Ven la tempestad…

La clase política gobernante en México es peculiar por su persistente vocación mezquina y depredadora. Ni ante la inminencia de la desgracia social sus personeros son capaces de sumar esfuerzos. A todo se pretende sacarle raja política. El paso del huracán “Patricia” se esperaba de consecuencias más graves y resulta que, afortunadamente, los daños fueron menores por haberse degradado su impacto. Cosas de la bendita naturaleza. Sin embargo, ya el gobierno federal hace alarde publicitario de haber actuado con acierto y responsabilidad para evitar tragedias… precisamente allí donde se llevará a cabo la elección extraordinaria de gobernador, en el estado de Colima, luego de haber sido anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) el proceso comicial del pasado 7 de junio, por diversas irregularidades que involucran directamente al gobernador saliente Mario Anguiano.

     Resulta que cuando el presidente Peña Nieto acudió a recorrer la zona afectada por el paso de “Patricia” en el estado de Colima y se percató de la presencia del senador Jorge Luis Preciado en la comunidad de “Playa Paraíso”, ni tardo ni perezoso se dirigió a quien, por lo demás, es el candidato panista a gobernador, para espetarle: “¿andas en campaña o estás ayudando?” (“La Jornada”, 25 de octubre de 2015). Por supuesto que Preciado no es una perita en dulce y si por algo se le recuerda es por sus excesos en la propia sede del Senado, donde no hace mucho celebró el cumpleaños de su esposa y al ritmo del mariachi pidió que le cantaran -a él- “el rey de chocolate”, por aquello de su característica “nariz de cacahuate”. Más en serio, hay que recordar que Preciado es harto conocido como “el (otro) rey del moche”, por aquello de ofrecer sus “buenos oficios” para “bajar” apoyo federal a cambio de una lana (el otro panista que le disputa ese “honor” es Alberto Villarreal).

     Con tales antecedentes, es entendible que el presidente Peña Nieto advirtiera a Preciado que no pretendiera hacer “ronchita” con la desgracia de la gente, pero no deja de llamar la atención que el propio presidente se suba al ring, con un adversario de menor peso político, si no es para incurrir en lo mismo que cuestiona. A pesar de la negativa de Preciado al señalamiento del presidente, éste fue enfático en acotar que las tareas de reconstrucción por el paso del huracán estarán a cargo del gobierno federal porque… “en la parte política ni me meto” (ajá).  Por lo demás, tal parece que el llamado de Peña a Preciado topó con gruesa pared, ya que según la crónica periodística señalada, el senador panista se dejaba ver y querer por doquier, festejando jubiloso los gritos de la gente que se referían a su persona como “Preciado, mi próximo gobernador, chingao!”.

     En el reciente aniversario del devastador terremoto que sacudió la ciudad de México en 1985, quedó clara la lección: un gobierno que se paraliza ante la tragedia está condenado a verse rebasado de inmediato por la sociedad civil y, por supuesto, con un alto costo político por incumplir con su responsabilidad social. Tal vez, por eso, ahora la clase política que nos “gobierna” se mueve más rápido para, por lo menos, aparentar que algo se hace y, obviamente, evitar que los adversarios “le coman el mandado”. Es lamentable, pero se trata de una realidad presente. Baste recordar tantas imágenes de presidentes, gobernadores y alcaldes con el agua, literalmente, hasta el cuello, en mangas de camisa uniendo sus manos a las del pueblo o con las botas cubiertas de lodo para que la foto de su involucramiento en la desgracia tenga impacto mediático, así sea que, luego, procedan de inmediato a lavarse el cuerpo porque temen correr el riesgo de “infectarse” o “mancharse” por andarse mezclando con tanto miserable. “Son manchados”, dice la raza. Por eso, como bien reza el dicho, hay políticos que, de plano, “ven la tempestad… y no se hincan”.

La tremenda Corte

                                              

Para nadie es un secreto que, paradójicamente, el poder del Estado mexicano más secreto, más oscuro, es el Poder Judicial. En los últimos años, algo se ha avanzado en acotar las facultades “meta-legales” del titular del poder ejecutivo federal, aunque sigue prevaleciendo un “presidencialismo a la mexicana” que se arroga cierta “manga ancha” para gozar de prerrogativas que otros altos funcionarios no tienen, para seguir siendo el “jefe de jefes”, como cuando el actual primer mandatario (Peña Nieto), para resolver un conflicto de interés (La Casa Blanca) que lo involucra, decide nombrar a uno de sus empleados (Virgilio Andrade) para que lo investigue, con el consabido y vergonzante resultado.

     Con el poder legislativo ocurre que, igual, algo se ha logrado avanzar, dotando de mayor pluralidad la representación popular en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, aunque el costo de tal “liberalización” sea muy alto, toda vez que se ha venido presentando una “vocación” cada vez más depredadora del erario de no pocos legisladores, al extremo de hacer del presupuesto allí aprobado, cada año, una auténtica piñata para que agandallen políticos, empresarios y demás extensiones de los poderes fácticos. Sin embargo, mal que bien, algo se conoce de los entretelones de acuerdos y negociaciones, precisamente por la diversidad de actores políticos que, no pocas veces, por la consecución de los mismos intereses sectarios, terminen evidenciando los pormenores de trácalas y jirones. Decimos “liberalización” porque, la “democratización” de este poder del Estado, en términos de su independencia del poder ejecutivo, aún no es plena.

     Pero en el poder judicial en general y, sobre todo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha prevalecido la opacidad y discrecionalidad mayor. En los próximos días tendrá que resolverse la integración de dos de sus ministros y ya es punto de conflicto público definir si eso se resuelve con apego a la legalidad o conforme al interés político, habida cuenta del grave antecedente que dejó el controvertido nombramiento de quien fuera el titular de la PGR (Procuraduría General de la República), Eduardo Medina Mora, en los tiempos aciagos del “gobierno” de Felipe Calderón (Fecal). Nombramiento que el Senado de la República hizo, sin mayor alharaca, de la propuesta enviada por el presidente Peña Nieto.

     Como bien ha observado el jurista Bernardo Bátiz (La Jornada, 19 de octubre de 2015), el problema de dotar de legitimidad plena la integración de la SCJN, empieza por dilucidar la contradicción que en el mismo texto constitucional prevalece en los artículos 95 y 96, cuando se contemplan en el primero los requisitos para ser “electos” los ministros y en el segundo el procedimiento para su “nombramiento”, cuestión que, aquí, pareciera que “no es lo mismo pero es igual” porque el presidente propone una terna (la nombra), que luego es votada en el Senado, en un procedimiento que incluso, en el extremo, pareciera una suerte de “golpe de Estado técnico”, en virtud de que todo ese entramado está diseñado (legal y políticamente) para que el ungido sea el preferido del jefe del poder ejecutivo.  

