En los estudios de política
comparada, referidos a la realidad mexicana, se ha vuelto costumbre tomar como
ejemplar lo que ha ocurrido en España. Recuérdese el emblemático “Pacto de la
Moncloa” como paso crucial de la transición a la democracia en ese país,
después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1976, y que durante mucho
tiempo se tuvo como una suerte de faro que alumbraría el camino de nuestra
propia transición de régimen político.
En efecto, en 1977 se inició un largo
proceso de apertura del régimen de partido hegemónico que descansaba en el
poder abrumador del PRI, en buena medida también por nuestra propia
circunstancia de crisis de legitimación extrema que se había alcanzado con la
elección presidencial de un año antes, cuando el PAN resolvió no presentar
candidato, dejando vía libre a José López Portillo.
El inicio de ese proceso inicial de
apertura se conoce como “liberalización”, toda vez que se trató de una apertura
limitada con la famosa reforma política de Jesús Reyes Heroles, pero que ya no
tuvo punto de retorno, siendo 20 años después cuando empezó a tomar forma de
una transición con la inauguración de los denominados “gobiernos divididos”,
donde el PRI ya no tendría mayoría absoluta en el Congreso Federal y,
posteriormente, en el 2000 con la alternancia en la Presidencia de la
República.
Lo que siguió después ha sido para
algunos una transición inconclusa, toda vez que no se ha llegado a un régimen
democrático pleno porque aún persisten vicios y prácticas del viejo régimen
autoritario. Hoy mismo, el país
atraviesa por una crisis política severa que se concentra en el sistema
electoral y de partidos, donde se cuestiona severamente la autonomía de los
organismos electorales y, sobre todo, la rapacidad y falta de compromiso con la
ciudadanía de parte de los partidos políticos.
El saldo de toda esta crisis es
lamentable, traduciéndose en grave desencanto y desconfianza del ciudadano en
sus instituciones de gobierno y representación política, al extremo de que
nuevamente se dejan escuchar no pocas voces que llaman a no votar, cancelar o
boicotear elecciones, sufragar en la modalidad de candidatos no registrados o
incluso desplegando el denominado voto nulo, así sea que todo eso se lo pasen
las autoridades por debajo del… arco del triunfo.
Con todo esto, una vez más emerge la
referencia del caso español, donde en las recientes elecciones municipalistas
han surgido con fuerza opciones ciudadanas orientadas a la derecha y a la
izquierda del espectro ideológico, destacando en éste último caso el fenómeno socio-político
de la organización “Podemos”, surgida hace cuatro años con el movimiento de los
“indignados” y que hoy se apresta a gobernar la capital española, dejando mal
parados a las fuerzas políticas más importantes como el PSOE (Partido
Socialista Obrero Español) y el PP (Partido Popular).
La pregunta obligada surge en nuestro
medio a partir de esa experiencia comparada. ¿Será posible que en México la
indignación popular se traduzca en una fuerza política ciudadana como la de
“Podemos” en España? Sin duda que eso es posible, a pesar de las circunstancias
específicas que caracterizan y dificultan la emergencia y derrotero de
movimientos socio-políticos parecidos. La legitimidad del sistema de partidos
en México “hace agua” y bien vale la pena abrevar en el ejemplo del caso
español para que, guardadas las proporciones, se siga insistiendo en la
necesidad de construir formas de participación ciudadana que obliguen al
sistema político en su conjunto a re-orientar sus medios y fines en favor de
una democracia plena.
De entrada, es deseable que, con todos los
vicios y defectos del sistema político-electoral, la ciudadanía acuda a votar
de manera libre y responsable este próximo 7 de junio, impidiendo con su
participación que los personeros de los partidos políticos -y de otros
intereses fácticos- hagan de las suyas y manipulen la voluntad popular. Luego,
tendrá que venir una nueva reforma política que acote los excesos que se han
presentado en el curso del presente proceso electoral, tal vez no definitiva
pero sí de avanzada para recuperar la confianza institucional extraviada.
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