Tanto
se ha devaluado el noble ejercicio de la política en México que ya no caben las
grandes discusiones sobre posturas ideológicas diversas, sobre todo entre
representantes de partidos políticos que, se supone, serían vehículos de
transmisión de críticas, propuestas y hasta sentimientos colectivos de
distintos segmentos de la sociedad. Como decía don José Carmen García Vázquez:
“si la ideología separa a las fuerzas políticas, el presupuesto las une” y, en
efecto, cuando se trata de privilegios que derivan del goce de la función
pública, lo más “cuerdo” es que las diferencias políticas abran paso a la
unidad… en defensa de los beneficios que al resto de los ciudadanos están
vedados.
Un ejemplo claro de la suerte de privilegios
que goza una casta dorada de políticos en México es el que se refiere a contar
con escoltas o guaruras, dizque para salvaguardar la seguridad personal que,
cotidianamente, se pone en riesgo para muchos “sufridos” funcionarios. No es de
dudar que, ciertamente, no pocos servidores públicos tengan que cuidarse de los
enemigos ganados gratuitamente, no sólo por la índole de su responsabilidad
(como las tareas que tienen que ver con la seguridad pública), sino incluso
porque, en verdad, son tan antipáticos e impopulares que no falta quien busque,
por lo menos, “mentarles la máuser”.
Así las cosas, si antes se debatía
ampliamente sobre las contradicciones del capitalismo o las utópicas bondades
del socialismo realmente existente, ahora tenemos que andar elucubrando sobre
los excesos de otros “ismos”, como es el caso del mentado “guarurismo”, sobre
todo cuando nos enteramos que en la entidad potosina casi una tercera parte de
la fuerza policial operativa estatal se dedica a cuidar las espaldas de diversos
funcionarios de alto pedigrí gubernamental y, ¡encabrítese Usted!, toda vez que
solo para el servicio del gobernador Toranzo y esposa se destinan… ¡65
efectivos!, como para que ni las moscas se atrevan a volar en varios metros a
la redonda.
Con justa razón, el escritor Federico
Campbell nos recuerda que “el problema de la policía es uno de los problemas no
resueltos del Estado moderno”, no sólo por la delgada línea que separa la
función policial de cualquier régimen político con la “última ratio” de la
violencia legal característica del poder estatal en la modernidad; sino,
también, por la frecuente mezcla de intereses de una corporación con los
particulares de ciertos personajes del gobierno, al punto de la ridiculez e
indignidad, como cuando el célebre “Negro Durazo”, jefe de la policía del
Distrito Federal en la época del presidente López Portillo, empleaba a los
policías en labores propias de la servidumbre del hogar o como albañiles para
la construcción y remozamiento de los palacetes que simbolizaban la enorme
corrupción reinante.
En fin, al cierre del sexenio del doctor
Toranzo sale a flote la comisión de tales excesos por parte de personeros de la
clase política gobernante, pero lo que (ya no) sorprende es que asuman que “eso
y más merecen”, dizque porque los “pobrecitos” se andan jugando el pellejo por
nuestra tranquilidad y, por tanto, requieren de hartos guarros para su
seguridad personal que hasta dan miedo. Ni hablar, son tiempos difíciles y
obligan a implementar las medidas de seguridad que sean tenidas como
“necesarias” y… estrafalarias; lástima que sólo sean para unos cuantos, eso sí…
con cargo a los demás.
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