     Por todo ello, las voces que piden que se democratice la tremenda Corte insisten que se cambie ese método controvertido, cuyo precedente más grave viene desde 1994, cuando por los caprichos del entonces presidente Ernesto Zedillo se cambió a todos los ministros de la Corte porque temía que le fueran incondicionales a su ya acérrimo enemigo Carlos Salinas. La propuesta más avanzada es la que plantea que los ministros sean electos por la ciudadanía, pero se trata de un planteamiento que pondría en riesgo los intereses de no pocos representantes de los poderes fácticos de toda laya, por lo que, ni modo, por lo pronto se tiene que exigir, socialmente, que quienes lleguen a esos cargos no lo sean por componendas de personeros de otro poder del Estado y menos de los denominados poderes fácticos.

¡Ah raza!

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es el recién estrenado gobernador de Nuevo León. Llega a ese (en)cargo público con las más grandes expectativas sociales que despertó su condición de “candidato independiente”, así como su estilo frontal y directo para llamar a las cosas por su nombre. Ha iniciado con “bombo y platillo” su mandato, alardeando que no será como sus antecesores: entre indolentes y ladrones, sino que gobernará, dice, “para la raza”, es decir, para el pueblo noble que sigue esperando se le tome realmente en cuenta y se le haga justicia en sus legítimos reclamos.

     Por lo pronto, ya mandó cerrar la casa de gobierno por considerar que se trata de un lujo que no puede darse su gobierno, así como echar a la basura la silla que ocupaba el ex-gobernador Rodrigo Medina en palacio de gobierno, emulando a Emiliano Zapata cuando rehusó sentarse en la silla presidencial que le ofrecía Villa por considerar que ese tipo de muebles están “malditos” porque vuelven locos a los gobernantes. Hasta aquí, está bien que inicie con enjundia “El Bronco”, la raza se lo agradece porque propicia el desahogo de la “muina” colectiva por tanto desgobierno padecido allí en el último sexenio.

     Sin embargo, es inevitable que también se presenten dudas razonables acerca de los alcances que pudiera tener la política “bronca” de Jaime Rodríguez, toda vez que, como sociedad, ya hemos pasado por un desencanto generalizado cuando, guardadas las proporciones, se tuvo con Vicente Fox, en la presidencia de la República, la expectativa de un gobierno distinto al de las “víboras prietas”, “tepocatas” y demás alimañas que, decía, caracterizaban el viejo régimen priísta contra el que lanzó su exitosa cruzada para sacarlo de “Los Pinos”.

     El fracaso del gobierno foxista es harto conocido y, junto con eso, el fracaso del bono democrático que significó la alternancia en el poder presidencial, en buena medida por mantener en pie las viejas prácticas del antiguo régimen priísta que tanto se cuestionaban, sobre todo en materia de negocios para unos cuantos políticos y potentados que aprovecharon que “el de las botas” andaba siempre medio “entoloachado” por la señora Marta Sahagún, con quien compartía el mando. Recuérdese que Fox mismo ubicó a su gobierno como “de, por y para empresarios”.

     Con esos antecedentes, obviamente que la raza desconfía pero le concede el beneficio de la duda a “El Bronco”, personaje que tendrá que lidiar con ese dualismo que Antonio Gramsci identificaba como “el optimismo de la voluntad” y “el pesimismo de la razón”. Tendrá también que ser más específico en la definición de lo que implica “la raza” como sujeto social al que dirige su discurso porque, hasta el momento, como observa Abraham Nuncio, “la raza” con la que se ha reunido para tomar decisiones y acuerdos es la de los representantes de las grandes organizaciones empresariales norteñas y no “la raza” obrera, campesina, magisterial, universitaria o de cualquier otro sector social, con fines programáticos y no de simple baño de pueblo (“La Jornada”, 13 de octubre de 2015).

     En fin, como quiera que sea, “El Bronco” ya está instalado como gobernador de Nuevo León, una de las entidades federativas más importantes de México por el tamaño de su economía y por la influencia política de sus grupos empresariales en el conjunto del país; de allí que, incluso, se empiece a especular con la posibilidad de que pudiera ser un fuerte aspirante a la candidatura presidencial en 2018, tal vez de manera independiente o mediante el cobijo de algún partido. El asunto es que, “la raza” en general, esa que don Eulalio González, mejor conocido como “El Piporro”, celebrara en sus inigualables películas como la gente noble y de bien, sea la que tenga la última palabra con respecto a las expectativas generadas por la política “sui géneris” de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”.

Infamia de salario mínimo

En verdad que ni la burla perdonan. Nos referimos al anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), integrada por representantes del sector obrero, empresarial y del gobierno federal, de que a partir del mes de octubre del presente año habrá un salario mínimo general único en todo México y se incrementará en un peso con ochenta y dos centavos, para quedar en setenta pesos con diez centavos diarios. Evidentemente, se trata de una burla porque la CNSM asume que será un “gran beneficio” para la economía de los trabajadores. Para empezar, habría que precisar que la representación obrera en esa instancia es la que responde a los intereses de los típicos líderes sindicales “charros” y, por tanto, no se puede esperar más que sumisión a los intereses que imponga la dupla empresarios-gobierno, en la lógica inherente del sistema de acumulación de capital prevaleciente.

     Luego, habría que recordar que desde hace tiempo se había buscado achicar las diferencias salariales entre las distintas zonas económicas del país, mediante el paso de unas entidades federativas de una zona a otra, como si con esa medida se lograra revertir la caída en el consumo de quienes tenían la desgracia de vivir en zona de menor dinamismo económico. Con la homologación que ahora se decreta, se pretende vender la idea de acotar esa desigualdad, cuando en realidad sucede que se estandariza porque de todos modos el impacto final del “incremento” salarial es francamente nulo para todos los trabajadores por igual. Pero el problema más grave y que sigue siendo la piedra de toque de cualquier anuncio de incremento al mínimo salarial, es el que tiene que ver con su papel de contención en la reproducción social de la fuerza de trabajo… de la vida y no del capital.

