Estamos
acostumbrados a escuchar -y padecer- que el Estado mexicano es constantemente incapaz de proveer al
bienestar de su población. Se alega con
frecuencia que la confrontación política impide que se acumulen
esfuerzos para “modernizar” a México y
que, por eso, se retrasa el desarrollo nacional, por la lucha de facciones de todo tipo:
partidistas, religiosas, sindicales,
empresariales, comunitarias y otras más que impiden concentrar la
fuerza estatal en “lo esencial”, en
hacer felices a los más mexicanos que se pueda.
Pero
no se puede. Nuestro Estado tiene que estar perdiendo el tiempo, se dice, en estar arbitrando conflictos interminables.
Con ese pretexto, los personeros del
Estado mexicano se conforman con tan solo administrar -y mal- la “cosa pública”. Gobernar en el sentido pleno del
término es una quimera.
Pero de allí a que el ejercicio del poder
público se convierta en hazmerreír de
propios y extraños es otra cosa. Si no es posible cumplir al cien con
tantos problemas que afectan a la
población, por lo menos se agradecería que hubiera disposición, transparencia, honestidad y compromiso
de atender de la mejor manera los
reclamos de la sociedad, sin caer, por supuesto, en triunfalismos, demagogias
y, mucho menos, tentaciones de reprimir con la fuerza las crecientes inconformidades. Eso sería una
muestra de “autoridad”, también en el
sentido pleno de la palabra.
Pero
cuando todo eso se pierde o pervierte, se
vuelve imposible apelar a que se muestre un esbozo de mínima
respetabilidad en las instituciones del
Estado. De allí a plantearse “mandarlas al diablo”, como dijera un clásico, siempre falta poco.
En todo este contexto, la segunda fuga del
Chapo Guzmán de un penal de alta
seguridad deviene en la expresión más clara de esa pérdida de autoridad y respetabilidad que debiera encarnar el Estado
mexicano. Por el contrario, el hecho se
presenta como el colmo de una realidad mexicana que ya no puede ser más
tragicómica, como cumpliendo a pie juntillas el “dictum” aquel de que “la historia siempre se repite dos veces, una
como tragedia, la otra como farsa”. La
verdad es que ya no se sabe qué pensar de este hecho en el que lo único cierto es el ridículo de las
instituciones del Estado mexicano, en este
caso de las penitenciarías que, ya se sabe, padecen de una feroz
corrupción. Que el gabinete de seguridad
diga que “sólo podía evadirse el Chapo con la
complicidad del personal carcelario”, es tanto como ya ni la burla
perdonar.
El periodista Jesús Lemus narra en su
libro “Los malditos. Crónicas desde
Puente Grande” (Colección “México Impune” de “Proceso”, número 2), cómo varios internos de ese penal de alta
seguridad ubicado en el estado de Jalisco,
describen la vida del Chapo mientras estuvo recluido en ese penal antes
de que escapara por primera vez, incluso
desconociendo la famosa tesis del “carrito
de lavandería”. La conclusión de los diversos testimonios que recogió
el periodista es más que clara: el Chapo
“era la mera autoridad en esa cárcel”.
Ahora,
el mismo periodista desconfía de la versión gubernamental que refiere la evasión por medio de un túnel que nadie
pudo sospechar que se estuviera
construyendo, así como el recorrido en una motocicleta adaptada para
llegar hasta la bodega situada fuera del
penal, porque se trata de ocultar algo más
elemental: el reo pudo salir por la puerta principal como si nada,
porque en el México de la corrupción y la impunidad eso es perfectamente
posible.
En fin, para completar el cuadro, todo
esto sucede cuando el presidente Peña se
va otra vez de viaje al extranjero con un amplio séquito de “gorrones” y el país, de por sí a la deriva, se advierte
como vació de autoridad más que nunca.
Como todo a estas alturas tiene necesarias implicancias de tipo político, ya se busca al chivito que pague
los platos rotos. Algunas voces sugieren
que sea el secretario de gobernación, Osorio Chong, para bajarlo del caballo (de hacienda) en que iba corriendo
para la sucesión presidencial. Sea o no
es una de las consecuencias políticas que arroje este nuevo episodio que pone en ridículo al Estado mexicano, lo
cierto es que se actualiza otra vez la
pregunta inevitable que surge a la confirmación de lo que el Estado en
México no es garante pleno de todos los
derechos para todos los mexicanos, por
tanto… ¿tenemos Estado?
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