Puede ser que hasta el
momento las campañas político-electorales a la gubernatura potosina no hayan
estado plagadas de muchas propuestas ambiciosas, como para generar un gran
cambio en el modo en que se ha venido administrando la “cosa pública”. Lo que
prevalece son generalidades, abstracciones y lugares comunes que nadie en su
sano juicio podría desechar, tales como el combate a la corrupción, la práctica
de la austeridad, la mayor transparencia en el ejercicio del gasto, etcétera;
sin embargo, empieza a surgir una que otra ocurrencia que no deja de llamar la
atención por las implicancias que tendría para, por lo menos, contener el
malestar social acumulado por causa de, entre otras cuestiones graves, acciones
frívolas en las que luego se regodean los gobernantes.
Una de esas ocurrencias que pueden ser
bienvenidas, en el catálogo de ofertas políticas concretas, es la de proceder a
cerrar la “casa de gobierno”, residencia o morada temporal de quien ostenta el
cargo de primer mandatario de la entidad potosina, toda vez que, aparte del
dispendio que representa su mantenimiento, no deja de ser un privilegio del que
no se tiene mayor beneficio para el resto de la sociedad. A mayor abundamiento
para justificar el cierre de esa casa, el candidato a gobernador por el partido
“Movimiento Ciudadano”, Eugenio Govea, documenta que serían cerca de 30
millones de pesos anuales de ahorro que, lógicamente, podrían tener un destino
más apreciado por la población y no la ofensa social que se desprende del lujo
de esa mansión.
Para terminar de cuadrar ese malestar
social provocado por un inmueble que no tiene razón de ser, saltan, por una
parte, las denuncias de la dirigente del Sindicato Independiente de
Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (Sittge), la combativa
Francisca Reséndiz Lara, cuando refiere que esa casa es el domicilio particular
de un hijo del gobernador Toranzo y que algunas de las habitaciones amuebladas
se destinan para que duerman allí tres perritos; en tanto que, por la otra, el
actual secretario general de gobierno, Eduardo González Sierra, manifiesta, de
plano, desconocer quién o quienes sean las personas que habiten la casa… o
séase, en suma, un verdadero galimatías.
A menos que se siga pensando, desde el
poder, que ese gusto por lo superfluo es un lujo que se merece cierta clase
política por hacernos el favor de gobernarnos, no parece, pues, que haya más
argumentos razonables (que no es lo mismo que racionales), como para que se
siga dorando la píldora al respetable con la idea de que esa “chimistreta” se
mantenga como un bien público. Todavía más, ya que se trata de una casa que ni
siquiera se sabe que sea habitada por la pareja gubernamental, según refiere el
funcionario antes mencionado, pues qué esperan para venderla o rifarla, sacarle
una lana y aplicarla en “los que menos tienen”, habida cuenta que tal es el
manido discurso empleado para decirnos a cada rato que sí le cumplen a la
gente.
En fin, el tema ha sido puesto sobre la
mesa y no han faltado más voces que se sumen a esa exigencia que se muestra
como de harto sentido común. Deshacerse de “elefantes blancos” es tan racional
como evitar que se construyan obras faraónicas, de culto a la personalidad,
caprichosas o por simple curiosidad, como el famoso mausoleo en forma de excremento
de “Pachito Rex”, el fallido aspirante a gobernar un país equis de América
Latina, que parece con-fundir la escatología como “creencia que pretende dar
cuenta de las realidades últimas”, y la escatología como “análisis y referencia
a los residuos corporales del cuerpo”. Bueno, por lo pronto allí está una
propuesta de un candidato a gobernador que, tal vez, no sea objeto de mayor
alharaca en el transcurso de las campañas, pero que a estas alturas del
partido, tampoco es mera anécdota.
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