     ¿O acaso es razonable considerar que con un peso y ochenta centavos diarios de incremento salarial se puede aspirar a vivir decentemente? ¿Qué se puede adquirir con esa ínfima e infame cantidad de dinero que no sea algo más que un chicle para masticar la rabia que despierta tanto cinismo de las “autoridades” que se llenan la boca, diciendo que así fortalece el poder adquisitivo de la clase trabajadora? Aparte de que se incumple con el espíritu y letra de la Constitución Federal que considera que ese salario debe satisfacer las necesidades esenciales de un trabajador y su familia, tales como vivienda, educación, vestido y alimentación, la realidad es que es imposible lograrlo con ese mínimo ingreso. Aunque se reforme legalmente el concepto y/o se hagan cambios meramente cosmético-técnicos como ese de homologar las zonas económicas, el asunto es de política-económica o economía política.

     Esto significa que la naturaleza de dominación del capital sobre el trabajo, en las modernas sociedades capitalistas, es de tal despotismo y ambición que se apropia del producto del trabajo al grado de volver los procesos de trabajo cada vez más excluyentes y los flujos de capital más especulativos. Una cita clásica de Carlos Marx en su obra “El Capital”, ilustra inmejorablemente este proceso: “Pero todos los métodos para la producción del plus-valor son a la vez métodos de la acumulación, y toda expansión de ésta se convierte, a su vez, en medio para el desarrollo de aquellos métodos. De esto se sigue que a medida que se acumula el capital empeora la situación del obrero, sea cual fuere su remuneración (…) La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo acumulación de miseria en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital”.

     En efecto, sea cual fuere la remuneración salarial, el problema esencial es el de la apropiación que del producto del trabajo hace el capital, hasta llegar a considerar la fuerza laboral como simple cosa que se puede comprar o vender, pues tal es la ficción de la relación capital-trabajo que prevalece en un modelo de acumulación “salvaje” como el que tenemos y que los considera equivalentes mediante un precio que se paga como salario, pero generando un polo de riqueza para pocos y otro polo de miseria para muchos. Sea cual fuere la remuneración, el problema es el de una injusta distribución de la riqueza que requiere reorientar el modelo económico que hoy conocemos como capitalista depredador o “neoliberal”, el problema es, más bien, cuando podría ocurrir esto.

    

Masiosares

Pasaron las “fiestas patrias” pero, se supone, el fervor sobre lo mexicano queda, por lo menos en lo que resta del mes de septiembre. Por tanto, es dable seguir hablando de “los héroes que nos dieron patria” y… de sus contrarios, los “masiosares”. Con éste último mote, el ingenio popular ha bautizado a los “extraños enemigos” que se atreven a “profanar con sus plantas” (botas, chanclas) nuestro suelo o territorio nacional, así como a los “traidores a la patria”, es decir, a los propios mexicanos que con sus actos atentan contra las riquezas materiales y espirituales (valores) que tenemos como patrimonio colectivo, de la nación, pues. Por tanto, no se trata de un asunto menor tener presente esta tipología de sujetos que, por lo menos, cada año saltan a la palestra para recordarles que no tienen “matria”.

Los masiosares de nuestro tiempo son perfectamente identificables porque no son tan “extraños” como enemigos del pueblo; pululan en las altas esferas del poder público y su misión recurrente tiene que ver con el despojo del patrimonio nacional, la expoliación económica de la mayoría de la sociedad, así como hacerse guajes cuando se trata de investigar las tranzas y atropellos que se cometen al administrar la cosa pública. No es solamente la devaluada casta de políticos viciados que hacen de las suyas cada que pueden (por aquello de que no quieren que les den, sino que los pongan donde hay), sino también de empresarios abusivos que aprovechan los “favores” de esos políticos, así como de todos aquellos funcionarios que les vale gorro la suerte de los ciudadanos a quienes deberían de servir.

Los masiosares son esos delincuentes de cuello blanco que roban a la nación y hasta alardean de las riquezas mal habidas, justo cuando la mayoría de la sociedad mexicana padece una situación de angustia por la recurrente crisis económica. Son esos servidores públicos que practican, cínicamente, el arte de mentir, incluso con la verdad… histórica. Son esos representantes, dizque “populares”, que solamente sirven para validar las ocurrencias de los gobernantes y que, de ninguna manera, se atreven a levantar la voz para denunciar tantos excesos de los personeros del poder político y/o económico. Son esos funcionarios que se muestran como “candil de la calle y oscuridad de la casa”, cuando defienden los derechos de ciudadanos vejados en el exterior pero se “sordean” con los excesos que se cometen con la propia gente de casa.

En fin, los masiosares de nuestro tiempo andan desatados pretendiendo seguir saqueando a México, llevándose el oro y el moro, concesionando la riqueza minera, petrolera y de todos los demás bienes nacionales “quesque” para que, ahora sí, la gente pueda vivir feliz y contenta. Son los represores que suelen echar mano de toda la fuerza pública, para seguir impidiendo que el pueblo se manifieste libremente en el ejercicio pleno de sus derechos. En suma, son la rémora de un pasado conservador que se resiste a dejar que lo mejor de la sociedad mexicana se convierta en gobierno para democratizar todas las esferas de la vida pública: la política, la economía, la educación, la cultura. Allí permanecen, empero, embozados, prestos a dejar que al país lo devoren los intereses más mezquinos de fuera y dentro de México.

En ocasión de los festejos por las fiestas patrias, siempre conviene, pues, tener presentes a esos sujetos que andan metidos en el ajo de la cosa pública, llevando agua a su muy particular molino y haciéndose pasar como inmaculados servidores de la gente, cuando en realidad son los “extraños enemigos” del pueblo. Tampoco confundir al “masiosare” con el personaje de una novela de Armando Ramírez, donde el protagonista es un vendedor callejero de pantaletas de talla extra-grande, obligado a desempeñarse en ese peculiar oficio porque la famosa “igualdad de oportunidades”, en este México nuestro, aún es vana ilusión.       

      

Guarurismo

Tanto se ha devaluado el noble ejercicio de la política en México que ya no caben las grandes discusiones sobre posturas ideológicas diversas, sobre todo entre representantes de partidos políticos que, se supone, serían vehículos de transmisión de críticas, propuestas y hasta sentimientos colectivos de distintos segmentos de la sociedad. Como decía don José Carmen García Vázquez: “si la ideología separa a las fuerzas políticas, el presupuesto las une” y, en efecto, cuando se trata de privilegios que derivan del goce de la función pública, lo más “cuerdo” es que las diferencias políticas abran paso a la unidad… en defensa de los beneficios que al resto de los ciudadanos están vedados.

