Una
encuesta reciente, encargada por el Instituto Nacional de Elecciones (INE),
arroja datos preocupantes sobre las expectativas de un ejercicio democrático
para el próximo 7 de junio. Resulta que “sólo 27 por ciento de la población
confía en las elecciones” (Diario “Milenio”, 26 de abril de 2015). Las razones
que se asocian a esta percepción tienen que ver, según el propio estudio, con
la imagen de corrupción y falta de transparencia que se viene arrastrando del
anterior organismo electoral (IFE), además de que la mitad de la población
desconoce que con la reforma electoral se transformó en INE. También se
advierte que el fantasma de la violencia influye en ese nivel de desconfianza y
se teme que pueda desbordarse el día de la jornada comicial.
Pero no sólo se trata de la desconfianza
ciudadana en casi todas las instituciones del Estado mexicano, incluidos los
organismos presuntamente autónomos; también habría que considerar como parte de
la crisis general de nuestra democracia representativa que los actores
políticos no gocen de credibilidad, señaladamente partidos políticos y no pocos
personajes impresentables que salen a competir bajo sus siglas en la arena
electoral. A pesar de eso, como lo ha señalado Soledad Loaeza (La Jornada, 23
de abril de 2015) cabría preguntarse por qué las mayorías siguen votando por
partidos y candidatos que, ya en el cargo, no cumplen con las expectativas
generadas y hasta compromisos asumidos. ¿Mayorías que se equivocan o candidatos
que simulan? Pareciera que esa es la cuestión.
En realidad habría que reconocer que éste
último dilema no lo es tanto; se trata de dos caras de una misma moneda; esto
es, que tanto la simulación en que incurren los candidatos, que “hacen hasta lo
que no” y ofrecen hasta “las perlas de la Virgen” para tratar de convencer, así
como la esperanza que tienen los electores de que ahora sí se pueda cumplir con
lo que antes no se pudo o no se quiso, llevan a que luego tengamos sujetos que
son frecuentemente reciclados en los cargos públicos, como chapulines, pues. A
tal grado de abuso en la buena fe del elector se ha llegado que, incluso, hay
por ahí algún candidato que se da el lujo de ofrecer, a sus eventuales
electores, que “ahora sí, no les va a volver a fallar”, hágame Usted el
“refabrón cavor”.
Ese cinismo que también suelen desplegar
no pocos candidatos, tiene su correlato en la impunidad (ocupamos el segundo
lugar en la medición del “índice global de impunidad”) con la que pueden tomar
decisiones en perjuicio de la población desde los cargos que ocupan,
apostándole a que la desmemoria y la desinformación de mucha gente se imponga
para que la emisión del voto sea más emocional que razonable. Por eso mismo,
sugiere Loaeza, es fundamental que la gente se informe de los antecedentes de
los candidatos para que el voto sea ponderado y, si es el caso de un sujeto que
ya la regó antes y aspira… a regarla de nuevo (así sea que diga lo contrario),
pues simplemente “mandarlo a chiflar a otra parte”, retirándole la confianza.
A propósito de ese índice global de
impunidad, medido por instituciones académicas y consejos ciudadanos
respetables y apoyados por la ONU y el INEGI, resulta por demás gráfico que
contemple, como para completar el cuadro general de impunidad de la clase
política gobernante, por una parte, y de desconfianza y desencanto ciudadanos
por la otra, que en México tengamos más policías que jueces, en una
des-proporción abrumadora que indica, además, que eso de “dar a cada quien lo
suyo” está lejos de alcanzarse en nuestro país. Así las cosas, no queda más que
fijarse bien en los perfiles y trayectorias de los candidatos para decidir, de
manera responsable, por quién votar, toda vez que, visto está, al sistema político
mexicano poco le interesa contrarrestar esos flagelos antes mencionados porque
sería tanto como pegarse un balazo en el pie.
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