Miedo y poder

 El discurso del presidente Peña Nieto a su regreso de la China no tiene desperdicio. Invocar el uso de la fuerza del Estado mexicano, como recurso inminente para sofocar el malestar social, es un reconocimiento tácito de que otros medios de convencimiento, disuasión y control de los que regularmente dispone el aparato estatal han fallado. En este sentido, se trata de un “Estado fallido”, por supuesto. Esos recursos, como el del manejo convenenciero de la información, del despliegue de dinero para comprar conciencias, del abuso propagandístico para “dorar la píldora” al respetable, entre otras cuestiones que suponen evitar la “última ratio” que representa el empleo de la fuerza pública, evidencian el fracaso de un gobierno que ya no siente lo duro sino lo tupido porque “todo el pueblo tiene dolor de cabeza”, parafraseando al juez Arcadio de “La mala hora” de García Márquez.

     ¿Qué pretende Peña Nieto con ese discurso? Evidentemente, sembrar el miedo entre la población para que se abstenga de seguir exigiendo se resuelva el gravísimo problema de la inseguridad que, desde el propio Estado, se ha prohijado en connivencia con personeros de la delincuencia. De inmediato se advierte que se trata de un problema circular, porque si pides que cambie la práctica viciada de la aplicación de la ley, te expones a que se te aplique “la otra ley”, la que hacen ellos, parafraseando al Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando Fulgor Sedano previene al cacique de Comala que sus enemigos han cumplido con lo que marca la ley: “de ahora en adelante la ley será la que hagamos nosotros”. Ese es el problema del Estado moderno, que la ley no es producto del consenso social, sino acuerdo entre minorías que representan sus intereses de facción. En tal sentido, habría que cuestionar, por lo menos, eso de apelar al uso “legítimo” de la violencia física como tarea monopólica del Estado, en la célebre definición de MaxWeber.

      La experiencia de las guardias comunitarias, por ejemplo, es un desafío a ese rígido principio de la violencia institucional o de Estado. En todo caso, habría que empezar por distinguir entre lo “legitimo” y lo “legal”. Si nos atenemos a la teoría política clásica, lo legítimo tendría que ver con el ejercicio del derecho tal y como “debería ser”, en tanto que lo “legal” tendría que ver con la aplicación de la ley “tal y como está”, lo que abre la vía al uso discrecional y arbitrario del poder público, puesto que lo que interesa a quien detenta todo el poder del Estado es el restablecimiento del “orden social”, del mantenimiento de las condiciones actuales que generan el hartazgo y enojo de la sociedad y no de su transformación para bienestar de la población. Esas condiciones ya las tenemos bien conocidas como experimentadas: pobreza, persistente, desigualdad social, depredación económica, corrupción burocrática e impunidad gubernamental. Por tanto, la violencia de Estado que ofrece Peña puede ser “legal”, pero en la crisis actual no puede ser tenida como “legítima”.

     Una muestra más de tal contradicción en que incurre el discurso presidencial y que “deslegitima” cualquier intento por llegar al uso indiscriminado de la fuerza estatal (así sea que diga que lo tenga que lamentar), es que junto con esa advertencia intimidatoria ofrezca convocar a un nuevo pacto, dizque social, para sortear la crisis política que padece el gobierno federal. ¿Cómo se puede convocar al dialogo si se asoma la mano dura como sello de identidad? A menos, claro, que se trate de una versión elitista de acuerdo político entre “los mismos”, como ya sucedió con el tristemente célebre “Pacto por México”. La gente lo que pide es que se cumpla con la ley… como debería ser, sin vericuetos, chicanas o manipulaciones (como parece que así ha ocurrido con el informe del procurador Murillo a propósito de la tragedia de Iguala). Peña podría recuperar algo de legitimidad si resuelve quitar del cargo al procurador fallido, sobre todo cuando crecen las voces que reclaman su propia cabeza; seguramente cesará a Murillo porque se ha convertido en el eslabón más débil de la “crisis en el manejo de la crisis”.

     Volvemos al punto de partida: ¿por qué Peña tiene que recurrir a soltar la amenaza de aplicar la represión estatal? Porque sus demás recursos de dominación política se han agotado y solo resta desplegar el miedo como medida de contención social; esto si se considera que el Estado no tendría responsabilidad alguna en la crisis actual. En cambio, si se aceptara que “fue el Estado”, cabe la posibilidad de cambiar el rumbo de la acción política para promover un nuevo diseño institucional. Pero esto es, por ahora, tanto como pedirle peras al olmo. No hay que perder de vista que el Estado que tenemos en México es una forma histórica que responde a los intereses del gran capital, sobre todo trasnacional, y ya sabe que los personeros de estos poderes fácticos son los que deciden cuando y como dejar de apoyar a quien garantice sus inversiones. Ese es el dilema y preocupación del gobierno actual: que siga creciendo la inconformidad hasta llegar al punto en que esa tarea se haga con un alto costo social, o bien, que de plano, este Estado ya no dé para más.