Un ejemplo claro de la suerte de privilegios que goza una casta dorada de políticos en México es el que se refiere a contar con escoltas o guaruras, dizque para salvaguardar la seguridad personal que, cotidianamente, se pone en riesgo para muchos “sufridos” funcionarios. No es de dudar que, ciertamente, no pocos servidores públicos tengan que cuidarse de los enemigos ganados gratuitamente, no sólo por la índole de su responsabilidad (como las tareas que tienen que ver con la seguridad pública), sino incluso porque, en verdad, son tan antipáticos e impopulares que no falta quien busque, por lo menos, “mentarles la máuser”.

 

Así las cosas, si antes se debatía ampliamente sobre las contradicciones del capitalismo o las utópicas bondades del socialismo realmente existente, ahora tenemos que andar elucubrando sobre los excesos de otros “ismos”, como es el caso del mentado “guarurismo”, sobre todo cuando nos enteramos que en la entidad potosina casi una tercera parte de la fuerza policial operativa estatal se dedica a cuidar las espaldas de diversos funcionarios de alto pedigrí gubernamental y, ¡encabrítese Usted!, toda vez que solo para el servicio del gobernador Toranzo y esposa se destinan… ¡65 efectivos!, como para que ni las moscas se atrevan a volar en varios metros a la redonda.

Con justa razón, el escritor Federico Campbell nos recuerda que “el problema de la policía es uno de los problemas no resueltos del Estado moderno”, no sólo por la delgada línea que separa la función policial de cualquier régimen político con la “última ratio” de la violencia legal característica del poder estatal en la modernidad; sino, también, por la frecuente mezcla de intereses de una corporación con los particulares de ciertos personajes del gobierno, al punto de la ridiculez e indignidad, como cuando el célebre “Negro Durazo”, jefe de la policía del Distrito Federal en la época del presidente López Portillo, empleaba a los policías en labores propias de la servidumbre del hogar o como albañiles para la construcción y remozamiento de los palacetes que simbolizaban la enorme corrupción reinante.

En fin, al cierre del sexenio del doctor Toranzo sale a flote la comisión de tales excesos por parte de personeros de la clase política gobernante, pero lo que (ya no) sorprende es que asuman que “eso y más merecen”, dizque porque los “pobrecitos” se andan jugando el pellejo por nuestra tranquilidad y, por tanto, requieren de hartos guarros para su seguridad personal que hasta dan miedo. Ni hablar, son tiempos difíciles y obligan a implementar las medidas de seguridad que sean tenidas como “necesarias” y… estrafalarias; lástima que sólo sean para unos cuantos, eso sí… con cargo a los demás.  

La verdad sospechosa

Como sucede con “don García”, personaje central de la obra de Juan Ruiz de Alarcón, las mentiras del ex-procurador Jesús Murillo Karam (en el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero) han salido a la luz pública, desnudando la naturaleza específica del poder político que prevalece en México. El famoso informe que presentara el mentado Murillo como “la verdad histórica”, hace varios meses, ha resultado, en realidad, un descomunal engaño que, por supuesto, solamente “creyeron” los personeros del Estado mexicano -incluido el propio presidente Peña Nieto-, alarmados por la creciente inconformidad e indignación social que despertó la sospecha fundada en la participación directa de no pocos funcionarios públicos de la más diversa ralea e (in)competencia, en esos lamentables hechos.

Damián Alcázar, el reconocido actor de cine que ha dejado memorables actuaciones en “La ley de Herodes” y “El infierno”, cintas que retratan la cruda realidad mexicana, ha señalado que la última película de esa saga, “La dictadura perfecta”, originalmente se titularía “La verdad sospechosa”, en alusión a la otra faceta de que hace gala el poder político en México y que tiene que ver con la mezcla de negocios con grandes consorcios mediáticos, cuando de manipular la verdad se trata. Sin embargo, en el caso de Ayotzinapa, el impulso político-mediático por tratar de enmascarar la verdad se ha topado con la formidable resistencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos y con la presión del escrutinio de la opinión pública a nivel internacional, impidiendo que se concrete una burla social monumental.

Ahora se comprende mejor el sentido de mandar a “descansar”, recientemente, a Murillo Karam, relevándolo de la otra “responsabilidad” pública encomendada por el presidente Peña Nieto como titular de la “Sedatu” (Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano), seguramente en previsión de que lo alcanzara, si no el largo brazo de la ley, por lo menos el índice justiciero de una sociedad agraviada hasta por “la güeva” de que alardeaba este sujeto cuando señalaba que ya estaba “cansado”, precisamente para eludir las preguntas incómodas de la prensa independiente y crítica con su mamotreto de conclusiones del caso Ayotzinapa. Pero el mal ejemplo cunde y… hasta deja escuela. Después del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la PGR insiste en la tesis chafa de Murillo.

Uno de los miembros del GIEI, de apellido Torero, ha desmontado esa tesis de la pira humana en el basurero de Cocula, demostrando la imposibilidad de una incineración tan rápida como la señalada en el informe de Murillo. Como se trata de una verdad científica que no comulga con las ruedas de molino oficialistas, al gobierno sólo queda el recurso de aceptar, por lo menos, que se trata de otra versión a confrontar… aunque, tercos que son, insisten en “su verdad”, así sea que el Torero los haya dejado con todo el estoque adentro. Como para tratar de salir del atolladero, el presidente Peña acepta reunirse con los familiares de los estudiantes desaparecidos antes de que se cumpla, el 26 de septiembre, el primer aniversario de los hechos.

En suma, el asunto reviste aristas complejas, por supuesto, pero queda claro que, como decían los clásicos, hay un discurso de la verdad que se manipula convenientemente por parte de la “autoridad”, sobre todo cuando se tiene como la “verdad histórica”, como si la historicidad sólo fuera inmutable e ideológica y no un horizonte abierto a otra(s) posibilidad(es). Por lo pronto, la verdad “oficial”, sostenida con alfileres por el gobierno federal, se ha desnudado como “la verdad sospechosa”, como la versión descabellada que en las prisas por evitar mayor escándalo internacional y erosión de legitimidad, se insiste en mostrar como “lo mejor” que pudo haber realizado un ex-procurador que, ciertamente, cayó más pronto que un cojo.

  

Refundar al PRD

En los próximos días, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), procederá a renovar su dirigencia nacional. Se perfila para presidir el comité ejecutivo nacional Agustín Basave Benítez, quien tiene una larga trayectoria como académico y legislador. Representantes de varias corrientes o “tribus” del partido han planteado su disposición para que Basave sea ungido como “candidato de unidad” y es previsible que ese acuerdo se materialice en un consejo nacional electivo que, antes, será facultado por el congreso nacional para que la reciente afiliación de Basave no sea obstáculo para validar esa postulación.

