Después de las elecciones

Después del 7 de junio, sólo resta esperar el desahogo de las impugnaciones legales interpuestas por candidatos y partidos inconformes con los resultados de la jornada comicial o la asignación de las cuotas de representación política que correspondan, así como la toma de protesta de los ganadores finales del proceso electoral. Vendrá, luego, una enésima propuesta de reforma electoral, tanto en el plano federal como local, para tratar de corregir los vicios y vacíos que se hayan detectado en estas elecciones intermedias, actualizando la pregunta de fondo que nunca termina de ser contestada porque siempre es soslayada, dejada de lado para priorizar las formas: ¿elecciones, para qué?

     De entre los diversos aspectos que se han empezado a plantear, por diversas voces críticas, como de obligada revisión, están los que tienen que ver con las modalidades en que se manifiesta la inconformidad social con respecto del agotamiento de un sistema de partidos que, se asume, ya no representan cabalmente los intereses de la ciudadanía. En este contexto, destacan los temas de las candidaturas independientes y las variantes del voto de protesta, señaladamente el denominado “voto nulo”. En el primer caso, aún y cuando hay casos notables de éxito electoral, se sigue reclamando flexibilidad en los requisitos para registro y equidad en campañas.

     En cuanto al “voto nulo”, se tiene que en el caso de la entidad potosina alcanza un número de 64,874 sufragios, equivalente al 6.10 por ciento de la votación emitida, es decir, superior al porcentaje alcanzado por varios de los partidos considerados como “morralla”, en lo que se aprecia como un claro indicador de malestar social hacia el sistema político y de partidos en su conjunto que, por supuesto, no debería ser menospreciado como hasta hoy ocurre, al considerar ese tipo de sufragio como mera estadística, sin incidencia directa en la modificación del cuadro de privilegios y prerrogativas de que gozan los partidos.

     Pero la pertinencia de la pregunta de fondo prevalece, con independencia de que se mejore la forma en la que se procesa la emisión del sufragio: ¿elecciones, para qué? Generalmente, se entiende que las elecciones son el método indispensable para que se integre la representación política y de gobierno en un sociedad determinada, método que se tiene como democrático en la medida en que satisface a la mayoría de la población si se cumplen características esenciales como las libertades del ciudadano para informarse y acudir sin presiones a depositar su voto, así como de los candidatos para sostener sus propuestas y convencer de manera razonable.

     Sin embargo, sigue quedando pendiente el problema de las elecciones como fin en sí mismas, esto es, como fundamento de las acciones que habrán de realizar quienes sean electos, puesto que no se puede descartar -y cada vez en mayor grado- que haya representantes populares y/o gobernantes que no sepan ni con qué se come el cargo que ostentarán. Ese fundamento no puede ser otro que la búsqueda de lo que se conoce, al extremo de volverse algo trivial, como “bien común”, no como expresión abstracta sino manifestación concreta de bienestar material y espiritual de toda la población, o por lo menos  de procurar, con sentido utilitarista, la mayor felicidad para el mayor número.

     De lo anterior se llega al punto que se quiere destacar: la necesidad de que se tenga cada vez más claro, sobre todo por quienes resultan electos como representantes populares y/o gobernantes, que las elecciones sirven para legitimar un mandato que se les otorga para cumplir con esa responsabilidad antes mencionada y no como una simple delegación de poder absoluto para corromper y corromperse en el ejercicio de un cargo público. Ojalá y así lo entiendan porque, de otro modo, más temprano que tarde llegaremos a un nuevo proceso comicial y la democracia -electoral- será tenida como la misma “chimistreta” que, cada cierto tiempo, solamente sirve para legalizar el abuso de unos cuantos y no los intereses legítimos de los demás.