El Estado cansado

Lo que faltaba. En medio de la tragedia nacional, los personeros del Estado mexicano se dan tiempo para desdeñar el dolor de sus gobernados. El presidente Peña Nieto prefiere agarrar monte y mejor se va a la… China, mientras que el procurador Murillo dice que, de plano, ya se cansó. ¿Quién y qué falta para completar el cuadro? Desde que Felipe Calderón (Fecal) declaró, a lo sonso, la “guerra” a la delincuencia organizada, pudo advertirse con meridiana claridad la fatiga que acuciaban las instituciones del Estado mexicano. La procuración e impartición de justicia en ese sexenio se caracterizaron por la selectividad, corrupción e impunidad, y ese despliegue de fuerza de que hacía gala el Estado fue, literalmente, más de pantalla que de organización estratégica para recuperar la confianza del ciudadano en su gobierno. El saldo de tan sangriento proceder es harto conocido como escandaloso: más de cien mil muertos y veinte mil desaparecidos. ¿Cómo no imaginar que se había llegado a una descomposición grave de las instituciones del Estado mexicano con tan terribles resultados que, “ex post”, al propio Fecal horrorizaron?

     Con el inicio del nuevo gobierno de Peña Nieto, también se sabe, se buscó bajar el impacto mediático de la crisis de (in)seguridad pública, como si con esa medida bastara para tranquilizar a la gente. La clase política se regodeó, para entonces, en festinar un pacto inter-partidista que permitiera sacar adelante las mentadas “reformas estructurales” que, ahora sí, dizque modernizarían a México. Pero, ¡lástima Margarito!, la barbarie se hizo presente de nuevo y el discurso maniobrero del actual gobierno se vino abajo. De allí al “ya me cansé”, del procurador de justicia, no hacía falta gran trecho. En efecto, la promesa de una institucionalidad pretendidamente republicana y democrática del Estado mexicano se agotó, rápidamente, en este sexenio. De allí, también, la urgencia por darle carpetazo a un asunto que se ha convertido en pesada losa para el actual gobierno federal. Se pueden seguir cacareando las reformas estructurales, pero el malestar social no podrá mitigarse en el corto plazo, ni siquiera con otro pacto palaciego que, ahora, se propone reeditar, porque el problema es la abismal distancia que hoy separa a la sociedad mexicana de “su” Estado (o viceversa).  

  

     Hasta para “mentir, incluso con la verdad”, los personeros del Estado se hallan harto cansados. Dicen que “Iguala no es el Estado”, pero lo acontecido allí es la expresión más gráfica de la descomposición de ese poder de dominación que se ha puesto por encima de la sociedad mexicana y que se ha vuelto en contra de ella, parafraseando un clásico de Federico Engels. Es, en todo caso, lo que ahora se conoce como “la punta del iceberg” que nos tiene hundidos. Hay que tener presente que el gobierno federal evitó hacerse responsable, los primeros diez días, de lo acontecido en Iguala, bajo el argumento legaloide de que le correspondía a los poderes locales hacerse cargo de la tragedia. El centralismo político, tan preciado por el gobierno de Peña Nieto, brilló por su ausencia hasta que no pudieron hacerse más tiempo patos y tuvieron que admitir, en los hechos, que “Iguala sí es el Estado”, como antes lo ha sido Michoacán, por ejemplo. Las precondiciones y los precipitantes de la tragedia tienen que ver, por supuesto, con toda una historia de abandono de la responsabilidad social del Estado mexicano, así como de su “moderna” orientación neoliberal en favor de los intereses del gran capital financiero internacional, depredador y especulativo, que hace de países subdesarrollados, como el nuestro, el más preciado botín económico.

     Tal vez, la mejor caracterización del actual régimen gobernante es la que refiere López Obrador en su más reciente libro, tildando de “neo-porfirismo” a ese conjunto de prácticas de que hace gala el gobierno federal para someter a una sociedad cada vez más cansada de los desatinos de sus gobernantes y representantes populares. Bajo esa premisa, se tiene que en los albores del siglo pasado era el “mátalos en caliente” para reprimir la protesta obrera y campesina; también se decía que el pueblo estaba “listo para ejercer la democracia” y en los hechos se le negaba (como ahora ocurre con las famosas consultas populares); igual, con el pretexto de modernizar el país se tendían vías férreas que, si bien fortalecían el contacto entre mercados regionales, también separaban comunidades (como documenta el clásico texto de Coatsworth). Ahora, con el pretexto de fortalecer la comunicación terrestre con la vía rápida México-Querétaro, se otorga una licitación a un grupo de constructoras en las que sobresale la que hizo la “casa blanca” en la que vivirá la pareja presidencial cuando termine el sexenio. Como decía otro clásico: el problema es que la historia se repite dos veces, una como tragedia, la otra como farsa. 