En principio, esa medida adoptada por las corrientes perredistas es promisoria, toda vez que Basave es un destacado intelectual que no pertenece a ninguna de las tribus del partido y eso abona a un proceso de recomposición de fuerzas en el PRD que no termine en el típico carrusel de descalificaciones que tanto desgasta su imagen, confianza e identidad entre la ciudadanía. Hace tiempo que no se percibía un balance general autocrítico que llevara a tomar medidas como la propuesta, en buena medida por la resistencia y la vocación sectaria de algunas tribus, incapaces de ver más allá de intereses inmediatistas.

El propio Basave ha expresado, en su “visión del PRD” (en “El Universal”, 31 de agosto de 2015), que uno de los mayores retos que enfrenta el partido es el de recuperar la “identidad perdida” entre la ciudadanía, toda vez que en la última elección, de este año, “muy pocos electores no perredistas votaron por el partido”, porque no tienen claro qué representa hoy en día y, en esa medida, “debe comunicar bien su prioridad ideológica: combatir la pobreza y la desigualdad”, (sin menoscabo de una diversidad de temas en los que tiene que asumir una postura igualmente crítica).

Con respecto a las corrientes o tribus, Basave también ha sido enfático en manifestar que se trata de una falsa disyuntiva plantear “si continúan como están o desaparecen”, ya que se trata de una realidad que se impone en todas las organizaciones políticas el que se formen grupos, expresiones o tendencias; el problema está en que se ha desvirtuado la función, incluso delineada estatutariamente, de esas corrientes, como grupos de opinión y no de presión. Por tanto, el reto está en acotar esos excesos en que han incurrido las tribus, situando por encima de sus intereses de facción el más general de la nación, primero, y del partido después.

En todo caso, en la visión de Basave subyace la necesidad de tener claro que dirigir un partido es dotarlo de orientación, de sentido político en el proceloso mar de la vida pública mexicana, donde, para empezar, urge restituir la credibilidad ciudadana en sus instituciones políticas. Esto implica que para un partido como el PRD, es impostergable retomar su papel como “oposición inequívoca” y firme en el plano nacional, así como de gobierno responsable y abierto a la sociedad donde se haya refrendado la confianza de la gente.

Finalmente, como expresión de izquierda democrática y progresista, el PRD tiene el desafío de impulsar un gran esfuerzo de unidad con otras fuerzas políticas y sociales que permitan enfrentar con éxito las tentaciones autoritarias y las regresiones en materia económica que amenazan con desmantelar el patrimonio nacional y los bienes públicos para beneficio de unos cuantos. Pugnar por acentuar la democratización de la política y de la economía del país y sus regiones que, hoy mismo se traduce en una transición trunca o inconclusa y que, por lo tanto, reclama un claro compromiso de renovación ética en las fuerzas de izquierda en México.

Sea o no Basave el dirigente nacional del PRD, sus planteamientos preliminares de lo que urge al partido quedan allí para ser tomados en cuenta. Ojalá y así ocurra. Por lo menos hay materia para el debate y es deseable que esa práctica se dé en el seno de un partido que no puede darse el lujo de postergar más su necesaria refundación democrática.  

¿Quién pidió mariachis?

Fieles al estilo cínico y desvergonzado que los ha caracterizado, los diputados de la casi fenecida legislatura potosina se jactan de que van a terminar su (en)cargo, en los próximos días, como creen que lo merecen: con bombo y platillo. Para tal efecto, el ya cliente de esta columna, el diputado “Chógono” Sánchez, ha declarado públicamente que llevarán mariachis al cierre de su función, porque dice que “así llegaron” y, suponemos, asume que no es de Dios que se vayan por la puerta de atrás.

El episodio de marras parece anecdótico y podría tomarse como una más de la serie de gracejadas en que se regocijan estos diputados, como para que los ciudadanos se convenzan de que todo lo que se haga para llamarlos a la cordura, responsabilidad y compromiso con la sociedad estará condenado al fracaso; sin embargo, es también la ocasión de insistir en la importancia de recuperar la dignidad y función del poder legislativo, en una nueva etapa que se espera sea productiva y benéfica para los potosinos.

En estos días, previos a la asunción del poder por parte del doctor Juan Manuel Carreras en el ejecutivo estatal y de los legisladores electos de distintos partidos en el congreso local, se han publicitado encuentros sostenidos entre las fracciones partidistas y el próximo gobernador. Suponemos que se trata de una muestra de la disposición que tendrán para “llevar la fiesta en paz”, así como tender los necesarios puentes de diálogo entre poderes para beneficio del pueblo potosino.

Es deseable que allí quede claro que el diálogo entre poderes no significa sumisión de uno al otro, sobre todo del legislativo al ejecutivo, ya que, desgraciadamente, esa ha sido la constante y nos ha llevado a situaciones lamentables en materia democrática en general y, de diversos aspectos que tienen que ver con la confección de leyes por consigna o al vapor, así como de una “conveniente” fiscalización que favorezca ciertos intereses políticos y/o empresariales, todo ello en detrimento de la dignidad de ambos poderes porque “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.

Ojalá que los diputados que llegarán a la siguiente legislatura no pierdan de vista que su compromiso es con los ciudadanos y no con facciones que busquen utilizarlos como vehículo de negocios privados o inconfesables, así como que tengan muy preciso que el poder que ostentan deriva de un mandato popular y no tiene por qué asumirse como delegación de atribuciones para hacer lo que se les antoje u ocurra; en todo caso, deberán tener presente el espíritu democrático que implica que los preceptos por ellos formulados también los incluyen, nada de que son sujetos de excepción.

La soberanía popular que descansa, por mandato ciudadano, en ese cuerpo colegiado que conocemos como poder legislativo, debe ser cada vez más un procedimiento cotidiano de toma de decisiones que incida, acertadamente, en el espacio normativo de lo público (Habermas, dixit), para que su legitimación sea permanente y no sólo en cada época electoral; esto incluye, por supuesto, la capacidad de formular juicios y preceptos que, discursivamente, no sólo sean lógicos jurídicamente, sino sensatos y hasta mínimamente comprensibles.

Esto último tiene que ver, obviamente, con la necesidad de atemperar el verbalismo desquiciado en el que suelen caer nuestros representantes populares que, para desviar la atención de la responsabilidad política que les toca o para tratar de justificar que hacen algo, se las gastan para espetar toda clase de sandeces que, ni siquiera, se agradecen como muestra de humor involuntario. Seriedad, pues, señores diputados y ojalá y estén al nivel de una ciudadanía que reclama calidad en los hechos y en los dichos, como esos que han dado fama al diputado “Chógono”. El desparpajo, que se lo dejen al ciudadano, pues al rato hasta ese sacrosanto derecho le van a confiscar en despoblado. Así que: ¿quién pidió mariachis?  

