Injusticia electoral

 Se dice que “justicia que no es dictada de manera pronta y expedita” no es justicia y esto aplica para todo tipo de procuración e impartición de ese valioso arte de “dar a cada quien lo suyo”, según la clásica definición de Ulpiano. Bueno, pues ahora resulta que la mesa encargada de impartir justicia electoral en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como “Trife”, después de un largo año y ocho meses resolvió que las denuncias formuladas por partidos de oposición al PRI por el uso de monederos electrónicos para comprar votos, los denominados casos Monex y Soriana, no tuvieron sustento y, con ello, se sienta un ominoso precedente de impunidad que, por supuesto, abre la puerta para que se repita ese novedoso clientelismo electoral en próximos procesos electorales.

     No hay por qué sorprenderse de este fallo del Trife, toda vez que después de la elección del 2012, el magistrado presidente de dicha mesa, Alejandro Luna Ramos, deslizara la célebre frase: “lo que no se ganó en las urnas no se puede ganar en la mesa”, prejuzgando sobre la calidad de los promotores de dicha inconformidad y enrareciendo el ambiente político, incluso con el riesgo de contribuir a una polarización social tan grave como la que ocurrió antes con la elección de 2006, cuando esa misma mesa del Trife incurrió en otra desafortunada postura pública al declarar que las elecciones presidenciales de ese año “fueron sucias, pero son válidas”. Como puede verse, se trata de un fallo que, bien podría argumentarse, estaría apuntalado en antecedentes graves que orientaron la decisión última de los magistrados, auspiciando la crisis de credibilidad actual de las instituciones electorales.

     La sentencia del Trife contribuye, sin duda, a mantener la desconfianza en las instituciones del Estado que se consideran, por “mandato de ley”, como “autónomas”, pero que en los hechos parecieran naufragar ante el embate de actores políticos diversos y hasta de poderes fácticos. Se fortalece la sensación de que nos encontramos inmersos en una regresión al viejo autoritarismo que se creía superado, pero que ha encontrado nuevos cauces de expresión para el control del poder político. El problema, entonces, ya no es tanto la incapacidad de aceptar la derrota en las urnas, como sugieren en descargo de sus cuitas algunos personeros del poder, sino la “forma” en la que se “ganan” las elecciones. Esa fórmula puede que aplique en democracias avanzadas, pero no en el caso nuestro porque nuestra democracia sigue plagada de recovecos legaloides y de intereses facciosos que socavan gravemente la legitimidad de sus resultados.

     Así las cosas, lo que se avizora como un grave riesgo para la endeble democracia mexicana es la extensión del comportamiento cínico y delictivo en materia político-electoral, toda vez que prevalece un ambiente de impunidad por parte de los actores políticos y se propicia que pueda darse “tormento a la ley”, estirarla tanto como sea posible, cuidando que no se reviente el hilo por lo más delgado; algo así como infringir “poquito” la legalidad, al punto que no sea considerado como un acto “determinante” para alterar el curso de las cosas, como también se pronunció así el Trife en el 2006, cuando ante la intromisión grosera y confesa del entonces presidente Vicente Fox para ponerle todas las piedrotas posibles a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, esa mesa del tribunal resolvió que, en efecto, el presidente violentó la legalidad, pero que no se trató de una ilegalidad “determinante” para influir en el resultado final de los comicios… a pesar de que, oficialmente, la diferencia de votos con Felipe Calderón fue de apenas el 0.57 por ciento. La pregunta, pues, allí seguirá: ¿qué, cómo y hasta qué punto puede ser “determinante” el uso faccioso del poder para favorecer una causa política, en detrimento de las demás?