En los albores
del siglo XX, el periodista gringo John Kenneth Turner viajó a México para
realizar un reportaje sobre las terribles condiciones de explotación que
padecían los indígenas reclutados para trabajar en los campos henequeneros de
Yucatán y tabacaleros de Valle Nacional, Oaxaca. En su libro, “México Bárbaro”,
describe crudamente la situación de esclavitud y barbarie que padecía la
población indígena a manos de los grandes latifundistas y hacendados,
protegidos, a su vez, por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Turner pudo
comprobar que la esclavitud existía en nuestro país, no sólo como condición de
explotación laboral, sino también como práctica racista y discriminatoria.
Casi al finalizar el siglo XX, cuando se
decía que estábamos en el “primer mundo”, un levantamiento armado de campesinos
indígenas neo-zapatistas en Chiapas puso nuevamente en evidencia el persistente
olvido de ese sector de la población por parte del poder público,
desencadenando una amplia movilización social pacífica para reivindicar sus
derechos ancestrales a la autonomía de sus territorios y de sus tradicionales
modos y medios de vida, libres de la explotación indiscriminada de los señores
del capital. Aunque se avanzó en ese reconocimiento, quedó claro que la
esclavitud, embozada, persiste en economías regionales que descansan en la
expoliación de la mano de obra indígena y campesina.
Para no llamarnos a sorpresa, en los
inicios del siglo XXI, la clase política que nos gobierna o representa aún se
da el gusto de practicar el más indignante trato discriminatorio hacia la población
indígena y campesina del país. Así, resulta que un diputado federal panista
potosino (Alejandro Flores), acusa a un presidente municipal priista (Vicente
Segura, de Tamasopo) de pretender “comprar indios para el PRI” (precisando que
así se refirió el susodicho alcalde), en alusión al uso de clientela
político-electoral que se le podría dar a esa eventual compra de votos en favor
de un partido. Lo que llama la atención no es la indignación que podría mostrar
el panista con el sentido discriminatorio de la declaración atribuida al priista,
sino el presunto acto de delincuencia electoral.
Según el diputado panista, ante el riesgo
de que el alcalde priista actúe con marrullerías electoreras, “se procederá a
la defensa jurídica y política” de los intereses de su partido, denunciando
ante organismos electorales y la “Fepade” (Fiscalía especializada para atención
de delitos electorales) el uso de recursos públicos para favorecer al PRI. Vaya
con el diputado: descubre que la discriminación étnica existe, pero le ofende
más que pudieran hacerle “chanchullo” a su partido con prácticas indebidas. Si
ese riesgo de violentar la legalidad electoral se presenta, se debe denunciar
ante las instancias correspondientes -y ante la opinión pública, por supuesto-;
pero más grave resulta el trato discriminatorio que, reconoce tácitamente, se
hace de un sector de la población por su condición étnica y, por añadidura,
pobre, como objetos que pueden comprarse -y desecharse- para fines electoreros.
No hace mucho se acusaba a ciertas
juventudes panistas de reivindicar el nazi-fascismo y se tuvo que aclarar que
se trataba de un comportamiento excepcional de algunos militantes “más papistas
que el Papa”, adoctrinados en tendencias ultraconservadoras que ya hasta un
panista tradicionalista como Germán Martínez pide que sean desterradas de ese
partido, como en el caso del famoso como emblemático “Yunque”. Seguramente, el
diputado Flores tratará de aclarar que su denuncia fue mal interpretada, que
solamente quiso advertir de prácticas electoreras indebidas, pero tendrá que
aceptar que cayó, tal vez de manera inconsciente, en el enredo de un discurso
que se ha vuelto propio de cierta clase política, esa que se siente como hecha
a mano, distinta y superior del resto de la gente que representa o gobierna,
que discrimina al prójimo hasta porque le da la gana. En fin, el racismo y la
política en México, por desgracia, aún caminan de la mano.
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