Año de Hidalgo

El último año de cualquier administración gubernamental, en un país carcomido por la corrupción y la impunidad, usualmente se tiene como el más propicio para que los funcionarios, que van de salida, carguen hasta con el perico, saqueando las arcas públicas como si fuese obligada “manda” que cumplimentar, en una suerte de regla de oro, no escrita, de la picaresca política nacional: el famoso “año de Hidalgo”, ese que se corea felizmente, agregando el consabido “que chifle a su máuser el que deje algo”. Se dice que “la costumbre hace ley”, por lo que, como buenos que somos para adaptar convenientemente nuestros peculiares principios del derecho, esa bendita costumbre de llevarse hasta el último centavo del presupuesto se convierte en cruzada general de quienes ya sienten que se les acaba el disfrute de las mieles del poder. Por eso no es de sorprender que por estos días, mientras anda la gente cargando peregrinos y rompiendo piñatas en las tradicionales posadas, nuestra clase política gobernante se dé vuelo asignándose, para sí y para los cuates, la mayor cantidad de recursos públicos a ejercer -como sea- en 2015, bajo el (otro) principio esencial que reza: “al cabo que el de atrás paga”.

     Así las cosas, pues ahí tienen que tanto a nivel federal como local, nuestros gobernantes se disponen a despacharse con la cuchara grande. El caso potosino se ha vuelto escandaloso en estos días, luego de que el titular del poder ejecutivo “propuso” para 2015 un gasto de miles de millones de pesos que rebasa ampliamente lo presupuestado en 2014 y, como suele ocurrir, el congreso local se aprestó, ipso facto, a dar-las consabidas muestras de abyección a que ya nos han acostumbrado, aprobando la bolsa de recursos enviada por el gobernador, así como una distribución que ya empieza a generar justificados enojos y molestias por el “gandallismo” con que se procedió a repartir la lana, privilegiando la opacidad de ciertos proyectos y desestimando rubros tan importantes como el gasto que implica organizar el proceso electoral del próximo año. La cereza del pastel ha sido la revelación de que se destinarán más de tres mil millones de pesos a la armadora de autos BMW, mediante la firma de un convenio por demás leonino para el erario estatal y que implica un costo de cada plaza laboral de hasta ¡2 millones de pesos! Como luego se dice, saldrá “más caro el caldo que las albóndigas”.     

     Ciertamente, hay que recordar que fue el gobierno federal quien resolvió asignar la plaza potosina a la empresa automotriz alemana, en disputada puja con otras entidades federativas. Empero, lo que fue un feliz anuncio en su momento, hoy se convierte en, por lo menos, natural desconfianza respecto del costo social y económico que tendrá el impacto de una inversión tan grande que, evidentemente, promete alimentar el sobado esquema de recurrir al endeudamiento público que, luego, en círculo vicioso, permite “justificar” a la administración siguiente no hacer obra pública de alto impacto social porque “no hay mano, no hay”. Así ocurrió con Toranzo respecto de Marcelo y con Mario respecto de Victoria, en una especie de recurrente “flashback” de incompetencia serial de la clase política en general, cuya imagen de cansancio anticipado nos aprestamos a ver, tarde que temprano, una vez más. En este contexto, es comprensible que en su reciente visita a San Luis, el dirigente nacional priista, César Camacho, se apresurara a mencionar al gobernador Toranzo como “un orgullo” del PRI… ¡Y aún hay quienes creen que el candidato a gobernador de ese partido no se decidirá desde “el centro”!

     En fin, el famoso “año de Hidalgo” llegó y ni modo que nuestra clase política “se haga de la boca chiquita”. Bien pueden esperar los pretendidos buenos deseos de instalar una fiscalía anticorrupción que, incluso, podría ser replicada en las entidades federativas. Ya terminó el período ordinario de sesiones en el Senado y no salió avante esa “urgencia”. La necesidad de contar, como dice un conspicuo senador panista (Gil Zuarth), con una especie de “Eliot Ness” que combata en serio la delincuencia política organizada, que sea “intocable” por los intereses del poder, es tanto como pedirle a los detentadores del poder público que se den un balazo en el pie. Los propios aspirantes a ese cargo denuncian que ni siquiera se cuenta con el andamiaje jurídico indispensable para enfrentar el formidable reto de investigar y capturar a los “peces gordos” de la criminalidad política de “cuello blanco” (Revista “Proceso”, número 1989, pp. 31-32). Tal vez, con esos desplantes demagógicos con que se conducen algunos personeros del poder público en México, a lo más que pudiéramos aspirar, por lo menos ahora, es a contar con un “Elote Necio”, como gustaba mofarse “don Gato”, el personaje de la tira cómica animada que hasta se compadecía de una policía que nunca podía atraparlo en sus andanzas.