Juzgar a los injustos

¿Qué hacer cuando la justicia se mantiene ciega, sorda y coja? Mínimo colocar a sus personeros en el banquillo de los acusados, para que la sociedad califique su actuar, “juzgando a los injustos”, como sugiere el poeta Eduardo Mosches, luego de tanto desatino en las tareas de procuración e impartición de justicia en el país, ya no digamos en las esferas de menor jerarquía institucional sino en los altos mandos que, se supone, agruparían a los mejores cuadros para dispensar “lo suyo de cada quien” y pavimentar el camino que va “a la justicia por el derecho”.

     Desgraciadamente, lo acontecido en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, por una parte, y la determinación de cancelar cualquier consulta popular en temas de “trascendencia nacional” por parte de la tremenda Suprema Corte de Justicia de la Nación, revelan la podredumbre a que se ha llegado en ese aspecto de la vida institucional mexicana. Sobre el caso de Iguala, la omisión de nuestras “autoridades” ha quedado ya bien documentada y eso se traduce en una responsabilidad grave por crímenes de lesa humanidad. Mientras que en el caso de la decisión de cancelar la consulta popular en materia energética, francamente se aprecia como una más de las “chingaderas” en las que se atreven a regodearse esas autoridades, como para que junto con el drama se acompañe la burla.

     Parafraseando al Mario Vargas Llosa de “Conversación en la Catedral”, no puede uno dejar de preguntarse: “¿en qué momento se jodió nuestro país?”. Estos dos botones de muestra que señalamos son el colofón de una larga cadena de agravios propinados a la sociedad nuestra por los personeros del Estado mexicano, ese poder público en descomposición, capaz de disponer de la vida de sus gobernados como si nada.

     Tan grave es el colapso institucional, que hasta la renovación de organismos presuntamente autónomos para la protección y defensa de los derechos humanos, como la CNDH, hoy se revuelcan en miserable disputa por el control del membrete, bajo la perspectiva de que sirve más para el enriquecimiento personal e inexplicable, como sucede con el actual ombudsman Raúl Plascencia, quien pretende reelegirse, en medio de acusaciones graves de corrupción y, por supuesto, de negligente inacción en los casos de Iguala y Tlatlaya.

     Por el lado de la tremenda Corte, es de lamentar que los también carísimos ministros de esa mesa dispensadora de “justicia” se hayan concretado a interpretar de manera letrista lo que establece la Constitución General de la República, sin reparar en el momento que vive la nación mexicana, harto encabronada por no ser tomada en cuenta para algo más que pagar los platos rotos de tanta “pendejada” gubernamental (perdonando lo raspado de la expresión, pero en verdad que da coraje).

     El horizonte promisorio que se dibujó con la reforma política que incluyó la figura de la consulta popular en el artículo 35, fracción VIII, de nuestra Constitución Federal, hoy se ha enterrado en la fosa de la corrupción que impulsa el actuar de nuestra clase política en general y de esas autoridades jurisdiccionales en particular. No se podría esperar otra cosa con los antecedentes de otras mesas de impartición de justicia que, como en el caso electoral, también se han atrevido a formular veredictos que han quedado como frases para el bronce de una historia peculiar, como cuando en 2006 los magistrados del Trife resolvieron que “las elecciones fueron sucias, pero son válidas”, generando un grave precedente para 2012, cuando esa misma mesa electoral se apresuró a manifestar que “no se puede ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas”, ¡hágame Usted el refabrón cavor!

     De allí a una conclusión actual para el caso de la consulta energética, como la que anuncia la tremenda Corte, pues no habría mucho qué esperar, tal vez algo así como: “lo que no se gano, una vez más, en la mesa… ¿para qué diablos buscar que se gane en las urnas de 2015?”. Este es, precisamente, el drama de una impartición de justicia no popular, burocrática y como dice la raza: “harto pasada de lanza”. Todo se reduce a una mesa en la que, quienes están detrás, del otro lado, son como esos tenderos que te dicen: “aquí no hay más mercancía y precio que los que me da la gana”.

     Con una lógica de esa ralea, mercantilista, los ministros de la tremenda Corte resuelven que no procede una consulta sobre la reforma energética porque se cae en la excepción de la propia letra del 35 constitucional, relativa a los “ingresos y gastos del Estado” que, suponen, podrían verse afectados con una eventual reversa en la privatización petrolera por mandato de las urnas, por lo que, como bien se ha planteado por allí, en esa línea se podría proponer, por el ejecutivo federal, una medida tan loca como ponerle rueditas al palacio nacional y venderlo para obtener una lana, sin poner a consideración de la sociedad porque… ¡se pondría en riesgo el ingreso que percibiría el Estado mexicano! En fin, si la propia “autoridad” cancela la vía legal para que la gente se haga escuchar, ¿qué resta esperar?