Mal de muchos…

Cuando ya no hay para dónde hacerse, cuando “la lumbre llega a los aparejos”, sólo queda el recurso de culpar a los demás o salir con el pretexto de que así andamos todos. Esto aplica para el gobierno mexicano que ya no siente lo duro sino lo tupido, con tantas broncas que se le acumulan cotidianamente y en todos los frentes. La operación política naufragando, la economía en picada, la imagen internacional deteriorada y las expectativas del conjunto de la sociedad cada vez más lejos de ser cumplidas cabalmente. En suma, un panorama que se aprecia complicado para el país en el futuro inmediato, toda vez que, ciertamente, hay una crisis que recorre el mundo, pero que nos pega por partida doble por la endeble condición de atraso y subdesarrollo (tanto económico como político) que arrastramos.

     En tal contexto, no es de sorprender que el presidente Peña Nieto aviente el arpa de su delicada encomienda como jefe del Estado mexicano, justificándose con el sobado recurso de lanzar la pelotita de los errores propios a otro lado. “A otros países les va peor”, ha dicho para sortear las críticas a los embates de la debacle económica. Como no sea que se refiera a economías crónicamente débiles de algunos países perdidos en tierras ignotas, no parece muy propio afirmar que estamos mejor que otras con características similares a la nuestra; al contrario, chance y hasta quedemos a deber. Antes se decía: “México para los chilenos y Chile para los mexicanos”, dando a entender que estábamos a la par de ese país, por ejemplo; ahora sólo queda como eco de un albur ingenioso.

     Lo que sí sorprende es que el presidente Peña, en lugar de proponerse dinamizar la alicaída economía nacional, mediante un proyecto renovado de apoyo a los distintos sectores productivos del país, se concentre en dinamizar… ¡la cocina mexicana!, según reciente anuncio oficial que pretende impulsar una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo basada en el arte, ciertamente insuperable, de hacer gorditas, sopes, tlacoyos, tostadas borrachas, y demás variedad de nuestra deliciosa gastronomía. Cuando escucha uno este tipo de noticias, la verdad es que lo único que se alborota son las tripas que llaman a saciar hambre y antojos culinarios, pero no deja de ser vista como una idea-fuerza que retrata, inmejorablemente, el grado de “crisis en el manejo de la crisis” de que se hace gala en este gobierno.

     Por desgracia, México sigue siendo el país por excelencia en el que todo es posible que suceda, así sea que se trate de las más descabelladas ocurrencias de nuestros gobernantes. Somos únicos en ese sentido. Pero el problema está en que seguimos atorados en una descomunal desigualdad que amenaza, cada vez más, la precaria estabilidad social. Cuando las cosas se ponen “color de hormiga”, nuestras autoridades resultan más canijas que bonitas y apelan al heroísmo de nuestro pueblo que aguanta vara para todo; pero ya se sabe que cuando “el pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, seguro se lanza contra viento y marea que pretenda su reposo. Así que, señores gobernantes, no le busquen tres pies al gato porque, luego, resulta que sí tiene cuatro. 

     Para terminar con este rollo que pretende hacer leña del árbol peñista caído, no tanto por morbosa actitud que dispensa un cuestionamiento a su peculiar política de pan y palo, sino por la necesidad de pugnar que vaya más allá de lo ordinario en la gestión de políticas públicas que en verdad necesitamos. Vale recordar que los grandes momentos de crisis reclaman una visión más amplia y comprometida con la historia que a cada jefe político de la nación le ha tocado, como cuando a principios del siglo pasado, ante la vorágine violenta del cambio, don Andrés Molina Enríquez pedía pensar y actuar en función de “los grandes problemas nacionales”. Hoy lo que persiste es el desparpajo y hasta el desplante tele-dramático de un gobierno que, de plano, mejor se consuela con el “mal de muchos”, con el consuelo de sonsos.          

Fingir locura

En el ocaso de su mandato, el gobernador potosino Fernando Toranzo se da el lujo de mandar al carajo cualquier queja o reclamo que le sea enderezado por alguno de sus gobernados. Ya nada le preocupa, dice el primer mandatario, ya se va. Si los empresarios que piden rendición de cuentas, en el caso del impuesto sobre nómina, “fingen locura”, según el rápido diagnostico del médico-gobernante, pues ya podemos imaginar el concepto en el que tiene a toda la gente que no comulga con el verbo de sus presuntos logros espectaculares en seis años de una administración que, por cierto, sus propagandistas cacarean, “ad nauseam”, como más y mejor que la anterior… no importa que de ella formara parte el hoy mandatario.

     En efecto, ¿qué le puede preocupar a un gobernante que se va con más pena que gloria de una administración estatal fallida? Cuando se ha dejado una estela de buen ejercicio de gobierno, seguramente preocupa que la gente olvide pronto los servicios prestados a la comunidad, no por prurito egoísta, sino por compromiso efectivo de trascender el tiempo que tocó ser parte fundamental de la historia local, así sea medio aldeana y/o parroquial. Cuando no se aspira a trascender, a dejar ejemplo de vocación y espíritu democráticos, sólo queda el recurso de culpar a los demás de no ir más allá de lo que pudo ser y no fue. Tal parece que en eso anda el gobernador Toranzo: aclarando que hizo lo que pudo pero, ni modo, no había “click” para más.

     Seguramente, el gobernador tiene claro que hay un hartazgo social, pero no se preocupa porque, ciertamente, ese hartazgo social no se traduce, por ahora, en acciones más amplias y directas de reclamo. La sociedad potosina, citando a un clásico, es como el atole: “tarda mucho en calentarse, pero luego tarda mucho en enfriarse” y, tal vez, por eso, ahora ni siquiera vemos que se proponga algún juicio popular al término del mandato torancista (como antes se hizo con otros ex-gobernadores), por lo menos para aplacar la “muina” que corroe a no pocos ciudadanos. ¿O será tan gris, tan eclipsado, el cierre de la actual administración, que ni siquiera vale la pena ese tipo de catarsis social? Quién sabe. El punto es que, en efecto, el galeno puede seguir pescando en aguas tranquilas.

