Los resultados que arroja el proceso electoral
intermedio de este 2015 son alentadores para una ciudadanía que, ciertamente,
no era arisca pero se volvió harto desconfiada de las instituciones políticas,
señaladamente la concentrada en las élites partidarias por considerar que no la
representan, por lo menos no como debieran. De entrada, es encomiable que la
gente saliera a votar, a pesar del clima de violencia que se vive en varias
entidades federativas y de temor auspiciado por algunos actores políticos que
se vieron perdidos de antemano en otras. Históricamente, la participación en
este tipo de elección ha estado en promedios cercanos al 50 por ciento de la
lista nominal de electores y, considerando esas condiciones de inestabilidad,
miedo y desencanto previas al proceso, pues es aceptable (más no debe tomarse
como “la normalidad” a que habría que acostumbrarse) que no haya disminuido a
niveles más bajos que, también, ya antes (2009) se han registrado. En suma, se
aprecia que la ciudadanía se involucra, cada vez más, para ejercer su derecho a
votar el día de la jornada comicial de manera razonada, con independencia, incluso,
del curso que puedan seguir las campañas.
Por otra
parte, queda claro que se consolida un pluralismo más competitivo, descansando
entre tres o cuatros grandes fuerzas partidistas que, a su vez, dependen en
buena medida del arrastre que concitan las personalidades de los candidatos que
postulan, presentándose en no pocos casos el fenómeno del carisma que se impone
a una rígida como endeble institucionalidad partidaria. También se aprecia que
la intensidad de las campañas negras puede ser contraproducente en un ambiente
de hartazgo ciudadano que, por el contrario, reclama soluciones específicas y
concretas para el gran cúmulo de problemas que se viven cotidianamente. Los
intereses colectivos han terminado por imponerse, como lógica utilitarista del
voto, a los incentivos selectivos que se concentran en unos cuantos
beneficiarios del poder público; esto es, que la gente rechaza que “los mismos
de siempre” sean los eventuales “ganones” de un proceso en el que figuran como
padrinos o apoyadores tras bambalinas de los candidatos. La gente exige que
quien la gobierne o represente se comprometa con ella y solo con ella.
Es de
resaltar, por supuesto, el hecho de que una gubernatura sea ganada por un
candidato postulado por la vía independiente, así sea que sus antecedentes
tengan que ver con una trayectoria de participación política partidista, como
es el caso de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, en el estado de
Nuevo León. En adelante, las dirigencias partidistas tendrán que sopesar el
riesgo cierto de una grave división o dispersión de sus bases de apoyo si no se
postula el mejor perfil que demandan los ciudadanos-electores, y no sólo un
grupo de interés o de presión intra-partidista. Por supuesto que tendrá que
revisarse el medio legal para flexibilizar este tipo de opción para los
ciudadanos que no tienen ese antecedente político-partidista y, en general, las
legislaciones locales para facilitar el ejercicio de esta figura.
En cuanto a
la composición camaral que surge en el plano nacional con la correlación de
fuerzas partidistas que resulta de esta elección, se tiene un escenario en el
que la mayoría de escaños son para el PRI, pero se trata de una mayoría
relativa que solo podrá ser absoluta con sus aliados del Partido Verde y el
Panal, situación que se antoja como de mayor encarecimiento de esos partidos
satélites para vender caro su amor al PRI y, además, sobre todo del Verde, de
seguir incurriendo en excesos y violaciones a la legalidad electoral, de allí
que se insista en la necesidad de una enésima reforma electoral que corrija
esos -y otros- entuertos. En el plano local, como sería el caso potosino, se
presenta una situación similar, pero más complicada porque ni sumados los votos
de esos aliados en el legislativo podría contarse con la mayoría absoluta,
situación que obligará a un proceso de acuerdo y negociación política más
equilibrado, esperando que sea para beneficio de una democracia que ha sido
avasallada por el peso de una clase política rapaz como desmemoriada (por
aquello de que pronto se les olvidan los compromisos que alguna vez hicieron
con el pueblo).
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