de Iguala y Tlatlaya.

     Por el lado de la tremenda Corte, es de lamentar que los también carísimos ministros de esa mesa dispensadora de “justicia” se hayan concretado a interpretar de manera letrista lo que establece la Constitución General de la República, sin reparar en el momento que vive la nación mexicana, harto encabronada por no ser tomada en cuenta para algo más que pagar los platos rotos de tanta “pendejada” gubernamental (perdonando lo raspado de la expresión, pero en verdad que da coraje).

     El horizonte promisorio que se dibujó con la reforma política que incluyó la figura de la consulta popular en el artículo 35, fracción VIII, de nuestra Constitución Federal, hoy se ha enterrado en la fosa de la corrupción que impulsa el actuar de nuestra clase política en general y de esas autoridades jurisdiccionales en particular. No se podría esperar otra cosa con los antecedentes de otras mesas de impartición de justicia que, como en el caso electoral, también se han atrevido a formular veredictos que han quedado como frases para el bronce de una historia peculiar, como cuando en 2006 los magistrados del Trife resolvieron que “las elecciones fueron sucias, pero son válidas”, generando un grave precedente para 2012, cuando esa misma mesa electoral se apresuró a manifestar que “no se puede ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas”, ¡hágame Usted el refabrón cavor!

     De allí a una conclusión actual para el caso de la consulta energética, como la que anuncia la tremenda Corte, pues no habría mucho qué esperar, tal vez algo así como: “lo que no se gano, una vez más, en la mesa… ¿para qué diablos buscar que se gane en las urnas de 2015?”. Este es, precisamente, el drama de una impartición de justicia no popular, burocrática y como dice la raza: “harto pasada de lanza”. Todo se reduce a una mesa en la que, quienes están detrás, del otro lado, son como esos tenderos que te dicen: “aquí no hay más mercancía y precio que los que me da la gana”.

     Con una lógica de esa ralea, mercantilista, los ministros de la tremenda Corte resuelven que no procede una consulta sobre la reforma energética porque se cae en la excepción de la propia letra del 35 constitucional, relativa a los “ingresos y gastos del Estado” que, suponen, podrían verse afectados con una eventual reversa en la privatización petrolera por mandato de las urnas, por lo que, como bien se ha planteado por allí, en esa línea se podría proponer, por el ejecutivo federal, una medida tan loca como ponerle rueditas al palacio nacional y venderlo para obtener una lana, sin poner a consideración de la sociedad porque… ¡se pondría en riesgo el ingreso que percibiría el Estado mexicano! En fin, si la propia “autoridad” cancela la vía legal para que la gente se haga escuchar, ¿qué resta esperar?