     Pero tampoco es muy bien visto que se le den de patadas al pesebre. El gobernador se debe a los muchos electores potosinos que, entusiasmados por un perfil que se tenía como más sensible y humanitario, gracias a su formación de médico, se pensaba que estaría a la altura de las expectativas despertadas, sobre todo después de una administración caracterizada por el boato y el desparpajo. El hombre derrochaba humildad y se le tenía como la esperanza de los más pobres entre los pobres. Pero el desencanto ciudadano se fue incubando como propagando, en la medida que don Fernando dejó que otros manotearan a gusto en las responsabilidades que se le habían encomendado y, sin mayor empacho, un día aciago resolvió que ya no era más indispensable que lo necesario.

     Pero el médico resultó indispensable a la hora de consumar el giro que tomaría la sucesión de su propio (en)cargo, y allí tienen que logró evitar que se diera la alternancia política en el gobierno del Estado. Es un logro que muchos envidiarían, y ni modo que se lo anden regateando. En ese sentido, Toranzo bien puede jactarse de que lo más “peliagudo” ha pasado. Lo que sigue son los naturales gajes de un oficio que le tocó cubrir estos seis años y que, al final de su mandato, se traducen en el inevitable síndrome del “solitario de palacio”. Pero ya se va. Así que no hay de qué preocuparse. Que se preocupen quienes fingen locura… por no querer entender que la responsabilidad de un gobernante, como reza el dicho popular, no se reduce a cumplir antojos y enderezar jorobados.   

Peña y el populismo

¿Qué es un gobierno populista? Generalmente, se admite que el populismo es un estilo peculiar de ejercicio del poder público, basado en la exaltación de las necesidades de la gente y en el correspondiente compromiso de resolverlas como por arte de magia, con la sola manifestación de voluntad del gobernante de que así será, sin reparar en mayores costos sociales y económicos que puedan derivarse de ese tipo de concesiones. Evidentemente, lo que importa es el beneficio político que reporta un gesto de tal naturaleza del gobernante y, por eso, ciertamente hay que precaverse de ese tipo de regímenes políticos porque terminan socavando la legitimidad de la democracia, al pretender descansar la provisión del bienestar social en las emociones de una persona (dilapidando con gozo lo que no es propio) y no en la inteligencia colectiva.

     Como reza el viejo dicho: “al nopal solo se le visita cuando tiene tunas”, y así ocurre también con la reciente condena política que hace el presidente Peña Nieto del presunto populismo que “pone en riesgo la estabilidad de las naciones democráticas en el mundo”. Dicha advertencia tuvo lugar en la denominada “Reunión Nacional de Unidad por la Transformación”, realizada con militantes de pipa y guante del PRI, el partido del presidente, dizque para celebrar los triunfos electorales alcanzados en la pasada jornada comicial del 7 de junio, donde ciertamente ese partido fue el “ganón”.

     El asunto es que: antes de dichos comicios, el gobierno federal peñista también hizo su tarea populista, ofreciendo que la situación crítica que padece la mayoría de la población, en términos de pobreza, bajos salarios, carencia de empleo y un largo etcétera de necesidades no satisfechas, ahora sí sería resuelta por obra y gracia de las mentadas “reformas estructurales”. Es decir, que al nopal populista habría que acudir, antes, por necesidad electoralista, ya luego se vería.

     En efecto, así ha ocurrido luego de tres años de gobierno peñista. Las “reformas estructurales” no terminan de aterrizar en el beneficio inmediato y generalizado de la gente y, por el contrario, sabido como experimentado está, la situación económica no mejora porque el país no crece como debiera y, a toro pasado, el propio Peña Nieto reconoce que “sin dinamismo de la economía nacional” no se puede avanzar en el combate de los terribles flagelos que agravian a la sociedad mexicana, señaladamente el de la pobreza.

     Sin embargo, como se ha venido insistiendo cada que se abordan estos temas, ese tipo de argumentaciones que utiliza el gobierno para pretender distinguirse como “no populista”, como que habla con “la verdad”, sin pretender engañar al respetable, caen más temprano que tarde por su propio peso. Toda la culpa de nuestra persistente desgracia socio-económica se pretende aislarla de las responsabilidades políticas y así, resulta que la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad, el despojo, la venalidad y demás lacras que se resisten a desaparecer de las prácticas gubernamentales, no tienen nada que ver con esa persistente condición de parias y jodidos que pretende “naturalizar” el gobierno actual (y los anteriores, por lo demás). El “arte de mentir, incluso con la verdad”, pues.

     En fin, como ya pasaron las elecciones y viene de nuevo la ofensiva gubernamental para concretar el ciclo de las “reformas estructurales”, ahora sí se condena ese populismo al que antes se recurrió para dorarnos la píldora y asegurarnos que ya seríamos felices. Lo que se avizora es más medicina amarga para dizque sanear al enfermo, así sea que se le lleve entre las patas en el intento. Bajita la mano, se nos lleva por el camino de los griegos, pero no en términos de la exaltación de la democracia que tanto nos hace falta, sino de una crisis que ahonda nuestra difícil circunstancia como sociedad mexicana que se pretende “soberana” y, sobre todo, urgida de una justicia social y económica que, en verdad, no sea mero discurso “patriotero” (la “unidad nacional”), “populista”, o de simple alarde triunfalista de un partido que vuelve por sus fueros.

Estado en ridículo

Estamos acostumbrados a escuchar -y padecer- que el Estado mexicano es  constantemente incapaz de proveer al bienestar de su población. Se alega con  frecuencia que la confrontación política impide que se acumulen esfuerzos  para “modernizar” a México y que, por eso, se retrasa el desarrollo nacional,  por la lucha de facciones de todo tipo: partidistas, religiosas, sindicales,  empresariales, comunitarias y otras más que impiden concentrar la fuerza  estatal en “lo esencial”, en hacer felices a los más mexicanos que se pueda.

Pero no se puede. Nuestro Estado tiene que estar perdiendo el tiempo, se dice,  en estar arbitrando conflictos interminables. Con ese pretexto, los personeros  del Estado mexicano se conforman con tan solo administrar -y mal- la “cosa  pública”. Gobernar en el sentido pleno del término es una quimera.

 Pero de allí a que el ejercicio del poder público se convierta en hazmerreír  de propios y extraños es otra cosa. Si no es posible cumplir al cien con tantos  problemas que afectan a la población, por lo menos se agradecería que hubiera  disposición, transparencia, honestidad y compromiso de atender de la mejor  manera los reclamos de la sociedad, sin caer, por supuesto, en triunfalismos, demagogias y, mucho menos, tentaciones de reprimir con la fuerza las  crecientes inconformidades. Eso sería una muestra de “autoridad”, también en  el sentido pleno de la palabra.

Pero cuando todo eso se pierde o pervierte, se  vuelve imposible apelar a que se muestre un esbozo de mínima respetabilidad  en las instituciones del Estado. De allí a plantearse “mandarlas al diablo”,  como dijera un clásico, siempre falta poco.

     En todo este contexto, la segunda fuga del Chapo Guzmán de un penal de  alta seguridad deviene en la expresión más clara de esa pérdida de autoridad y  respetabilidad que debiera encarnar el Estado mexicano. Por el contrario, el  hecho se presenta como el colmo de una realidad mexicana que ya no puede ser más tragicómica, como cumpliendo a pie juntillas el “dictum” aquel de que  “la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia, la otra como  farsa”. La verdad es que ya no se sabe qué pensar de este hecho en el que lo  único cierto es el ridículo de las instituciones del Estado mexicano, en este  caso de las penitenciarías que, ya se sabe, padecen de una feroz corrupción.  Que el gabinete de seguridad diga que “sólo podía evadirse el Chapo con la  complicidad del personal carcelario”, es tanto como ya ni la burla perdonar.   

     El periodista Jesús Lemus narra en su libro “Los malditos. Crónicas desde  Puente Grande” (Colección “México Impune” de “Proceso”, número 2), cómo  varios internos de ese penal de alta seguridad ubicado en el estado de Jalisco,  describen la vida del Chapo mientras estuvo recluido en ese penal antes de que  escapara por primera vez, incluso desconociendo la famosa tesis del “carrito  de lavandería”. La conclusión de los diversos testimonios que recogió el  periodista es más que clara: el Chapo “era la mera autoridad en esa cárcel”.

Ahora, el mismo periodista desconfía de la versión gubernamental que refiere  la evasión por medio de un túnel que nadie pudo sospechar que se estuviera  construyendo, así como el recorrido en una motocicleta adaptada para llegar  hasta la bodega situada fuera del penal, porque se trata de ocultar algo más  elemental: el reo pudo salir por la puerta principal como si nada, porque en el México de la corrupción y la impunidad eso es perfectamente posible.

     En fin, para completar el cuadro, todo esto sucede cuando el presidente  Peña se va otra vez de viaje al extranjero con un amplio séquito de “gorrones”  y el país, de por sí a la deriva, se advierte como vació de autoridad más que  nunca. Como todo a estas alturas tiene necesarias implicancias de tipo  político, ya se busca al chivito que pague los platos rotos. Algunas voces  sugieren que sea el secretario de gobernación, Osorio Chong, para bajarlo del  caballo (de hacienda) en que iba corriendo para la sucesión presidencial. Sea o  no es una de las consecuencias políticas que arroje este nuevo episodio que  pone en ridículo al Estado mexicano, lo cierto es que se actualiza otra vez la  pregunta inevitable que surge a la confirmación de lo que el Estado en México  no es garante pleno de todos los derechos para todos los mexicanos, por  tanto… ¿tenemos Estado?

El PAN en el espejo

Un grupo muy representativo del panismo potosino, excluido de las decisiones tomadas por quienes han sido previa y expresamente identificados como el “Círculo Azul” (por parte del senador Octavio Pedroza y Alejandro Zapata), se han lanzado a la reconquista de los espacios perdidos. Un desplegado publicado en un medio de comunicación impreso y circulado ampliamente en las redes sociales, llama a la necesidad de que la militancia de ese partido analice los resultados político-electorales alcanzados en el reciente proceso comicial, donde ciertamente el PAN quedó maltrecho y, sobre todo, confrontado internamente. Esa crisis se presenta también en el plano nacional, con el examen crítico realizado por cuadros relevantes de ese partido, como el senador Javier Corral, quien advierte de una “demolición política y ética” del PAN y convoca a una “rebelión de las bases panistas” (Revista Proceso, 28 de junio de 2015).

     En verdad que hay un problema de unidad en el PAN y se puede apreciar hasta en las primeras reacciones a ese manifiesto por parte de algunos miembros del actual comité directivo estatal, como el vocero Alejandro Flores que no desmiente el contenido de lo planteado en el documento de marras sino las formas y las firmas, dudando hasta de que puedan ser todos los que suscriben… o suscriban todos los que sean, de tal suerte que solamente después de verificar eso se pronunciará, oficialmente, la directiva partidista (Periódico “Pulso”, 30 de junio de 2015). La realidad política imperante en el PAN potosino, se consigna en el desplegado, “es clara” y se manifiesta en cuestiones como “abandono de la educación doctrinaria”, “conformación de grupos internos concentrados en crear estructuras paralelas, mediante la afiliación indiscriminada y masiva”, así como “la compra de voluntades a cambio de prebendas”, entre otras acusaciones graves que demandan “un movimiento de rescate del partido para convertirlo en un instrumento al servicio de los mexicanos”.

     Evidentemente, la urgencia y pertinencia de propiciar un debate que conduzca a la reorganización del PAN es más que necesaria por los magros resultados electorales alcanzados en la entidad potosina y otros estados del país, pero tiene que ver también con la renovación cercana de su actual dirigencia nacional, encabezada por Gustavo Madero y que se ha visto envuelta en una constante crítica por sus posturas colaboracionistas con el gobierno de Peña Nieto, al extremo de que ya se vislumbra un intento de imponer, como sea, al diputado federal Ricardo Anaya como garante de los intereses que mueven a conspicuos panistas como el propio Anaya, Madero y Rafael Moreno Valle, aspirantes a la candidatura del PAN para la Presidencia de la República en 2018. Por tanto, como gustan decir algunos panistas, “lo importante y lo urgente” van mezclados y tan es indispensable resolver lo uno como lo otro.

     En fin, habrá que ver cómo se procesan estos desencuentros en el PAN, pero es de reconocerse que se trata de un debate impostergable para un partido que representa a una parte importante del electorado y que busca reivindicar su referente como partido dotado de una mística de oposición leal, razonable y anclada en el respeto y la dignidad ciudadanas. Por lo pronto persisten las desconfianzas entre los grupos internos y ya se acusa que para la elección del 16 de agosto, cuando se cambie la dirigencia nacional, se empiezan a cargar los dados, como el hecho denunciado por Corral de que en la comisión organizadora del proceso interno, que preside Héctor Larios, tres de los siete integrantes manifestaron su apoyo a Ricardo Anaya, quien representa, según Corral, los intereses del grupo preponderante panista que identifica como “el consorcio”, preocupado más por orientar el camino rumbo a la elección de 2018 que por recuperar la convicción e ideología perdidas, hoy reducidas al simple lema del “¿a poco no?”.